El empresario Alex Saab no comparecerá ante un jurado federal de EE. UU. el 8 de septiembre, como estaba previsto. La causa por lavado de dinero que enfrenta en Miami fue reprogramada para el 16 de noviembre de 2026, después de que sus abogados y la Fiscalía acordaran solicitar más tiempo para examinar las pruebas y organizar sus respectivas estrategias.
La jueza Kathleen M. Williams autorizó el cambio dentro del expediente 1:26-cr-20020-KMW. La vista comenzará a las 9:00 a.m. en la División de Miami del Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Sur de Florida, salvo que una nueva resolución modifique el cronograma.
Antes de esa fecha, Williams encabezará una comparecencia de seguimiento por Zoom el 10 de noviembre, a las 11:00 a.m. Durante esa sesión, las partes deberán informar si están preparadas para iniciar la selección del jurado seis días después o si existen asuntos pendientes que requieran la intervención de la corte.
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El desplazamiento entre las dos fechas representa una demora de 69 días. La decisión respondió a una petición conjunta y no a una acción unilateral de la representación legal del acusado.
Al justificar la prórroga, la jueza consideró necesario conceder un margen adicional para revisar la documentación y preparar una causa financiera de alcance internacional. También estableció que ese interés prevalece temporalmente sobre el derecho del acusado y del público a una resolución rápida.
El periodo comprendido entre el 14 de agosto y el 16 de noviembre quedó excluido del cómputo previsto por la Ley de Juicio Rápido. Saab aceptó esa suspensión limitada, que detiene durante ese intervalo el reloj utilizado para controlar las demoras en los procedimientos penales federales.
La exclusión no cierra el expediente ni modifica los cargos. Si surgiera otra solicitud para extender los plazos, Williams tendría que analizarla por separado y explicar las razones de cualquier demora adicional.
La causa incluye además una orden de protección para determinados materiales entregados por el Gobierno durante el intercambio de evidencia. Los documentos identificados como confidenciales solo podrán ser consultados por Saab, sus abogados y las personas autorizadas a colaborar con el equipo legal.
Las restricciones abarcan al personal de los bufetes, investigadores, consultores, expertos y posibles testigos que necesiten conocer parte del contenido. Ninguno podrá distribuirlo o revelarlo fuera del grupo aprobado por el tribunal.
La Fiscalía solicitó esas condiciones y los abogados del acusado no presentaron objeciones. La disposición tampoco convierte la información en material clasificado ni permite relacionarla automáticamente con asuntos de seguridad nacional.
Las órdenes de este tipo pueden emplearse para proteger registros bancarios, datos personales, identidades de terceros, operaciones comerciales o elementos vinculados con investigaciones que continúan abiertas. Su existencia no demuestra que las pruebas sean verdaderas, pertinentes o admisibles ante el jurado.
Hasta ahora, tampoco hay información pública que confirme una colaboración de Saab con las autoridades, conversaciones para alcanzar un acuerdo de culpabilidad o la intención de cambiar su declaración. La coincidencia entre ambas partes para solicitar más tiempo no constituye evidencia de ninguno de esos escenarios.
El empresario colombiano y exministro venezolano se declaró no culpable de un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios. Si fuera condenado, enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión, según el Departamento de Justicia (DOJ).
La acusación sostiene que Saab y otros participantes habrían pagado sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creados para distribuir alimentos entre sectores vulnerables.
Los fiscales alegan que la red utilizó compañías de fachada, facturas fraudulentas y registros de embarques falsificados para desviar cientos de millones de dólares. Una parte del dinero habría sido transferida u ocultada mediante cuentas bancarias estadounidenses.
El supuesto esquema se habría extendido entre 2019 y enero de 2026. Durante ese periodo, Saab y sus colaboradores habrían obtenido acceso a petróleo perteneciente a Petróleos de Venezuela (PDVSA) para comercializarlo a través de operaciones presentadas de manera engañosa, de acuerdo con el DOJ.
Los ingresos derivados de esas ventas habrían pasado por el sistema financiero de EEUU para promover u ocultar actividades relacionadas con los contratos alimentarios. Las afirmaciones corresponden a la versión de la Fiscalía y deberán ser demostradas más allá de toda duda razonable.
El expediente abierto en 2026 es distinto del iniciado en 2019 por operaciones vinculadas con contratos de construcción y el sistema cambiario venezolano. Ese antecedente quedó cerrado luego de que el entonces presidente Joe Biden concediera clemencia a Saab en diciembre de 2023, como parte de un intercambio que permitió liberar a estadounidenses detenidos en Venezuela.
La nueva acusación lo llevó nuevamente ante la justicia federal de Miami en mayo de 2026. El cambio de fecha no representa una victoria para ninguna de las partes ni anticipa el desenlace. Mientras la Fiscalía prepara su exposición y los abogados examinan los elementos incorporados a la causa, Saab mantiene su declaración de no culpabilidad y la presunción de inocencia.
Con información de NTN24
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