Título original: LA PERIODISTA ESTRELLA Y LAS ESTRELLAS DEL CORONEL: HISTORIA DE UN JUICIO INÚTIL. Por Ángel Alberto Bellorín (8va. entrega).
¡Soy la libertad de expresión y el gobierno me acosa!
El 10 de Junio del 2003 la presentación al tribunal fue primera página en los grandes medios que aprovecharon la noticia para atacar al gobierno con el cuento de la persecución política. «El acoso a Ibéyice Pacheco es señal que el gobierno va por la libertad de expresión»
Sin embargo, en esa misma fecha y a consecuencia de mi estrategia de replicar ante los medios, pude observar a varios periodistas que sin tragarse el cuento de la persecución política publicaron noticias mucho mas equilibradas. Por supuesto ocurrió en pequeños medios sin la fuerza necesaria para desmontar la matriz de opinión en una sociedad donde sus titulares eran «la opinión pública».
Debo reconocer el profesionalismo de algunos que me llamaron o entrevistaron personalmente para oír mi versión. A partir de ese momento, varios de ellos comenzaron a escribir la historia en forma diferente a la de esos grandes medios; mención especial merece la fallecida periodista Berenice Gómez con quién luego de esa entrevista forjé una respetuosa amistad hasta su lamentable fallecimiento.
También merecen mi reconocimiento personas como Raúl Pineda y Ludovico Quiñones que sin ser amigos, desde esas entrevistas hicieron demostración de imparcialidad informativa en modestas pero certeras notas de prensa, muy equilibradas pero poco difundidas.
Recuerdo a un entonces joven periodista de nombre Alejandro Boitia que luego de entrevistar a las dos partes el 10 de Junio del 2003 publicó en el diario «Tal Cual» una excelente nota de prensa, especie de cara a cara, pero con el sugestivo título de «El coronel si tiene quien le escriba»
¡Yo no difamo, hago mi trabajo!
Luego que la Disip de Rodríguez Torres, sin mover ningún agente logró la presentación judicial de la periodista estrella, esta nombró como abogado a Carlos Simón Bello Rengifo quien al juramentarse y revisar el expediente se encontró con la sorpresa de una interrupción de prescripción para evitar su estrategia dé evasión. Está fue solicitada ante un tribunal civil y concedida en Mayo del 2002
A partir de esa sorpresa fue noticia que los abogados iniciaron procesos de negociación por otras causas parecidas que en forma progresiva comenzaron a ser solucionadas de diferentes formas.
Recuerdo entre las primeras, la referida a una acusación donde Ibéyice acusó a un hijo fallecido de Ali Rodríguez Araque entonces presidente de Pdvsa. Ante un juzgado penal la periodista accedió a conciliar y publicar un desmentido que a mi parecer nada desmintió. Lo cierto fue que el caso cerró .
Luego fueron surgiendo otras imputaciones por difamación que la periodista estrella denunciaba como persecución del gobierno cuando evidentemente eran causas totalmente privadas como la mía.
Aquí me permito reseñar la causa del abogado Carlos Ramírez López quien sin vinculación partidista ni cargo público fue señalado de vil manera en la columna de Ibéyice Pacheco.
En la pagina A6 de fecha Viernes 30 de abril del 2004 de «El Nacional» en su columna. «En Privado » publicó lo siguiente: Cito
«Fuentes del parlamento explican por qué el diputado Guillermo Palacios solicitó que se haga público quienes son los asesores de Luis Velásquez Alvaray en la Ley del Tribunal Supremo de Justicia: «uno de ellos es Carlos Ramírez López, quien ha tenido varios problemas con la justicia tales como estafa con pequeños propietarios de tierras, calumnia contra Vladimir Gessen, andar en un Mercedes Benz robado, y posesión y tráfico de drogas. En Mérida lo llaman «Boca e’pato» Fin de la cita
Si se revisa con atención puede observarse que en esas cortas lineas la periodista estrella «haciendo su trabajo» señaló en forma irresponsable al abogado Ramírez de cometer cinco delitos graves y para rematar le endilga un alías nada halagador.
Rectificar es claudicar
En carta del 03 de Mayo del 2004 dirigida a Ibéyice Pacheco, el abogado Carlos Ramírez López solicitó una rectificación que no llegó. Sin esperar mucho y en forma precipitada, el 7 de Mayo del 2004 el afectado interpuso una acusación penal de carácter privado que rápidamente fue admitida y la acusada (con la experiencia previa de la Disip) se presentó sin demora en el tribunal y nombró abogados.
Como se desprende del escrito difamatorio, la hábil periodista colocó entre comillas las imputaciones delictuales ofensivas para buscar la impunidad detrás de aquello que ya mencionamos del ánimo de informar.
En caso de algún problema solo debía afirmar que fue una cita textual de su fuente secreta en el parlamento cuya identidad estaba obligada a proteger.
En este juicio le correspondía al abogado Ramírez López la difícil tarea de demostrar la intención de difamar y no dejar dudas de la real malicia.
Está es la ventaja jurídica para cualquier periodista honesto que busca informar con veracidad, pero también la ventaja y el «modus operandi» de periodistas difamadores de oficio, pagados o por propia iniciativa, para dañar alguna reputación por intereses diversos.
En el documento del caso que tengo en manos se evidencia que en fecha 16 de Julio del 2004 el acusador solicitó al juez decretar medida privativa de libertad contra la periodista y se refleja que la audiencia de conciliación estuvo prevista para el 21 de Julio del 2004.
Un poder judicial que la quisiera presa hubiese aprovechado esa oportunidad para decretar la medida y lavarse las manos por ser acusación privada. Nada de eso ocurrió.
Perdí la pista del conflicto y al no tener mas conocimiento sobre él tema , presumo que hubo conciliación. Sin embargo; no deja de ser un hecho cierto lo reprochable de las acusaciones que se evidencian en lo citado, así como el carácter totalmente privado del conflicto.
La verdadera noticia
No puedo pasar por alto señalar que mientras se publicaban estas descalificaciones, lo importante fue que en esa primera reforma de la Ley Orgánica para regir el Tsj (sancionada en el 2004), los diputados chavistas comandados por Pedro Carreño y sus cómplices opositores desde la Asamblea Nacional desmontaban la autonomía del máximo órgano judicial y se apoderaron » legalmente» del comité de postulaciones judiciales, secuestrando impunemente una institución que la Constitución de la República asigna directamente al poder judicial. (Artículo 270).
Esa era la verdadera noticia.
Próxima entrega «Caso Luis Tascón y la mentira del acoso»
Caracas, 25 de junio del 2024
Coronel Ángel Alberto Bellorín
Abogado Magna Cumlaude
Doctor en Ciencias Jurídicas mención
Derecho Constitucional
Profesor con categoría de Titular
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