La organización de Derechos Humanos Foro Penal alertó que numerosos casos permanecen invisibilizados y que varias de las liberaciones son solo cambios de modalidad de reclusión
La organización de derechos humanos Foro Penal advirtió este lunes que en Venezuela todavía permanecen más de 600 presos políticos, a pesar de las liberaciones anunciadas por el régimen chavista en las últimas semanas, y alertó que parte de las excarcelaciones no constituyen libertades reales, sino traslados a arresto domiciliario o medidas restrictivas.
El presidente de la ONG, Alfredo Romero, confirmó la cifra en declaraciones realizadas a las puertas de un comando de la Policía Nacional Bolivariana, conocido como Zona 7, en Caracas, donde familiares de detenidos mantienen desde el fin de semana una huelga de hambre como mecanismo de presión para exigir la liberación de sus parientes.
“Todavía hay más de 600 personas” encarceladas por motivos políticos, afirmó Romero, al precisar que la cifra surge luego de que la organización verificara 444 excarcelaciones desde el 8 de enero, cuando el régimen de Delcy Rodríguez anunció el inicio de un proceso de liberaciones.
El Foro Penal explicó que el número real de presos políticos es mayor al que se conocía públicamente, debido a que en las últimas semanas se han incorporado nuevos casos de personas cuyas familias nunca habían denunciado su detención, ya sea por temor a represalias o porque, durante meses, no sabían en qué centro de reclusión se encontraban.
De acuerdo con la organización, el subregistro de detenciones ha sido una constante en los operativos de seguridad, especialmente en contextos de protestas o de persecución política, donde los arrestos se producen sin notificación formal, sin órdenes judiciales claras y con períodos prolongados de incomunicación.
Romero también fue enfático al señalar que el Foro Penal no contabiliza como excarcelaciones los casos en los que una persona es trasladada desde una cárcel o comando policial a un régimen de arresto domiciliario. Según explicó, mientras persista una medida de privación de libertad, el detenido continúa siendo considerado preso político.
Entre los casos recientes se encuentra el del ex diputado opositor Juan Pablo Guanipa, dirigente cercano a la líder María Corina Machado, quien fue liberado junto con otros activistas políticos. Sin embargo, su libertad fue de corta duración. El dirigente fue detenido nuevamente ese mismo día, acusado por el Ministerio Público de incumplir medidas cautelares.
La ONG recordó que una situación similar ocurre con el abogado y asesor jurídico de la principal coalición opositora, Perkins Rocha, quien permanece bajo arresto domiciliario.
El titular del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, había prometido la liberación de “todos” los presos políticos una vez aprobado el proyecto de ley de amnistía. Sin embargo, el propio Poder Legislativo aplazó el segundo y último debate por diferencias internas en uno de sus artículos.
En paralelo al debate parlamentario, se mantiene la preocupación por la situación de salud de varios detenidos que se encuentran en huelga de hambre dentro de Zona 7. Familiares denunciaron este lunes el deterioro físico de los presos y la negativa de las autoridades a permitir el ingreso de personal médico.
Yessy Orozco, hija de Fernando Orozco y hermana de Brayant Orozco, aseguró que los funcionarios alegan no contar con autorización judicial para permitir la atención sanitaria.
“Se niegan a que entre un médico”, afirmó.
Desde organizaciones de familiares advirtieron que la falta de asistencia médica en contextos de huelga de hambre representa un riesgo inmediato para la vida de los detenidos y recordaron que, en casos anteriores, la omisión de atención por parte de las autoridades ha derivado en muertes bajo custodia del Estado.
Para el Foro Penal, más allá de los anuncios oficiales, la situación real sigue marcada por la persistencia de centenares de presos políticos, la opacidad sobre detenciones recientes y el uso de medidas alternativas de reclusión como mecanismo para sostener el control judicial y político sobre los opositores.
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