Grupos de venezolanos en Estados Unidos, reunidos en la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX) presentaron un informe dirigido al Congreso de Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, en el que alertan sobre el creciente nivel de incertidumbre migratoria que enfrenta la comunidad venezolana en el país.
El documento, con fecha de corte del 22 de agosto, analiza el impacto de los cambios registrados desde 2025 en materia migratoria, entre ellos la terminación y los litigios relacionados con el Estatus de Protección Temporal (TPS), la reducción de determinadas vías de parole, las dificultades y demoras en las autorizaciones de empleo y el aumento de la exposición de algunos venezolanos a procesos de detención y remoción.
Las organizaciones señalan que la situación afecta especialmente a personas que permanecen dentro del sistema migratorio estadounidense con solicitudes de asilo pendientes, protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT), órdenes de supervisión de ICE y otros procesos que no representan una residencia permanente, pero que mantienen a los migrantes vinculados formalmente con las autoridades.
El informe también documenta casos recientes de venezolanos detenidos pese a contar con autorizaciones de empleo o tener procesos migratorios pendientes.
Ante esta situación, VEPPEX y AMAVEX reclaman que las decisiones de custodia sean individualizadas y estén acompañadas de mecanismos efectivos de revisión.
Cuestionan aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros
Otro de los puntos abordados es la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en relación con el Tren de Aragua.
Las organizaciones sostienen que la lucha contra las organizaciones criminales debe sustentarse en investigaciones y evidencias individuales y advierten contra el uso de la nacionalidad venezolana, la apariencia física, los tatuajes o asociaciones circunstanciales como sustitutos de pruebas que demuestren una vinculación criminal.
El informe también expresa preocupación por las remociones de migrantes hacia terceros países. En particular, solicita mayor transparencia sobre los acuerdos que permiten estos traslados y sobre las garantías legales y humanitarias disponibles para las personas afectadas.
Entre los casos analizados figura el acuerdo mediante el cual Liberia aceptó recibir hasta 1.200 nacionales de terceros países durante un período de 12 meses. VEPPEX y AMAVEX solicitan conocer las bases jurídicas de estos procedimientos, las condiciones de recepción y los mecanismos utilizados para evaluar individualmente los riesgos antes de ejecutar una remoción.
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Solicitan acciones al Congreso y al Gobierno
Como parte de sus recomendaciones, las organizaciones plantean tres acciones inmediatas.
Al Congreso de Estados Unidos, solicitan exigir a DHS e ICE información periódica y desagregada sobre las detenciones de venezolanos, así como realizar audiencias de supervisión sobre detención, permisos de trabajo, solicitudes de asilo pendientes, TPS, CAT, withholding of removal y órdenes de supervisión.
A DHS, ICE y USCIS, piden garantizar la continuidad documental y laboral cuando las interrupciones sean consecuencia de demoras gubernamentales, además de aplicar criterios individualizados en las decisiones de custodia.
Al Departamento de Estado, reclaman información al Congreso sobre los acuerdos de remoción hacia terceros países, las garantías ofrecidas por las naciones receptoras y los mecanismos utilizados para determinar los riesgos individuales de cada persona trasladada.
VEPPEX y AMAVEX aclaran que su informe no sostiene que toda detención migratoria sea ilegal ni que tener un trámite pendiente otorgue inmunidad frente a la aplicación de las leyes migratorias.
Su planteamiento central es que los cambios implementados desde 2025 han reducido o vuelto más inestables algunas de las protecciones, autorizaciones laborales y herramientas documentales de las que dependen miles de venezolanos mientras sus procesos migratorios permanecen abiertos.
Las organizaciones sostienen que la aplicación de las leyes migratorias puede realizarse de manera efectiva sin apartarse del debido proceso, la evaluación individual, la protección contra la tortura y el derecho de las personas a cumplir con las exigencias establecidas por el propio sistema migratorio estadounidense.
Finalmente, VEPPEX y AMAVEX anunciaron que los hechos relacionados con el vuelo de deportación del 24 de junio de 2026 serán abordados en un informe especial separado. Ese documento examinará la cronología de los acontecimientos, la documentación disponible, testimonios, condiciones de traslado y recepción, así como las cuestiones jurídicas vinculadas con el caso.
Con información de Alberto News
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