Este jueves, la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, aprobó la Ley Antibloqueo presentada apenas hace unos días por Nicolás Maduro. Aunque el supuesto propósito de la norma es ir «contra las sanciones de los Estados Unidos», lo que pretende es abarcar todas las ramas del Estado.
Esto se demuestra en el artículo 19 de la Ley: “Cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños (de las sanciones)” el Ejecutivo procederá a “inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente”.
El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, enfatizó que esta norma no está por encima de la Constitución.
La norma consta de 44 artículos y crea un Centro Internacional de Inversión Productiva, cuyas funciones son «la promoción de negocios en el país».
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El capítulo III crea un sistema de reserva controlada de las operaciones para «proteger» a los aliados y socios de Nicolás Maduro.
La ley, además, declara “secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas” que impliquen inaplicación de normas, lo que prohíbe, ahora formalmente, el control legislativo del Ejecutivo y que los ciudadanos conozcan en tiempo real cómo se manejan dineros públicos.
Esta confidencialidad se deberá mantener “hasta 90 días posteriores al cese” de las sanciones o circunstancias que hayan “propiciado la situación”.
La ley señala que el destino de los recursos extraordinarios que esta ley pueda generar se dedicarán a los programas sociales y a fortalecer el salario de los trabajadores.
Este blindaje “antibloqueo” otorga también facultades al Ejecutivo para la “celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios” para la protección de activos nacionales, así como para “impedir o revertir actos o amenazas” que atenten contra las riquezas de la república.
Igualmente, faculta al régimen a tomar todas las medidas para defender, reorganizar y reimpulsar a todos los activos empresariales del estado, tanto dentro como fuera de Venezuela.
«Recordemos que una vez que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) apruebe el texto de esta Ley constitucional, el Ejecutivo lo presentará ante el Consejo de Estado para que este organismo solicite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) su opinión sobre la constitucionalidad de esta Ley Antibloqueo», explicó Diosdado Cabello.
La propia barbarie hecha ley. Cual titanes sin Dios, sin ley, sin control y sin límites!