El fin del viacrucis de Carmen Navas: la madre que buscó a su hijo en las cárceles sin saber que estaba enterrado en secreto
Por un año y cuatro meses, una anciana de 82 años caminó por los pasillos de tribunales y prisiones en Venezuela exigiendo una «fe de vida». La respuesta del Estado llegó con diez meses de retraso y una tumba marcada con un papel.
CARACAS — La peregrinación de Carmen Teresa Navas, una madre venezolana de 82 años, no terminó en un reencuentro ni con el abrazo que tanto ansiaba desde el Año Nuevo de 2025. Terminó la tarde del viernes 8 de mayo de 2026, bajo el sol inclemente del cementerio Parque Jardín La Puerta, en las afueras de Caracas, viendo cómo una comisión policial exhumaba un cuerpo de una fosa común.
Allí, entre el polvo y la indignación generalizada del país, la anciana se quitó sus propias medias y pidió con voz quebrada que se las pusieran a los restos. También le colocó una gorra; la misma gorra con la que ella se cubrió del sol durante los 16 meses que pasó esperando a las puertas de las cárceles, buscando a un hijo que el Estado ya había enterrado en secreto.
El origen: una caja de bombones y una desaparición
La tragedia de la familia Quero Navas comenzó el 1 de enero de 2025. Víctor Hugo Quero Navas, un comerciante informal de 51 años, karateka y padre de una adolescente, caminaba por los alrededores de Plaza Venezuela, en Caracas. Llevaba consigo una caja de bombones para regalársela a su madre por el inicio de año. Nunca llegó a entregarla.
Víctor fue detenido arbitrariamente por fuerzas de seguridad del Estado. Sin acceso a un expediente claro y bajo un patrón de incomunicación, fue llevado inicialmente a las celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta y posteriormente imputado por un Tribunal de Control con cargos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Desde ese instante, pasó a engrosar la lista de los presos políticos del país, y para su madre comenzó una búsqueda desesperada.
Doce visitas al Rodeo I y un laberinto de mentiras
A sus más de 80 años, Carmen Navas se convirtió en una figura recurrente y dolorosa en el panorama de los derechos humanos en Caracas. Apoyada por la ONG Foro Penal, recorrió al menos 21 centros de reclusión, fiscalías y tribunales. Su petición era desgarradoramente simple: «Solo pido una fe de vida de mi hijo para saber en qué condiciones está».
Su principal foco de búsqueda fue el centro penitenciario El Rodeo I. Carmen acudió allí doce veces. Doce veces se paró frente a los guardias y doce veces le negaron que su hijo estuviera en el lugar.
La burocracia estatal continuó el engaño de manera sistemática:
- En octubre de 2025: Tras una consulta formal, la Defensoría del Pueblo le notificó por escrito a Carmen que su hijo seguía recluido y bajo custodia en El Rodeo I.
- A inicios de mayo de 2026: Desesperados por el deterioro físico de la anciana, la defensa de Quero intentó jugar una última carta y solicitó una amnistía ante el Tribunal Segundo de Control en Terrorismo. El tribunal rechazó el documento y continuó el proceso judicial de manera regular.
Nadie en el aparato de justicia parecía saber —o querer admitir— la verdad.
La verdad desenterrada: diez meses de silencio oficial
La presión de Carmen Navas en medios de comunicación y redes sociales escaló tanto que el caso se volvió insostenible para las autoridades. Finalmente, el jueves 7 de mayo de 2026, el Ministerio para el Servicio Penitenciario emitió un comunicado oficial que dejó al país en vilo.
El Estado admitió lo impensable: Víctor Hugo Quero llevaba diez meses muerto.
Según la versión oficial, Quero fue trasladado desde la cárcel el 15 de julio de 2025 hacia el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo tras presentar una «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo». Diez días después, el 24 de julio de 2025 a las 11:25 p.m., falleció por una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un tromboembolismo pulmonar.
Bajo la justificación de que el detenido «no suministró datos sobre vínculos filiatorios» y que «ningún familiar se presentó a solicitar visita», el Estado procedió a enterrarlo de forma anónima el 30 de julio de 2025 en una tumba compartida, identificada únicamente con un pedazo de papel escrito a mano.
«El hecho de que se negara su paradero en recintos como El Rodeo I mientras ya había fallecido constituye una falta gravísima a la ética pública y una desaparición forzada», denunció la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) en un enérgico comunicado de solidaridad con la madre.
El último adiós en el camposanto
La confirmación visual y la exhumación del cuerpo el 8 de mayo cerraron el doloroso capítulo de la incertidumbre para Carmen Navas, pero abrieron las compuertas de una batalla legal y forense. Organizaciones civiles y la Iglesia católica han exigido que se aplique el Protocolo de Minnesota —un estándar internacional para investigar muertes potencialmente ilícitas bajo custodia del Estado— y que peritos independientes validen los hallazgos ante las graves contradicciones en las fechas de las actas de defunción y los registros de la tumba.
Carmen Navas logró retirar los restos de su hijo para darle una sepultura digna en otro camposanto, lejos del anonimato al que fue condenado. Consiguió la respuesta que buscó durante 16 meses, pero la verdad llegó con el peso de la crueldad institucional: el Estado venezolano la hizo buscar de celda en celda a un hombre que ya llevaba casi un año bajo tierra.
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