Protección legal al adulto mayor. Derechos del adulto mayor o tercera edad. En Venezuela no contamos todavía con una ley especial sobre esta materia. Existen normas diseminadas que procuran proteger a nuestros ancianos pero aún insuficientes. Sobre todo ante la discriminación, abuso y abandono al que pública y frecuentemente vemos que son sometidos.

¿SE NECESITA UNA LEY ESPECIAL QUE BRINDE PROTECCIÓN LEGAL AL ADULTO MAYOR?:

Quien suscribe opina  que la respuesta es obvia y en sentido afirmativo.

No obstante, la Asamblea Nacional Constituyente haberse declarado, en sesión permanente para discutir los derechos del adulto mayor, el poder legislativo sigue en mora con ellos. A pesar que durante tanto tiempo fueron protagonistas de la construcción de nuestro país.

Los derechos de la tercera edad deben consagrarse en forma progresiva:

tal y como ocurre con los derechos de los menores. No basta poner en práctica programas de protección para los adultos mayores a través de las Alcaldías.

El Estado debe restablecer la dignidad y protección a la tercera edad:

El Estado debe aportar el financiamiento necesario dentro de la partida presupuestaria para atender  a este régimen con recursos fiscales.

Explicado lo anterior veamos, los avances en esta materia

NORMAS VIGENTES EN NUESTRO PAÍS SOBRE LA PROTECCIÓN LEGAL AL ADULTO MAYOR:

Tenemos dispositivos normativos dispersos y complicados de manejar. Unos con una visión de asistencia y otros imponiendo contribuciones fiscales.

LA NORMA CONSTITUCIONAL:
Artículo 82: 

los adultos mayores tienen derecho a una vivienda adecuada.

Artículo 83:

todas las personas tienen derecho a la protección de la salud.

Artículo 80:

El Estado garantizará a los ancianos el pleno ejercicio de sus derechos, atención integral y beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida.

Artículo 135:

las responsabilidades del Estado en virtud de la solidaridad social y asistencia humanitaria, no excluyen a las que correspondan a los particulares según su capacidad. El sector público y privado, individual y colectivo debe participar activamente en la garantía de protección de aquellos sujetos que por razones diversas atraviesen un estado de necesidad. Es decir, existe una responsabilidad solidaria frente al Adulto Mayor

Artículo 86:

toda persona tiene derecho a la seguridad social a la protección en contingencias por enfermedades, discapacidad y  riesgos laborales. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. 

Para finalizar y según el artículo 23:

los tratados relativos a derechos humanos prevalecen si contienen normas más favorables a las establecidas en las leyes de la República.

Así tenemos:

NORMAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR QUE TIENEN APLICACIÓN EN VENEZUELA:
Convenios de la O.I.T., ratificados por Venezuela:
1) Convenio 128 relativo a las Prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivientes 1967, en su Parte III:

también regula las prestaciones de vejez en el mismo sentido.

2) Convenio 118 relativo a la Igualdad de Trato de Nacionales y Extranjeros en Materia de Seguridad Social 1962:

trata las ramas de la seguridad social y las prestaciones de vejez.

3) Convenio 102 sobre Seguridad Social 1952, en su Parte V:

regula las prestaciones de vejez disponiendo que todo Estado miembro deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez.

4) La Convención Interamericana Sobre La Protección De Los Derechos Humanos De Las Personas Mayores 2015:

lamentablemente no ha sido ratificada por Venezuela.

LA NORMA SUSTANTIVA:
Artículo 284:

que prevé la obligación de los hijos de suministrar a sus padres mantenimiento si así lo requieren.

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES: 

Establece el régimen de seguridad social del personal. Consagra el derecho a los Oficiales y Suboficiales Profesionales de Carrera que pasen a la situación de retiro o cese de funciones y el personal de Tropa Profesional que sea retirado.

DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO:

Recoge la previsión social a favor de la protección en la vejez. La pensión por vejez es vitalicia y se comienza a pagar siempre que se tenga derecho a ella, desde la fecha en que sea solicitada.

RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL:

El derecho a la jubilación, exclusivo de los funcionarios de carrera, se adquiere cuando el funcionario haya alcanzado la edad de 60 años si es hombre o de 55 si es mujer.

EL ESTADO LARA Y SU LEY DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR 11/08/2005:

ordena los beneficios del adulto mayor, a saber: salud, asistencia jurídica gratuita, trato preferencial, beneficios en transporte público, asistencia en educación, prestaciones económicas, entre otras.

Prevé  las casas de vida prolongada, las gero-granjas y sanciones a quienes infrinjan esta Ley.

Es un excelente ejemplo de protección integral a la tercera edad.

(Saber más)

¿QUÉ DEBE CONTENER UNA LEY ESPECIAL SOBRE PROTECCIÓN LEGAL AL ADULTO MAYOR?:

Consideramos que debe prever automatizar el sistema de pago de pensiones a los adultos mayores para que al cumplir 55 años las mujeres y 60 años los hombres, accedan a este derecho. Así como erradicar la discriminación.

Con especial referencia al fomentar la sensibilización de la sociedad con el adulto mayor.

Y contener políticas de acceso a la salud, incorporación al sistema productivo y protección en general sobre todo cuando estén en condiciones que no puedan por si mismos satisfacer sus necesidades.

(Saber más)

REFLEXIÓN:

Nuestros adultos mayores son discriminados de múltiples formas empezando desde el propio seno del hogar, donde su propia familia les excluye.

La tendencia es verlos como improductivos, ineficientes, enfermos y decadentes.

Como abogados en ejercicio debemos impulsar desde nuestros respectivos espacios, que al adulto mayor le  sean reconocidos sus derechos en normas sustantivas que procuren un verdadero balance entre lo garantista, asistencialista e impositivo.

Este Escritorio Jurídico se suma a esa tarea.

 

Dra. Ana Santander.

Abogado UCAB

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