Informe del Departamento de Estado no es inocuo, traerá consecuencias

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Las acusaciones de Estados Unidos contra  el régimen de Nicolás Maduro, acerca de sus lazos con grupos terroristas no quedará allí.  La posición del Departamento de Estado podría acarrear  la calificación de los organismos de seguridad del régimen como terroristas.

Mike Pompeo, secretario de Estado, culpa al madurismo y sus socios de utilizar el crimen como mecanismo para mantenerse en el poder. También le hace responsable de facilitar un “ambiente permisivo” para que agrupaciones terroristas conocidas, como los “disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional colombiano y simpatizantes de Hezbolá”, controlen operaciones financieras ilícitas en Venezuela.

Diego Area, del centro de pensamiento Atlantic Council, anticipa tres grandes opciones de Estados Unidos para presionar a Nicolás Maduro en el futuro inmediato tras las conclusiones del secretario de Estado sobre el terrorismo global.

El primer paso contemplaría la designación del ejecutivo madurista como un Estado promotor del terrorismo, como ocurrió con Siria e Irán, pero Area, experto en asuntos venezolanos, no cree probable esa alternativa.

“El problema es que Estados Unidos no reconoce al gobierno de Maduro como un gobierno legítimo. Por ende, no lo puede designar como un Estado promotor del terrorismo”, expresa.

Otro paso sería apostar por designar como organizaciones terroristas internacionales a fuerzas policiales y militares vinculadas al madurismo, como los servicios de inteligencia venezolanos del Sebin y la Dgcim.

Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana también están incluidas constantemente en la lista de organismos oficiales que sistemáticamente violan los derechos humanos de los venezolanos. Las Naciones Unidas, incluso, exigieron su disolución de las FAES en 2019.

“Han perpetrado sistemáticas violaciones de derechos humanos y son grupos con relaciones con el ELN y disidentes de las FARC”, comenta Area.

El experto señala una tercera opción para Estados Unidos ante Venezuela en la lucha antiterrorista: que el presidente Donald Trump ejerza los poderes especiales otorgados a su cargo por la orden ejecutiva 13224, firmada en septiembre de 2001 por el exmandatario George W. Bush, tras los atentados a las Torres Gemelas.

El conflicto venezolano, dice, es una de las aristas primordiales de la campaña presidencial en Estados Unidos y ello, a su entender, podría arar el camino para una acción de esta naturaleza antes de las elecciones de noviembre.

Douglas Farah, experto en seguridad y en crimen organizado transnacional, opina que el reporte de Pompeo endurece el discurso antiterrorista contra Venezuela y simboliza nuevos argumentos de peso para penalizar al madurismo como un “régimen criminalizado”.

“Estados Unidos está escalando su presión al régimen. Es fácilmente comprobable que FARC y ELN operan en Venezuela y que Hebzolá tiene una presencia elevada, que va creciendo”,  dijo.

Farah, presidente de la firma IBI Consultants, razona que sería relativamente sencillo comprobar las vinculaciones del madurismo con las FARC, el ELN o el Hezbolá.

Recuerda que las organizaciones mencionadas en el apéndice de Venezuela ya han sido designadas como grupos terroristas y son consideradas como tales en la región.

Con información de VOA

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