En una resolución de alto impacto jurídico y patrimonial, la Cámara Federal de Casación Penal ha confirmado el decomiso de 111 bienes vinculados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez. El fallo busca cubrir el perjuicio económico causado al Estado, estimado en una cifra que supera los $684.000 millones (aproximadamente 480 millones de dólares).
La decisión fue tomada por la Sala IV del tribunal, integrada por los magistrados Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, quienes rechazaron los últimos recursos presentados por las defensas de la familia Kirchner y Báez. Con esta medida, la Justicia habilita la ejecución directa de las propiedades para resarcir las arcas públicas tras la condena firme por administración fraudulenta en la obra pública de Santa Cruz.
Puntos clave del fallo
La resolución no solo afecta a los condenados directos, sino que sienta un precedente sobre la trazabilidad de los activos:
- Alcance a terceros y herederos: La mayoría del tribunal ratificó que el decomiso puede incluir bienes transferidos a los hijos de la exmandataria (como los 19 departamentos heredados), bajo el argumento de que el origen ilícito del activo no se «lava» con el traspaso sucesorio.
- Imposibilidad de rastreo absoluto: Los jueces sostuvieron que exigir una trazabilidad económica «perfecta y absoluta» del dinero desviado vaciaría de contenido las herramientas de recuperación de activos del Estado.
- Bienes afectados: La nómina incluye un inmueble a nombre de la expresidenta, 19 propiedades registradas por sus hijos y 84 bienes pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas asociadas (como Austral Construcciones).
Posturas encontradas
Como ha sido la tónica en esta causa, el fallo no estuvo exento de matices técnicos y críticas políticas.
En el plano judicial, el juez Mariano Borinsky presentó una disidencia parcial. Si bien acompañó la confirmación general, planteó dudas sobre la inclusión de ciertos bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner, argumentando que no se había acreditado de forma fehaciente que el origen de esas propiedades específicas fuera exclusivamente el delito investigado en la causa Vialidad.
Desde el entorno de la exmandataria —quien actualmente cumple su condena de seis años bajo la modalidad de prisión domiciliaria— se ha denunciado históricamente que estas medidas forman parte de una «persecución judicial» o lawfare. Sus abogados argumentaron que el decomiso es una «extensión indebida de la pena» y que vulnera los derechos de propiedad de terceros que no fueron parte directa de la maniobra delictiva.
¿Qué sigue ahora?
Los activos decomisados quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que será la encargada de administrarlos o proceder a su subasta pública. Según fuentes judiciales, si el valor de los bienes de la familia Kirchner y Báez no llegara a cubrir el monto total de la indemnización fijada, la Justicia podría proceder contra el patrimonio del resto de los condenados, como el exsecretario de Obras Públicas, José López.
Este fallo marca el cierre del capítulo económico de la Causa Vialidad, dejando al Estado ante el desafío logístico de ejecutar y liquidar un patrimonio distribuido en diversas provincias del país.
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