Título original: LA PERIODISTA ESTRELLA Y LAS ESTRELLAS DEL CORONEL: HISTORIA DE UN JUICIO INÚTIL. Por Ángel Alberto Bellorín (7ma. entrega).
¡Ni voy ni me llevan!
El 22 de Mayo del 2002 el Juzgado Vigésimo Primero de Juicio a cargo de la juez temporal Ana Beatriz Vásquez admitió la acusación citando a Ibéyice Pacheco a presentarse dentro de los diez días siguientes.
Esa citación no fue posible ya que violando leyes, burlando el poco respeto que aun quedaba al poder judicial y en impune desacato, (como posteriormente relataré con mas detalles), Ibéyice Pacheco se presentó el 10 de Julio del 2003; 414 días posteriores a su citación.
Fue un largo trayecto de inmoral estrategia para intentar mi desgaste físico, mental o económico. Entre otras cosas lo hizo también para buscar y alegar la prescripción como finalmente lo hizo cuando fue obligada a presentarse.
Hay demasiadas incoherencias que contar, mas allá de hacerme gastar tiempo y dinero para soportar el retardo y las vivencias absurdas que se multiplicaban al ser un delito tratado sin la relevancia jurídica debida.
Debo mencionar como relevante los carteles con avisos de citación judicial publicados por mas de tres meses en la prensa nacional y que nunca obedeció.
Tres de ellos en su periódico «Así es la noticia» (un cuarto lo pagué y no lo publicaron) y tres en El Nacional, uno justo al lado de su columna en privado. Ni ella, sus colegas y demás aliados vieron esos carteles para aceptar la verdadera razón de mi solicitud.
Cuando surge este desacato, el requisito de publicar carteles en la prensa es indispensable para continuar el juicio. Por tal razón, se debe exigir al tribunal su presentación forzosa utilizando para ese fin los cuerpos policiales. Es un procedimiento que establece la norma para impulsar el proceso que se conoce como mandato de conducción.
Ella, sus abogados y sus cómplices de la prensa conocían el procedimiento pero evadió ir voluntariamente para poder hacer su circo al tener que solicitarse al tribunal su presentación forzosa como trámite necesario en estos delitos de instancia privada. Ese fue el origen de su pretendida «persecución política».
Cuando se desplegaba cualquiera de las diferentes fuerzas públicas requeridas por el tribunal ante mi previa solicitud para obligarla a presentarse, los mismos jerarcas policiales le avisaban previamente y se montaba el espectáculo.
Eran esperados con las cámaras televisivas encendidas, tarimas, público incluido y en cada una de sus arengas, acusaba al gobierno de persecución. Por supuesto que sus discursos y respectivas fotos eran primera página en las noticias .
Durante meses estos recurrentes eventos llenaron infinidades de titulares con el agravante, que para su propósito, una persona como yo, negada legalmente y por conciencia al activismo político, era descalificado cada vez con mayor intensidad.
Fue toda una frustrante situación con muchos imprevistos en juego; jueces timoratos y complacientes, cuerpos policiales cómplices y un periodismo lejos de ser veraz.
Por supuesto que no me rendí e hice todo lo que debía para no permitir que la prescripción llegara y la Sra. Pacheco se saliera con la suya.
A partir de ese momento también tomé la decisión de exigir derecho a réplica en los medios donde la periodista mentía sobre mi acusación y la naturaleza del juicio.
Esa decisión me obligó a tener mayor presencia mediática para mi defensa y por supuesto mayor roce con las autoridades militares de turno que no veían con buenos ojos mi aparición en los medios.
Complicidad policial y desacato judicial
Debo insistir que en toda acusación privada el juez no despliega iniciativa procesal y es exclusiva obligación del acusador marcar el rumbo mediante diligencias escritas. Para ese momento la complicidad policial me tenía de manos atadas..
El punto de quiebre para obligarla a presentarse, fue en Mayo del 2003 cuando solicité al juez de turno, acusar de desacato a los respectivos directores tanto de la Policía Municipal de Caracas como de la Policía Técnica Judicial que durante un año no fueron capaces de cumplir el mandato del tribunal.
Confieso que olvidé incluir allí al jefe de la Policía de Baruta, parte esencial de un show desde el balcón de la radio Kiss FM el día Martes 11 de Marzo del 2003.
Para ambos funcionarios solicité por escrito, ante el tribunal penal una investigación por incurrir en el delito de desacato al negarse a cumplir la orden de traslado de la periodista y hacerse cómplices en obstrucción de la justicia.
Muchos periodistas, profesionales y público en general que se hicieron solidarios con la periodista y se montaron con ella en su tarima de víctima, olvidaron pensar que para esa fecha la policía de Caracas era dirigida por el Alcalde Freddy Bernal y la PTJ por otro funcionario públicamente Chavista. Si hubiera sido orden del gobierno la llevan y punto.
A excepción de una pequeña nota de Ludovico Quiñones, este hecho de solicitar juicio a dos funcionarios chavistas no fue noticia en los medios ya que anulaba la mentira que mi caso contra la periodista era una persecución del gobierno. Esas instituciones policiales chavistas la protegían y era parte de su jugada política al igual que la de Baruta.
En el expediente del caso abundan oficios de dichos organismos informando que nunca conseguían a la periodista estrella que seguía escribiendo desde sus conocidas oficinas, ofrecía mitin político en todas partes y anunciaba con anticipación, fecha y hora de sus entrevistas en radio y televisión
Eso era suficiente para probar el delito de desacato y la obstrucción a la justicia de esos jefes policiales. También cursa en dicho expediente un oficio dirigido al Ministerio Público, firmado por la Juez penal 21 de Juicio Cristina Pérez, donde solicita esa investigación penal .
De hecho, nunca prosperó ya que el ministerio público era otra institución selectiva en los mandatos y obligaciones legales que debía cumplir. Los delitos contra el honor no movían dinero ni voluntades.
Lo que sacudió la inercia judicial y estremeció al poder mediático fue que en el mismo escrito donde solicité la investigación por desacato, eleve el nivel de mi apuesta.
Al no existir otro órgano policial confiable, de mi puño y letra solicité al tribunal se ordene a la Disip obligar a la acusada a comparecer ante el tribunal Era mi derecho hacerlo y me amparaba la ley.
Cuando la Juez Cristina Pérez firmó y publicó la orden fue la noticia del día ya que todos los horrorizados opinadores coincidían en que no había garantías de lo que Rodríguez Torres (Director de la Disip) le haría a la inocente paloma.
En medio de tanto absurdo desplegado en mi contra, recuerdo a Patricia Poleo y su » Nuevo País» acusándome durante el 09 y el 10 de Julio de ser un pelele utilizado como tonto útil por el gobierno y otras muchas estupideces propia de su ignorante soberbia.
Evidentemente que esto modificó la rutina política de la Lic. Pacheco y sus defensores. Se hizo evidente que en la Disip no tenía aliados de poder y a mi parecer la solicitud surtió rápido efecto, aunque elevó la naturaleza mediática del conflicto.
No querían conocer ni informar la verdad y seguían subestimando mi legítima actuación al señalarme como un peón del gobierno. Nadie me ordenó nada y fue una respuesta natural a la contumacia de la acusada y a la complicidad policial de casi un año.
Era una acusación privada y aprendí a mover las fichas así como los mecanismos civiles para interrumpir la prescripción de esa causa que era el objetivo evidente de la periodista estrella.
Debo necesariamente comentar que si no funcionaba la Disip, ya tenía listo el escrito a la juez solicitando que el traslado de la periodista estrella lo hiciera la Guardia Nacional, donde como militar si tenía muchos amigos dispuestos a conducirla. Hoy agradezco que no hubo necesidad de molestarlos aunque por ley estaban obligados a cumplir el mandato judicial.
La alfombra roja del medio
Ese 9 de Julio del 2003, mismo día que le ordenaron a la Disip hacer el traslado, la periodista Pacheco anunció por radio y televisión que al día siguiente «daría la cara al régimen» ¡No tengo miedo! fue su slogan. Ni idea de esta persecución por un caso que prescribió hace meses», expresaba con cara de yo no fui .
El 10 de Julio del 2003, el respaldo contundente de pretendidos «intelectuales y profesionales» venezolanos a la contumaz periodista fue madrugador. En página completa número B-10 del diario “El Nacional” de ese día, quedaron registrados sus nombres, muy similar a aquellos que en Febrero de 1989 le manifestaron su amor a Fidel Castro.
El remitido público con el título “No Vamos a Retroceder” acompañó la noticia del día: «La valiente periodista dará la cara al régimen». Más de cien personas prestaron su nombre y número de cédula para dar su apoyo publico a la periodista. ¡Ibéyice no estás sola!
Entre los firmantes se encuentran los señores Alberto Federico Ravell, (de Globovisión), Levi Benshimol ,(del Colegio Nacional de Periodistas), Francisco (Kiko) Bautista (quién era pareja de Ibéyice), profesores universitarios y muchos etcéteras.
Esa llegada al tribunal de la periodista fue todo un espectáculo mediático donde la acompañaban mas de doscientas personas con transmisiones televisivas y radiales en vivo.
La obra teatral «La presentación de Ibéyice Pacheco» paralizó al país, mientras los actores se desplazaban sobre la imaginaria alfombra roja rojita que la Disip le colocó en el palacio de justicia.
Próxima entrega. «Soy la libertad de expresión y el gobierno me acosa».
Caracas, 25 de junio del 2024
Coronel Ángel Alberto Bellorín
Abogado Magna Cumlaude
Doctor en Ciencias Jurídicas mención
Derecho Constitucional
Profesor con categoría de Titular
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