Solicitar auxilio judicial para que un Ministerio Público cuestionado por ellos mismos los auxilie, fue llegar al absurdo de pretender demostrar que el nuevo juicio era sobre cosa juzgada; o quizás intentar demostrar que las afirmaciones sobre mi persona hechas por la periodista estrella eran verdaderas.
En forma general, en Venezuela la persecución del delito es una competencia exclusiva del Ministerio Público con la excepción de los pocos delitos que el Código Penal califica como de instancia privada. El delito de difamación es una de esas excepciones.
Retomar una coherente narrativa sobre las incidencias del segundo juicio nos obliga a retroceder en el tiempo hasta el mes de abril de año 2005.
En la entrega anterior relatamos que algunos partidos de la oposición se retiraron de la contienda electoral de diciembre de 2005 por lo que se disipó la «impunidad parlamentaria» para la periodista estrella.
En la entrega anterior, expuse sobre el recurso de interpretación del artículo 200 constitucional. Para su revisión el Tribunal Supremo de Justicia designó como ponente al magistrado Jesús Eduardo Cabrera quien según personas allegadas, desde que lo leyó mostró interés e hizo varios comentarios positivos por las interrogantes planteadas.
En las anteriores entregas de esta narrativa, he señalado con detalles las llagas jurídicas sobre la inmoral postulación de Ibéyice Pacheco como diputada a la Asamblea Nacional y el porqué de la necesidad de presentar un recurso de interpretación ante al TSJ.