Intimidación, amenazas y censura: la nueva realidad del periodismo venezolano

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 Intimidación, amenazas y censura fueron las tres realidades a las que tuvieron que enfrentarse los periodistas venezolanos en junio. Según la ONG Espacio Público, el mes pasado cerró con 28 agresiones que suman 64 violaciones a la libertad de expresión.

Las víctimas son en su mayoría son periodistas (45%), seguidos por trabajadores de la prensa (20%) y plataformas web (12%); mientras que los victimarios más frecuentes fueron los cuerpos de seguridad,  instituciones del Estado y funcionarios.

Con las cifras de junio se acumulan 623 violaciones al derecho, entre las que destacan -solo este mes- 15 detenciones a periodistas y trabajadores de la prensa; lo que evidencia la agudización de los ataques en contra de quienes ejercen la libertad de expresión en un contexto restrictivo.

Detenciones en aumento

En junio se registraron 15 detenciones, la mayoría de estas a periodistas que realizaban coberturas de calle a distintos hechos noticiosos relacionados con la crisis de gasolina; y otros por realizar comentarios en redes sociales.

Uno de estos casos es el del locutor y exconcejal Jorge Cortez, quien fue detenido por funcionarios de PoliLagunillas, mientras grababa una serie de entrevistas en la estación de servicio Las Morochas de la región zuliana, el lunes 1 de junio.

Cortez, quien también es propietario de dos emisoras FM, fue liberado la noche del 4 de junio tras permanecer detenido por más de 72 horas en el Circuito Judicial de Cabimas, estado Zulia.

Otro caso resaltante es el de la periodista y productora de FM Center, Carol Romero, quien estaba el jueves 4 de junio cerca de las 6:00 am en una manifestación por falta de gasolina que se produjo en el Km 7 de El Junquito.

Los vecinos de la zona cerraron la calle y Romero comenzó a grabar la protesta. Los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la abordaron violentamente agrediéndola y le arrebataron el teléfono con el que grababa, causándole lesiones.

Romero estuvo desaparecida y detenida por más de 30 horas, siendo excarcelada luego de su audiencia de presentación ante Tribunales, el viernes 5 de junio.

La Juez desestimó la imputación por «alteración del orden público», pero mantuvo la acusación de «lesiones a funcionarios», pues supuestamente la periodista agredió al GNB que la abordó en la protesta; le impusieron una medida cautelar que le impide hablar del caso al menos durante dos meses.

Una situación similar vivió el equipo periodístico del portal Venezolanos por la Información (VPITV) cuando fueron detenidos por funcionarios de la GNB, mientras realizaban entrevistas en la estación de servicios PDV en Chuao, Caracas, el viernes 5 de junio.

Luis Patiño, Jhonatan Bello, Dangert Zorrilla y Oscar Avilez fueron abordados por efectivos de la GNB luego de que estos obtuvieran los testimonios de las personas que hacían la cola para surtir gasolina en esa estación de servicio.

Al equipo de VPI lo despojaron de sus documentos de identidad y detenidos durante más de una hora con la amenaza de que serían trasladados a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta.

Al menos 40% de las violaciones a la libertad de expresión durante el mes de junio corresponden a intimidación. Los cuerpos de seguridad utilizan esta acción para impedir a los periodistas y ciudadanos ejercer su legítimo derecho a difundir información.

Otra víctima en junio, fue la periodista y coordinadora del portal digital 800Noticias, Luisa Mimi Arriaga, detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en su residencia en El Hatillo, estado Miranda, el jueves 18 de junio.

A su caso se suma la detención del periodista Marco Antoima, con la orden del Tribunal 47 de Control una vez transcurridas 24 horas de la aprehensión de Mimi Arriaga.

Ambos comunicadores, exempleados del canal Venevisión,  fueron vinculados con el manejo de cuentas anónimas en redes sociales para presunta difamación y extorsión; junto a otros dos periodistas que están fuera de Venezuela: Rita Di Martino y Rafael Garrido.

El 22 de junio, el Tribunal 47 de Control del Área Metropolitana de Caracas otorgó medidas de arresto domiciliario a ambos, además de prohibirles la salida del país y de divulgar «mensajes que inciten al odio» en medios.

El Tribunal les imputó el delito del artículo 20 de la insconstitucional «ley» contra el odio, por la supuesta vinculación a la cuenta @VVSinCensura y @VVPeriodistas desde donde se difunden mensajes contra Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.

Este martes, funcionarios del Cicpc volvieron a detener a Arriaga, pese a que ella tiene medidas cautelares. la detuvieron porque todavía está vigente la orden de aprehensión en su contra. Aunque poco tiempo después fue liberada.

Con información de Espacio Público

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