La plenaria de la Asamblea Nacional (AN), comenzó este martes la segunda discusión del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, promovida por el diputado Diosdado cabello, para controlar el financiamiento de estas instancias.
Se cumplió un año desde la aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, una normativa que busca establecer un sistema uniforme para la creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo de las organizaciones no gubernamentales y afines; y a su vez controlar el manejo económico y financiamiento de dichas organizaciones.
Un grupo de ONG internacionales alertaron acerca del peligro que se cierne sobre estas organizaciones en Venezuela, debido a la ley que redacta la Asamblea Nacional para controlarlas.
Ante la privación de libertad de decenas de personas anunciada por el fiscal Tareck William Saab, dentro del grave escándalo por la corrupción estructural en el país, organizaciones de derechos humanos reafirman la necesidad de que se respeten y garanticen en todo momento los DD.HH. previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado venezolano, en las investigaciones y sanciones a funcionarios involucrados en la presunta malversación y desvío de recursos públicos.
Un total de 35 ONG de Venezuela pidieron este lunes que se respeten los derechos humanos previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado, para todos aquellos funcionarios y empresarios investigados por presuntos hechos de corrupción
En la avalancha de nuevos trámites burocráticos con los que el chavismo pretende ahogar a las organizaciones de la sociedad civil destaca uno: la exigencia de presentar ante la Contraloría General de la República (CGR) la declaración jurada de patrimonio.
Un total de 93 organizaciones de la sociedad civil enviaron este jueves una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para solicitar su intervención ante las autoridades del país para que desestimen el proyecto de ley para fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG, aprobada recientemente por el Parlamento oficialista.
La ley de regulación y fiscalización de organizaciones no gubernamentales, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional es una amenaza contra todas las ONG.
Mariela Ramírez, integrantes del Movimiento Ciudadano Dale Letra y vocera del Foro Cívico, denunció que el Proyecto de Ley de Fiscalización y Financiamiento de ONG y Afines, está diseñado para vulnerar los derechos humanos de libertad de asociación, participación y actuación de la ciudadanía.
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes, en primera discusión el Proyecto de Ley “de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”.
– La Unión Europea (UE) condenó este sábado la decisión de los talibanes de prohibir a las mujeres en Afganistán trabajar en ONG y afirmó que evalúa el impacto que tendrá en su actividad humanitaria sobre el terreno.
La ONG Líderes Libres y un reducido grupo de periodistas protestaron este viernes en Caracas por el cierre «sistemático» de medios de comunicación en Venezuela, donde -aseguran- han cerrado más de un centenar de emisoras radiales en lo que va de año por orden del Gobierno, según las denuncias de los manifestantes.
Varias ONG de Venezuela, agrupadas en la plataforma Ruta Verde, recogieron este domingo firmas en Caracas para respaldar la despenalización del aborto en el país.
La ONG Aid For Live repartió este sábado ropa a decenas de migrantes, en su mayoría venezolanos, y que fueron enviados en autobuses a Nueva York por las autoridades del estado fronterizo de Texas
Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) se documentaron durante el segundo trimestre de 2022 al menos 201 casos de persecución y criminalización ejercidos por la administración de Nicolás Maduro como parte de su política de Estado para permanecer en el poder.
En Venezuela se registraron 214 ataques e incidentes de seguridad contra activistas de derechos humanos durante los primeros seis meses de 2022, informó este lunes la ONG local Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
La plataforma Alerta Venezuela, que agrupa a cinco ONG del país caribeño, denunció este domingo una «nueva arremetida» contra activistas por los derechos humanos, trabajadores humanitarios y sindicalistas.
Organizaciones regionales de defensa de la libertad de expresión en América Latina emitieron un comunicado conjunto en el cual rechazaron el proyecto “Ley de Cooperación Internacional, que se redacta en la Asamblea Nacional chavista, por considerarla «un riesgo para la existencia de las ONG al violentar la libre asociación”.
La demanda interpuesta por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, contra dos activistas que pidieron una investigación sobre su responsabilidad indirecta en ejecuciones extrajudiciales representa, según varias ONG de Venezuela, un cerco progresivo a entidades pro derechos humanos.
El cerco contra las organizaciones de la sociedad civil sigue. El oficialismo ha vuelto a fijar su objetivo contra uno de los últimos espacios fuera de su control: la sociedad civil organizada.