Por Marc Tecnólogo
Cómo la caída de Maduro no fue una liberación, sino la pieza inicial de un pacto geopolítico que prolonga la crisis en Venezuela y deja al venezolano de a pie exactamente donde estaba: en el fondo.
Eran las primeras horas del 3 de enero de 2026 cuando los comandos de operaciones especiales del Ejército de los Estados Unidos aterrizaron sobre Caracas. Lo hicieron con una precisión que ningún general venezolano podría haber imaginado. La operación tenía nombre de película de acción —»Absolute Resolve»— y su objetivo era un hombre que llevaba casi ocho años gobernando un país con la mitad de su población en la pobreza: Nicolás Maduro.
Cuando amaneció, el presidente y su esposa, Cilia Flores, estaban esposados y en vuelo hacia Nueva York. Allí, un tribunal federal los aguardaba con cargos de narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de cocaína.
Venezuela no despertó libre. Despertó sorprendida.
Por lo tanto, la narrativa de una «liberación» —tan cara al imaginario opositor— se evaporó en las primeras 48 horas. No hubo desfile de la victoria ni hubo transición democrática. El vacío fue llenado por una mujer que había pasado más de una década como el rostro más visible del régimen que supuestamente acababa de caer.
Hablamos de Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, hermana del presidente de la Asamblea Nacional y arquitecta de algunas de las políticas más represivas del madurismo. Ahora, con el aval tácito de Washington, es la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela.
El gatopardismo no necesitó ni de disfraces.
La revolución que se muda de cuarto
En menos de tres meses, Rodríguez ha modificado el 42% del gabinete que heredó de Maduro. Los números son contundentes: 14 ministros sustituidos, cuatro viceministerios reorganizados y seis misiones sociales liquidadas. A esto se suma el histórico desplazamiento de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa, cargo que ocupó durante más de once años y que lo convirtió en el símbolo más visible del poder militar en el chavismo.
En su lugar, Rodríguez designó al general Gustavo González López, descrito por analistas como interlocutor directo de la CIA en Caracas. El mensaje es tan claro que resulta casi obsceno en su transparencia: la familia Rodríguez no está gestionando una transición. Está monopolizando el poder.
«Lo que estamos viendo es cómo los Rodríguez avanzan en su intención de monopolizar el poder político», señaló el politólogo Enderson Sequera «Se va a rodear de figuras leales a ella y va a reestructurar toda la arquitectura del gobierno con actores que respondan políticamente a la familia Rodríguez.»
Además, la rotación de piezas es meticulosa y revela una lógica de control total en medio de esta nueva etapa de la crisis en Venezuela. Tarek William Saab no fue juzgado ni procesado. Fue reubicado al frente de la «Gran Misión Viva Venezuela», adscrita directamente al Despacho de la Presidencia.
Alex Saab, el empresario colombiano señalado como testaferro de Maduro, fue removido discretamente. Samuel Moncada fue sustituido el 25 de marzo por la diplomática Coromoto Godoy. Al Ministerio de Defensa llegó González López; al de Comercio Exterior, Johann Álvarez Márquez; al de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá; y Ana María Sanjuán asumió Educación Universitaria.
Cada movimiento tiene la misma lógica: acercar lo leal, alejar lo que compromete y presentar al mundo exterior la ilusión de un nuevo comienzo. Incluso el opositor Oliver Blanco fue designado viceministro para Europa y América del Norte.
En Polymarket se asigna actualmente un 65% de probabilidades a que Delcy Rodríguez continúe siendo la líder de Venezuela hacia finales de 2026. Ese mismo mercado sólo otorga un 47% de chance a que se celebren elecciones democráticas antes de que termine el año, y apenas un 18% a que Donald Trump respalde abiertamente a María Corina Machado. La aritmética es reveladora: el mundo apuesta por la continuidad del sistema, no por su transformación.
El pacto de Washington: energía por impunidad
El 5 de marzo de 2026, Estados Unidos y Venezuela anunciaron el restablecimiento formal de relaciones diplomáticas. Seguidamente, el 16 de marzo, la bandera estadounidense fue izada en la embajada de Caracas por primera vez en siete años. El 30 de marzo, el Departamento de Estado confirmó oficialmente la reanudación de operaciones consulares en la capital venezolana.
Donald Trump lo celebró a su manera, declarando que Estados Unidos «está sacando cantidades enormes de petróleo». Incluso sugirió, en un arrebato de surrealismo geopolítico, que Venezuela podría convertirse en el «estado 51» de la Unión.
Sin embargo, lo que hay detrás de esa fanfarria es más sobrio y más perturbador. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, describió a Bloomberg la relación bilateral como un «plan de tres fases»: estabilización, recuperación económica y reconciliación política. El orden de los factores no es accidental: la democracia aparece tercera en la lista, detrás del petróleo y el gas.
El intercambio fue explícito desde el primer acto. El secretario de Interior, Doug Burgum, visitó Caracas y acompañó a Rodríguez a la firma de acuerdos entre PDVSA y Shell. A cambio de esto, hubo reconocimiento, levantamiento parcial de sanciones sobre el sector minero aurífero, apertura de sedes diplomáticas, y silencio cómplice sobre los 503 presos políticos que siguen en cárceles venezolanas.
Chevron opera. ConocoPhillips condiciona su inversión a reformas legales profundas que el régimen no está dispuesto a ejecutar. El dinero, como suele decirse en Venezuela con amarga precisión, «es cobarde».
El techo de diez mil megavatios: la física del colapso
Existe un número que ningún discurso diplomático puede alterar: 10.000 megavatios. Esa es la capacidad real disponible del Sistema Eléctrico Nacional venezolano. No es una proyección pesimista ni un estimado opositor: es el límite físico comprobado de la infraestructura, el techo que aplasta cualquier proyecto de recuperación antes de que despegue.
El Monitor de Servicios Básicos de Cedice Libertad documentó más de 54.000 cortes y caídas de tensión a nivel nacional en un solo mes a comienzos de 2026. El 83% de los venezolanos califica el servicio eléctrico público como «muy ineficiente».
La paradoja es brutal: el país con las mayores reservas petroleras certificadas del mundo no puede extraer petróleo porque no tiene suficiente electricidad para hacerlo. Los análisis técnicos son categóricos: bajo el techo actual de 10.000 MW, es imposible superar los 770.000 barriles diarios de producción sin provocar apagones urbanos masivos.
Para modernizar el SEN se requieren 21.000 millones de dólares. El Estado venezolano no tiene esa cifra y los inversores extranjeros no la aportarán sin reformas legales. El resultado es un bucle perfecto de estancamiento: sin luz no hay petróleo, sin petróleo no hay dinero, sin dinero no hay luz.
El salario de la extinción
En febrero de 2026, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros calculó que una familia de cinco integrantes necesita 645,67 dólares al mes para cubrir únicamente su alimentación básica. Mientras tanto, el salario mínimo legal venezolano lleva congelado desde 2022 en 130 bolívares, que al tipo de cambio de finales de marzo equivalen a 0,33 dólares.
La matemática es una forma de violencia: para comprar la canasta básica de alimentos, un venezolano necesita acumular 1.937 salarios mínimos. Un docente percibe en promedio 2,04 dólares mensuales, cubriendo apenas el 0,3% de su propia alimentación.
El Estado venezolano gestiona esta obscenidad con una arquitectura de bonificaciones. A través del sistema Patria, distribuye un «Bono de Guerra Económica» de aproximadamente 120 dólares y un cestaticket de 40 dólares. El problema es que estos bonos son transferencias discrecionales que no inciden sobre utilidades, vacaciones, prestaciones sociales ni pensiones. El sistema Patria no es una política social; es un mecanismo de control.
El 82% de la población venezolana vive en pobreza de ingresos según ENCOVI. El 60% en indigencia o pobreza extrema y el 18% sufre desnutrición aguda. El gobierno proyecta un crecimiento del 4,5%, pero nadie fuera del aparato estatal le cree.
La emergencia que el mundo olvidó
Las agencias de la ONU calculan que 7,9 millones de venezolanos requieren asistencia urgente en 2026. El plan financiero para atenderlos requiere entre 606 y 632 millones de dólares, pero la brecha real de financiamiento supera los 582 millones de dólares. Mientras los diplomáticos brindan en Caracas y Washington sella acuerdos petroleros, el aparato humanitario opera en emergencia crónica frente a la crisis en Venezuela.
El éxodo sigue. Entre 8 y 9 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014, y un 15,1% de la población que aún reside allí mantiene firme la intención de marcharse. Las remesas que envían los migrantes financian entre el 15% y el 20% del consumo de bienes básicos dentro del país. La diáspora es, paradójicamente, el único programa social que funciona con regularidad.
El 85% de los venezolanos evalúa negativamente la salud pública nacional. La escasez de medicamentos de emergencia en quirófanos y salas de trauma alcanzó el 36%. El 92% de la población considera la gestión vial pública como anárquica e inexistente.
503 presos y una amnistía de papel
El 19 de febrero de 2026, el gobierno de Rodríguez promulgó en la Gaceta Oficial Nº 6.990 Extraordinario la «Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática». La administración publicitó la excarcelación de 626 detenidos vinculados a motivaciones políticas, y el mundo aplaudió con prudencia.
Pero la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU fue categórica en su análisis. La ley se elaboró sin consulta pública, excluye cualquier mecanismo de responsabilización estatal por los crímenes de lesa humanidad perpetrados y califica jurídicamente a los excarcelados como «delincuentes perdonados».
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El 23 de marzo de 2026, Foro Penal certificaba que 503 personas continuaban privadas de libertad por motivaciones estrictamente políticas. De ellos, 188 son militares activos o retirados. El dato de los militares revela la naturaleza del régimen: el castigo se concentra en neutralizar potenciales insubordinaciones del estamento castrense.
Mientras tanto, la conflictividad social creció. En enero de 2026, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 622 protestas. La respuesta estatal sigue siendo la misma de siempre. La «Operación Tun Tun» dejó 24 manifestantes ejecutados por fuerzas de seguridad y colectivos. El régimen no ha desmantelado su maquinaria punitiva; la ha pintado de otro color.
La oposición irrelevante y la apuesta imposible
María Corina Machado protagonizó la conferencia CERAWeek en Houston el mismo día que Rodríguez hablaba vía remota ante inversores en Miami. El contraste fue perfecto en su crueldad: la líder opositora presentando un plan de apertura democrática ante los mismos empresarios a quienes el gobierno interino les prometía retorno de inversión sin condiciones políticas.
La oposición venezolana enfrenta una encrucijada existencial. Su principal aliado histórico, Washington, optó por negociar directamente con la estructura chavista que prometía desmantelar.
Vente Venezuela anunció formalmente el fin de su operación clandestina. Sin embargo, el desafío opositor es articular un reclamo democrático eficaz en un momento en que la presión internacional punitiva ha sido sustituida por licencias comerciales. El régimen no necesita convencer a nadie de que ha cambiado, solo necesita que los flujos de dinero reanuden antes de que el descontento interno alcance masa crítica.
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Los tres escenarios de una crisis en Venezuela que no termina
Caso base (55% de probabilidad): estabilización en el foso Rodríguez navega las presiones iniciales con acuerdos petroleros asimétricos. El país se asienta en un equilibrio donde una minoría ligada al Estado accede a divisas, mientras el 80% de la base sobrevive sostenida por las remesas. La inflación inercial persiste y la electricidad no mejora.
Peor caso (25% de probabilidad): ruptura catastrófica El fracaso de los acuerdos petroleros produce una caída libre de los ingresos fiscales. Sin fondos para sostener los bonos, la conflictividad social supera el umbral manejable. El SEN colapsa de manera catastrófica con apagones nacionales semanales.
Mejor caso (20% de probabilidad): transición negociada real La incapacidad física del gobierno produce un acuerdo vinculante: amnistía real, desmontaje del aparato represivo, elecciones con garantías internacionales y apertura a inversión en el SEN. Es el escenario que nadie en el poder tiene incentivos para ejecutar.
Conclusión: el régimen sobrevivió al régimen
El sistema venezolano tiene una capacidad de adaptación que no depende de valores ideológicos, sino de la nuda voluntad de supervivencia. El chavismo no cayó el 3 de enero de 2026; simplemente cambió de gerente.
Delcy Rodríguez administra hoy el mismo aparato que administró Maduro. La diferencia es que ahora tiene la bandera estadounidense izada a dos kilómetros de Miraflores y el respaldo explícito de Donald Trump, quien la llama «socia».
La normalización de las relaciones diplomáticas y el anuncio de leyes de amnistía cosméticas son simulacros de estabilidad. Mientras Venezuela persista regida por un modelo centralizado que intercambia la criminalización de la sociedad civil por su supervivencia, la crisis en Venezuela no sólo se prolongará: profundizará su letalidad.
Para el venezolano que cocina a leña porque no hay electricidad, que percibe 0,33 dólares al mes y sobrevive gracias a 160 dólares en bonos discrecionales, la caída de Maduro es una noticia de otra galaxia. El régimen sobrevivió al régimen. Y la crisis, también.