Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, IX Fase – Centésima decima septima entrega

//
6 minutos de lectura

(Continuación)

Por: José Chachati Ata

A partir de la entrega de la Memoria efectuada por el Gobierno de Guyana a la Corte Internacional de Justicia el pasado 8 de marzo del 2022, a propósito de sustentar la demanda realizada por ese Gobierno contra Venezuela para dirimir la validez del Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899, escenario al que se le sumó ineludiblemente el contexto geopolítico, geoestratégico y geoeconómico planetario relacionado con el conflicto actual que se perpetra entre Rusia y Ucrania, involucrándose por razones obvias la OTAN al igual que la posición adoptada por otros países como China y Japón, se inició una etapa de análisis y profunda evaluación llena de incomodidades y expectativas para el Estado venezolano, en el que se requiere mucha observación y prudencia ante las piezas que se mueven amoldándose a los intereses y alternativas que emergen en el tablero estratégico para conformar este nuevo orden mundial.

En lo que concierne al tema con Guyana, es necesario indagar sobre las razones del cambio generado por el Gobierno de Guyana, tomando en cuenta que éste se encontraba luego de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, en una relación directa y bilateral con Venezuela a través de la implementación del mecanismo de los Buenos Oficios seleccionados por consenso entre las partes, además de los innegables y jugosos beneficios recibidos continuamente en un marco de cooperación que fue prácticamente unilateral, dado que la reciprocidad de Guyana hacia Venezuela ha brillado por su ausencia permanentemente, sumatoria de variables que se conjugan con el statu quo que le ha permitido a ese
Gobierno ejercer unilateralmente la administración del espacio geográfico integral del Esequibo tanto para sus fines de carácter político, como para la obtención de sustanciales beneficios que rayan en la ilegitimidad de sus acciones enmascaradas en un supuesto ejercicio de la soberanía de ese país ante la
comunidad internacional, sobre un área geográfica usurpada a Venezuela desde hace más de un siglo.

Debe recordarse que el Gobierno de Guyana ha demostrado desde el momento de su independencia en 1966, su negativa y acciones evasivas en llegar a un entendimiento con Venezuela, aunado a las acusaciones ofensivas efectuadas ante diferentes organismos internacionales sobre la reclamación venezolana de un espacio geográfico que sin sustento geohistórico de ninguna naturaleza, pretende adjudicarse Guyana como herencia derivada de las turbias acciones generadas a raíz del Tratado de Washington de 1897 entre los Gobiernos de Gran Bretaña, Rusia y forzadamente los Estados Unidos de América. En la ecuación matriz del tema para ese entonces, debe agregarse que al vencerse el plazo de los doce años de vigencia del Protocolo de Puerto España en 1982, firmado para el congelamiento del entendimiento entre las partes en 1970 por el Presidente Rafael Caldera, y reanudado en el año señalado por el Presidente Luis Herrera Campins, como una manifestación de la voluntad de acercamiento a una nueva etapa para la búsqueda de la solución de la controversia territorial, el Gobierno guyanés sugirió desde ese entonces el uso del mecanismo mediante el arreglo judicial, mientras que Venezuela propuso para ello el entendimiento directo entre las partes.

Cuatro años después de la culminación del Protocolo de Puerto España, fue Venezuela quien propuso el mecanismo de los Buenos Oficios, lo cual fue aceptado entre comillas por el Gobierno de Guyana y por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, pero para ese entonces, no se había
incluido la necesidad del uso de los yacimientos petroleros existentes en los espacios acuáticos del Esequibo, ni tampoco se había descubierto en toda su magnitud actual, por lo que el plan de desarrollo de Guyana entró a formar parte del fortalecimiento político del Gobierno, y más aún, cuando el ingreso de la empresa Exxon Mobil a dichas áreas marítimas para el ejercicio de sus actividades económicas, favoreció al Gobierno de Guyana con el otorgamiento de quince millones de dólares americanos para sufragar los gastos requeridos en el proceso jurídico que se manejaría ante la instancia judicial representada por la Corte Internacional de Justicia, hecho que gozó de la aprobación y apoyo del Secretario General de la O.N.U., Antonio Guterres.

El tablero estratégico regional había iniciado una etapa de amoldamiento a los nuevos intereses existentes, tomando en consideración que para los Estados Unidos de América, Venezuela había sido un proveedor confiable, además de la rentabilidad comparativa con otras regiones en materia de flete que representaba hacia ese país, el transportar dicho producto desde esta región geográfica. En este contexto, pasó a ser una necesidad de primer orden del Gobierno de Guyana diluir su problemática con Venezuela, compartiendo el tema de la reclamación con otros países del primer mundo, mientras que se servía del apoyo de otras naciones regionales, para intentar la descalificación y neutralización de las pretensiones venezolanas en cuanto a la recuperación del espacio geográfico integral del Esequibo. Una estrategia muy astuta mediante la combinación de su poder estructural agregado y situacional, para derivar en un poder táctico que en principio resultó cuesta arriba para Venezuela.

Y fue así, que el Gobierno de Guyana comenzó a utilizar los medios necesarios para internacionalizar y darle un contexto legítimo apoyado por otros países, a sus intenciones sobre el uso del recurso petrolero que se ubica en los espacios acuáticos del Atlántico entre Punta Barima y la desembocadura del río Esequibo; y ha manifestado además, que tanto el territorio continental en reclamación como las áreas marinas y submarinas allí existentes, le corresponden por derecho legítimo, y es ella, Guyana, quien ejerce la soberanía actual sobre los mismos. Por supuesto que las intenciones de Guyana no prevalecen hasta allí, sino que a raíz de este avance realizado, pretende llevar a cabo una delimitación marítima que desde 1977 trazó unilateralmente sin formar parte de la Convención del Mar, aunado a que intentó cortar con su trazado la libre y natural salida de Venezuela hacia el Atlántico, derecho que le concede ineludiblemente al país por la Boca del Orinoco que desemboca hacia dicho océano a través del Estado Delta Amacuro.

Ahora bien, si se toma en consideración la jugada realizada por el Gobierno de Guyana mientras espera las actuaciones de la Corte Internacional de Justicia, es necesario correlacionar los eventos ocurridos a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, siendo evaluado este como el enfrentamiento y desafío geopolítico más comprometido desde la Segunda Guerra Mundial, aunado a las graves consecuencias globales que se vislumbran como impacto potencial en el panorama internacional, y en esta combinatoria que atañe obligatoriamente al país, se requiere como lo mencioné al principio de este escrito, que el Estado venezolano evalúe y tome decisiones estratégicas que se ajusten a sus intereses.

La realidad que se visualiza en la actualidad, indistintamente de la posición de un vencedor o perdedor, ha puesto al mundo en una situación difícil, en el que la Corte Internacional de Justicia debe también por su lado actuar en este caso, considerando que su posición por lo general ha sido a lo largo de la historia,
el favorecer a los países fuertes geopolítica, geoestratégica y geoeconómicamente (verbo y gracia, invito al lector a corroborar esta afirmación a través de los diferentes pronunciamientos realizados por ese
organismo jurídico en el tiempo), pero también este conflicto ha dificultado en paralelo la conformación de condiciones adecuadas para obtener un entendimiento satisfactorio en la mesa de negociaciones, hecho que obliga de nuevo a los países de la OTAN, a desviar un tanto la mirada puesta en Eurasia
como área geográfica por excelencia para la obtención de sus recursos, y buscar indefectiblemente otras alternativas, que comparativamente con el espacio ilegítimo ocupado por Guyana y el resto de los países del continente americano, Venezuela ocupa prioritariamente la posición privilegiada para atender y responder a las nuevas necesidades energéticas y mineras que se requieren en el presente a nivel mundial; y en este contexto, yo le pregunto al gentilicio nacional: ¿cuán preparado está el país para atender este vuelco que se aproxima vertiginosamente hacia Venezuela en un plazo relativamente corto?

El Gobierno de Guyana en esta errónea actuación generada ante la Corte Internacional de Justicia, debe estar muy clara, y nunca olvidar que en la normativa internacional no existen eternos aliados ni Gobiernos perennes como enemigos, sino más bien, como la historia lo ha demostrado, solo prevalecen los intereses de cada país, por lo que Guyana debiese evaluar muy bien las acciones generadas con el país que será por siempre su vecino, y entender que su mejor opción con Venezuela fue y sigue prevaleciendo en la negociación bilateral, puesto que un tercer actor como se ha visualizado con el organismo jurídico internacional o con los países del primer mundo, pueden generar drásticos giros en procura de salvaguardar prioritariamente sus intereses, y el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, cual efecto generado por el aleteo de la mariposa en la teoría del caos, da cabida a la conformación de
escenarios con consecuencias irreversibles.

Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata

Somos Curadas.com Tu compañía en información

Deja un comentario

Your email address will not be published.

Recientes de Blog