El miedo a decidir y las propuestas para desmantelar el «Efecto Afiuni»
Caracas, mayo de 2026 / El murmullo en el aula universitaria no es el habitual debate académico de leyes abstractas; es un diagnóstico de supervivencia institucional. Abogados, defensores de derechos humanos y académicos se han reunido esta semana en unas jornadas urgentes bajo un lema que suena a quimera, pero que exigen como urgente: «Independencia judicial y verdad: las propuestas para reconstruir el sistema judicial venezolano».
En el ambiente flota una frase que la abogada y profesora Tamara Bechar Alter suelta ante el auditorio como un cable a tierra:
«La fortaleza de un Estado no se mide por su capacidad para ejercer el poder, se mide por su capacidad para limitarse».
Pero limitarse es, precisamente, lo que el sistema de justicia venezolano no ha hecho en las últimas décadas. Mientras en los pasillos del Parlamento y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se debate una nueva reforma para ampliar el número de magistrados —una movida que la crítica califica como un juego de tronos político entre facciones del poder—, los expertos penalistas y constitucionalistas se concentran en lo que pasa abajo, en las bases, donde la justicia se ha convertido en un terreno minado.
Diagnóstico de un sistema rehén
El primer golpe de realidad de la crónica judicial venezolana tiene una cifra dramática: más de un 80% de los jueces en Venezuela son provisorios. No llegaron a sus cargos por concursos públicos de oposición ni por méritos comprobados en un aula o un tribunal; fueron puestos a dedo. Y así como llegaron, se pueden ir con una simple llamada telefónica.
Esta provisionalidad ha inoculado una enfermedad psicológica y laboral que los ponentes repiten al unísono: el «efecto Afiuni». Inspirado en el encarcelamiento de la jueza María Lourdes Afiuni en 2009 tras dictar una medida cautelar incómoda para el Ejecutivo, este fenómeno no es otra cosa que el pánico institucionalizado. El juez penal venezolano sabe que una sentencia apegada a derecho, si contraría una orden superior, puede costarle su propia libertad.
A este terror político se le suma la precariedad material. Las jornadas desnudaron una realidad que los litigantes viven a diario: sueldos de miseria para los funcionarios, archivos que se caen a pedazos y una infraestructura judicial tan deteriorada que se convierte en el caldo de cultivo perfecto para la extorsión, la corrupción y el cobro de «vacunas» para mover un expediente.
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| EL DIAGNÓSTICO EN TRES CIFRAS |
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| > 80% | Jueces provisorios, sin estabilidad laboral ni carrera. |
| ~ 3% | Casos de violaciones de DDHH que logran condena (impunidad). |
| 32 a 20 | Los vaivenes de magistrados en el TSJ según conveniencia. |
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La hoja de ruta: ¿Cómo se reconstruye la verdad?
Lejos de quedarse en la queja, el foro —que contó con la participación de figuras del litigio penal como Joel García, Magaly Vásquez y Gonzalo Himiob— delineó propuestas concretas, una suerte de pliego de condiciones mínimas si es que el país pretende encaminarse hacia una transición democrática sostenible:
- Tolerancia cero a la corrupción y carrera judicial: Aplicar de forma estricta la Constitución para que el ingreso al Poder Judicial sea únicamente mediante concursos públicos transparentes, devolviendo la inamovilidad a los jueces para que vuelvan a dictar sentencias basándose en el expediente y no en el miedo.
- Dignificación laboral inmediata: Una reforma presupuestaria real que garantice salarios dignos y auditorías a los fondos del Poder Judicial. «Un juez mal pagado es una puerta abierta a la extorsión», se escuchó en el debate.
- Humanización y acceso internacional a las cárceles: Permitir de inmediato el ingreso de la Cruz Roja Internacional y de comisiones multilaterales de la ONU a los centros de reclusión (como El Rodeo I o el Helicoide). El objetivo: verificar las condiciones de detención y frenar los malos tratos crónicos denunciados por los familiares de los presos políticos.
El laberinto del TSJ
Mientras los defensores de derechos humanos exigen sanear las bases del sistema, la cúpula judicial vive su propio sismo. En este mes de mayo de 2026, la Asamblea Nacional vuelve a impulsar comisiones y reformas parciales para alterar el número de asientos en el TSJ.
Para los cronistas y analistas políticos que siguen de cerca el pulso de Caracas, estas reformas no buscan la eficiencia jurídica, sino asegurar el control del timón. La justicia penal se ha usado históricamente como un escudo y una lanza; nadie en las altas esferas quiere ceder un ápice de influencia en el máximo tribunal.
Al caer la tarde, las jornadas de Independencia judicial y verdad cierran con una conclusión colectiva matizada por la cautela. Reconstruir el sistema judicial de Venezuela no será una tarea de decretos ni de discursos parlamentarios grandilocuentes. Requerirá, antes que nada, devolverle al juez el derecho a aplicar la ley sin mirar el teléfono, y al ciudadano, la certeza de que los tribunales volvieron a ser el lugar donde habita la justicia y no donde se negocia la libertad.
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