(Continuación)
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
Es innegable y preocupante, que las eufóricas declaraciones de prensa sumadas a los distintos discursos que emergieron durante el primer trimestre del año en curso, período en el que se suscitaron importantes eventos para exacerbar la necesidad de llegar a un claro entendimiento bilateral entre Venezuela y Guyana para la recuperación del espacio geográfico integral del Estado Guayana Esequiba, han dado insuficientes frutos ante las expectativas planteadas por la ruta paralela y/o ramificada que se desplegó ante la Corte Internacional de Justicia, encapsulándose la disputa territorial en una especie de sopor acicalado con bruños que se exhibe eventualmente como parte estratégica de la política actual y de la coyuntura sagaz que afronta el país ante los próximos eventos, razón por la que quienes atienden hoy en día el tema en cuestión por parte del Estado venezolano, deben mantener enarbolado con suficiente equilibrio e importancia, el marco de actuación jurídico y diplomático sustentado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, proyectando a este compromiso firmado y de manera consuetudinaria, como el pilar fundamental e internacional de entendimiento para arribar a una solución adecuada y satisfactoria para ambas partes, recordando que dicho Acuerdo fue suscrito por Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Guyana, con la incorporación de la Guayana inglesa en aquel entonces en el que inició su independización, lo cual fue válidamente depositado en la Organización de las Naciones Unidas, estableciéndose los términos de fiel cumplimiento para resolver el fraudulento despojo territorial que se le realizó a la Patria, mediante la nefasta sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899.
Aunado a lo anteriormente señalado, se han sumado otros conatos inicuos creados por actores que ocupan actualmente cargos y posiciones decisorias, incluso se han adherido al delicado juego estratégico que se dinamiza hoy por hoy en el tablero geopolítico mundial, en el que han demostrado con sus comentarios y opiniones declaradas, el pobre y hasta nulo conocimiento sobre los factores que conforman la disputa territorial venezolana sobre el Esequibo, cuyas tendencias han sido proclives a descalificar tóxicamente la posición que ha sido empuñada por el Estado venezolano, la cual ha sido respaldada suficientemente en los archivos históricos, en el que se ha sustentado que el Estado Guayana Esequiba ha formado parte del territorio venezolano desde su conformación como Capitanía General del Reino de España en 1777, siendo ello conservado en su nacimiento como República desde la Declaración de la Independencia en 1810 y reafirmado con la firma del Acta de Independencia en 1811, por lo que el Acuerdo de Ginebra de 1966 rubricó su refrenda con los Gobiernos de los países antes señalados, cuyo fundamento fue propugnado sobre la ineludible posición admitida en cuanto al reconocimiento del fraudulento Laudo Arbitral de París de 1899, dado que de lo contrario, no habría razón alguna que hubiese justificado el compromiso jurídico suscrito. ¿O es que este señalamiento en el lenguaje nomológico y jurídico tendiente a las manipulaciones acomodadas a conveniencias, amerita otra interpretación?
Las afirmaciones anteriores han sido reflejadas por el suscrito, ante las circunstancias periféricas del presente, sustentadas en polos e intereses creados que fusionados con las adopciones sostenidas en el contexto de las relaciones internacionales, han dado cabida a distintas declaraciones emitidas por actores provenientes de crecientes influencias, originadas por potencias emergentes y otros tantos países en desarrollo, en el que han iniciado su participación en las relaciones políticas y económicas internacionales, generando una forma de retórica participativa que se ha ido impregnando de opiniones e informaciones carentes de fundamentos geohistóricos, que demuestran la falsedad y el cinismo de las declaraciones emitidas por éstos contra Venezuela, aunado a las evasiones proyectadas que les han permitido enriquecerse y ampliar su margen de ilegalidades, que se mantienen por ahora inmersos en una componenda estructurada bajo el andamio de una arquitectura internacional a costillas de todos los venezolanos.
El reflejo del cuadro anterior, lo ha venido realizando el Gobierno de Guyana, mediante la continuidad de las explotaciones energéticas, mineras y forestales que se vienen ejerciendo ilegalmente como parte de sus actividades económicas en el Territorio venezolano llamado recientemente Estado Guayana Esequiba, cuyas actividades continúan respaldadas impúdicamente por la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la CELAC, a la que se le suman otros países que considero como casos muy especiales, lo cual se abordará posteriormente, sin dejar de mencionar el acompañamiento de la evasiva estocada propiciada por el Gobierno de Brasil, quien se aprovechó del manejo totalmente inadecuado y aberrado de quienes manejaron la empresa petrolera PDVSA durante este milenio, al igual que de la debilidad geoeconómica energética venezolana, para mantenerse entre dos aguas apoyando precisamente a Guyana, cuando en mayo de 1859, ella firmó con Venezuela el Tratado de Delimitación de los Espacios Fluviales, reconociendo el río Esequibo como parte del territorio venezolano, y hoy en día, se ha insertado en un contexto incierto de indudable transición en el sistema internacional a raíz de la ampliación del grupo BRICS, adoptando inclinaciones en favor de Guyana, por supuesto, sin obviar los planes de desarrollo que ha realizado en conjunto con Guyana en el espacio geográfico en reclamación venezolana, como lo ha sido la construcción de la carretera norte-sur a lo largo del Esequibo.
Por todo ello y mucho más, emerge a flor de agua la necesidad por la que el Estado venezolano dé un paso firme y sin evasiones, mediante la reformulación, actualización y ejecución del Concepto Estratégico Nacional, en el que entre las diferentes aristas a evaluar, debe incluirse una verdadera restructuración de la economía nacional, adoptando planes y proyectos concertados y acoplados a la política global, así como al reordenamiento de las jerarquías y a los equilibrios mundiales de poder, ajustándose a todo cuanto sea necesario para el bien del colectivo nacional, en el que se maneje además, el valor verdadero de todos los recursos que posee el país como soporte de la línea económica-financiera que se vislumbra a nivel internacional. Es incomprensible el silencio complaciente nacional que se mantiene hoy en día ante este cuadro que grita sórdidamente por todos lados en contra del país, aunado a la perversa jugada que desafía latentemente la verdadera realidad sobre la titularidad jurídica venezolana sobre el Esequibo, a lo cual se le agrega el atentado en contra de los factores primarios que se conjugan en el marco del interés nacional, y mientras tanto, continúan manifestándose únicamente discursos y declaraciones nacionales de prensa que no han ejercido aún el debido efecto. Se sugiere con la prontitud necesaria sobre el tema que nos atañe en este artículo, evaluar la realidad actual y realizar los cambios de estrategias en el marco de la política exterior venezolana.
Mientras tanto, la Corte Internacional de Justicia continúa con el proceso jurídico, en el que Venezuela a pesar de su negativa en participar a través de la instancia judicial internacional, atendió la demanda formulada por Guyana en contra del país, entregando el pasado 8 de abril del 2024 las pruebas respectivas que contrarrestan el efecto de las intenciones guyanesas, en cuanto a que se valide el Laudo Arbitral de Perís de 1899, razón por la que el caso de la reclamación venezolana quedaría encamisado jurídicamente como “cosa juzgada”, y que el territorio en reclamación quede ratificado en cuanto a su delimitación, en la frontera actual que divide a ambos países. En este contexto, y con corta visión de la realidad sobre la disputa territorial existente, la cual ha sido demostrada a lo largo de los procesos de entendimiento desde que el país vecino obtuvo su independencia, el marco jurídico al que aspira el Gobierno guyanés obtener ante el Organismo Jurídico Internacional de La Haya, pretende que sean obviados los hechos irrefutables, como el no cumplimiento de lo establecido en el Tratado de Washington de 1897, la falsificación de mapas sin basamento alguno en el que los ingleses se apropiaron de espacios territoriales injustificables, el trasfondo de la sentencia final en 1899, en la que no se estableció fundamento jurídico alguno que motivase la decisión adoptada, el haberse establecido otras decisiones y acciones fuera del contexto de la reclamación, el haberse vetado la participación de Venezuela en el proceso por capricho unilateral de Gran Bretaña, la realidad de todo lo ocultamente sucedido en el ámbito interno del Tribunal de París, escrito por el Abogado Principal norteamericano, representante de los intereses venezolanos, Severo Mallet – Prevost, entre otros eventos ocurridos que han sido conocidos por el lector.
La pregunta que surge por parte del suscrito, apunta hacia: ¿por qué Guyana demandó a Venezuela en el 2018 para intentar mantener jurídicamente la validez de un Laudo sentenciado en 1899, cuando en 1966, dicho país firmó conjuntamente con Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y por supuesto con Venezuela, un Acuerdo que precisamente nació de la nulidad de dicho Laudo Arbitral de 1899, hecho que se convertiría en una total contradicción jurídica de Guyana? En este contexto, el aumento substancial de los soportes que contrarrestan la absurda y contrapuesta iniciativa guyanesa en encausar un acto ilegal contra Venezuela, pretendiendo que las atrocidades e ilegalidades cometidas en el pasado, se transformen en un marco legal, constituyen por sí solas una total aberración que no solo se sustentan en perder un juicio, sino también, en las demandas que tendrá que afrontar ese país ante todos las licitaciones ilegítimas otorgadas tanto en tierra como en los espacios acuáticos, aunado a la ignominia y el aturdimiento que afrontará ante la comunidad internacional por haberle mentido consuetudinariamente, hecho que de por sí, demuestra una de las razones por las que Gran Bretaña también se retiró del proceso de entendimiento desde la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, dado que no tuvo ni tendrá forma de demostrar la legitimidad sobre la titularidad jurídica obtenida sobre la Guayana Inglesa, que no sea la viciada y nula sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, que por cierto, no debemos olvidar, que dicha sentencia se emitió sin existir soporte alguno que demuestre las razones sobre la decisión legal adoptada. Mayor irrespeto hacia Venezuela y los venezolanos, imposible.
En paralelo, una de las manifestaciones sobre la reciente reconfiguración alcanzada a partir de la Reunión de Cancilleres en Brasilia, apuntaba hacia la retoma del proceso de entendimiento entre Guyana y Venezuela en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, lo cual no se ha logrado realizar aún, cuyo núcleo áspero está dado por la ruta diferente entre Guyana y Venezuela, que se ha encausado desde que se descubrió el petróleo en los espacios acuáticos del Estado Guayana Esequiba, hecho al que se le sumó el relativo declive del interés general sobre el tema, reduciéndolo por ahora, a un espectro que sobrevive en el contexto político, cuando podría haberse encaminado también por parte de Venezuela y con suma habilidad, mediante la influencia estratégica nacional, encaminada a neutralizar las intenciones de los nuevos polos económicos y de los bloques internacionales de poder, que pretender aupar nuevos espacios regionales y globales.
Bajo el señalamiento anterior efectuado como una alerta amarilla en el ámbito geopolítico regional e internacional, ha surgido la pretendida actuación guyanesa en manifestarse como donante energético emergente, que apoyada por otros países y empresas trasnacionales, le han brindado la acometida para actuar como un bloque de poder junto a Brasil, intentando desplazar a Venezuela en los mercados internacionales, hecho que obedece más en su expresión, a las debilidades actuales de Venezuela en el manejo de su industria petrolera, lo cual se viene arrastrando con sensibles declives desde que culminó el paro petrolero del año 2002 hasta la presente fecha, hecho que debió iniciarse con la necesidad de la dinamización y acople de su apresto operacional en forma vertiginosa, iniciándose por el reconocimiento de las sensibles fallas y debilidades que existieron desde ese entonces, y no mantener camuflada una sensible realidad sin capacidad real de respuesta, que pudo haberse evitado, repercutiendo en el bienestar de todos los venezolanos. Sin embargo, nunca es tarde.
No es por azar que Venezuela tiene y puede realizar los cambios que todos los venezolanos esperamos, así como atender con la vehemencia necesaria, la disputa territorial sobre un territorio que indiscutiblemente le pertenece al país y forma parte del sentido de integridad territorial de su gentilicio nacional, en el que además de ello, sólo en estos tiempos recientes se ha reconstituido en torno al ámbito nacional, un renovado foco de intereses apuntalados en el ámbito internacional, a los Gobiernos norteamericano y británico, quedando todavía como incógnitas si las nuevas perspectivas manejadas sobre la plataforma política nacional y exterior de Venezuela, en la que se incorpore el tema objeto de estudio, lograrán asentarse finalmente sobre un adoquinado firme, formando un campo sólido y produciendo algo más duradero que las actuaciones efímeras que constante y cíclicamente han venido fluctuando, unas a favor y otras en contra del país. He aquí la médula neurálgica que requiere lupa, evaluación y cambios adecuados a la realidad actual.
Lo cierto de todo, es que la creciente gravitación política y económica que se ha venido encaminando a nivel global, con la reiterada y práctica proclamación lingüística insertada como instrumento jurídico y diplomático tanto a favor como en contra de Venezuela, han puesto en entredicho de forma implícita o explícita, el paradigma trinomial conformado por los intereses, alianzas y transformaciones geoeconómicas, geopolíticas y geoestratégicas, cuestionando condicionalidades directas y cruzadas de países del primer mundo que han contribuido a fortalecer las condiciones de los donantes energéticos, en el que éstos han venido emergiendo a flor de agua tal como lo ha hecho el Gobierno de Guyana a costillas de otros que han dado la cara por ella, en el que se han escalado caminos escabrosos y colaterales de manera de lograr transformar la ilegalidad en legalidad ante la comunidad internacional, insertándose tanto las actividades socioeconómicas que desarrolla internamente ese país, como el proceso jurídico que se intenta encaminar ante la Corte Internacional de Justicia.
Venezuela requiere ante las circunstancias anteriormente señaladas, un sólido toque de timón, que de hecho, al tomar en consideración las circunstancias internacionales apuntaladas por los conflictos actuales tanto en Asia como el Medio Oriente, así como por la necesidad de acceder a diferentes recursos energéticos, colocan nuevamente al país en una posición totalmente privilegiada que ha sido en la mayoría de los casos, manejada con la supeditación a intereses netamente políticos, razón por la que se requiere esgrimir un vuelco a estas coordenadas enarboladas como de avanzada, que claramente se exhiben hoy en día sin el consenso mayoritario, en el que todavía giran algunos conceptos errados, por lo que la cooperación orientada a los países del tercer mundo, pero también a los del primer mundo, debe manejarse como tal, y no como una simple comercialización, en el que Venezuela estaría muy por encima de los donantes energéticos actuales, y la disputa territorial sobre el Esequibo, encaja hoy en día en forma superlativa como parte primaria en la línea de la reciprocidad, enlazada precisamente al marco de la cooperación y no de una simple actividad económica.
Culmino el presente artículo, invitando a los lectores y a los entes que toman decisiones sobre este tema crucial para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la Nación venezolana, que el análisis derivado del impacto actual con las actuaciones demostradas, requieren identificar y evaluar posibles criterios de convergencia, que en su conjunto sumen sin fluctuaciones ni conductas cargadas de adrenalina, un camino sólido y estable, cuyo trasfondo esparciría sin dudas sus frutos en aras de alcanzar la recuperación del territorio integral por el que “el sol que brilla en Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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