Argentina denunció ante la Corte penal Internacional (CPI), «el asedio» a su embajada en Caracas y, además, pidió «determinación para actuar ante los crímenes cometidos por el Gobierno de Nicolás Maduro».
«La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía», expresó el embajador argentino, Mario Javier Oyarzábal, en el marco de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, que se celebra en La Haya.
«Tras las elecciones del pasado 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más. Venezuela no puede considerarse un Estado de derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional», indicó el diplomático.
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«Nuestra misión diplomática en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores armados no identificados en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentra en peligro. Actualmente, la sede de nuestra embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos. No obstante, es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados», relató.
Insistió ante la Corte «actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia».
Y, concluyó diciendo que «la impunidad no solo perpetua el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional».