El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe) propuso introducir reformas a la Ley de Amnistía, con el objetivo de corregir fallas en su aplicación. Pide incorporar la participación de comités de víctimas, organizaciones sociales y organismos internacionales.
La organización planteó que cualquier modificación a la norma debe orientarse a garantizar estándares de justicia, reparación y no repetición. En ese marco, insistió además en la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos.
El pronunciamiento surge luego de las declaraciones emitidas por Delcy Rodríguez. Ella afirmó que la Ley de Amnistía “llega a su fin”, una expresión que generó críticas y dudas entre organizaciones de derechos humanos.
Rodríguez no ofreció detalles sobre el alcance de esa afirmación. Sin embargo, el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la norma, sostuvo posteriormente que la ley no pierde vigencia y que seguirán evacuando; las solicitudes.
Para el Clipp, estas posiciones reflejan contradicciones dentro del discurso oficial. Consideró que existe un “uso inconsistente” del tema y denunció lo que califica como una falta de coherencia institucional en torno a la aplicación de la ley.
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En su comunicado difundido en redes sociales, la organización también cuestionó la aplicación de la amnistía.
También denunció su alcance limitado y excluyente. Aunque reconoció que ha permitido la liberación de algunas personas, aseguró que aún permanecen encarcelados cientos de presos políticos, varios de ellos en condiciones de salud críticas.
En el marco del diálogo
El Clipp afirmó que su propuesta se enmarca en los llamados al diálogo impulsados por el Ejecutivo y advirtió que no puede hablarse de paz sin la liberación plena de los detenidos por razones políticas y sin garantías de respeto a los derechos humanos.
Por su parte, la ONG Acceso a la Justicia recordó que la Ley de Amnistía no puede ser derogada de forma unilateral ni mediante declaraciones políticas, sino a través de una nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional o una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
De acuerdo con cifras citadas por autoridades parlamentarias, más de 8 600 personas han sido beneficiadas hasta ahora por la norma, aunque organizaciones independientes aseguran que aún permanecen decenas de casos sin resolver.
Con información de Efe