Día Mundial de la Libertad de Prensa; por Jesus Peñalver

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“Mi columna vertebral,
que no se ha doblado nunca,
sino ante la máquina de escribir”.
Andrés Eloy Blanco (7-12-45)

Conforme lo ha dispuesto la UNESCO, cada año, el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión.

Siento una especial admiración por los periodistas, la cual se ha visto acrecentada en tiempos en que para hablar o musitar alguna palabra, pareciera ser necesario usar preservativos. La democracia debe gozar de ese bien que es el periodismo, y por ende de los profesionales serios, honestos y capaces que lo ejerzan y contribuyan con su meritorio trabajo a sustentarla y fortalecerla.

El ejercicio del periodismo, que es decir libertad de prensa, en esas condiciones, comporta restricciones, cortapisas y óbices a los actos de corrupción. De un lado, sirven como mecanismo de control independiente de la función pública, y si se quiere, también de sectores privados de la sociedad. Y de otro, ¡qué duda cabe!, sirven de muleta importante a la sana e imparcial administración de justicia, aportando elementos probatorios.

La sociedad es beneficiaria directa de la actuación de los comunicadores, de allí que especialistas sostengan que el periodista “es un bien social que debe desempeñarse en adecuadas condiciones”. Se me antoja preguntarme ¿está el Estado cumpliendo a cabalidad con su función superior de garantizar que las aludidas condiciones se den o se aseguren cabalmente?

Vale recordar el artículo 19 constitucional, cuyo contenido establece un régimen en materia de derechos humanos, indicando como obligación del Estado garantizar a toda persona, conforme al principio de progresividad y de no discriminación, el goce y ejercicio irrenunciable e indivisible de los derechos humanos, siendo su respeto y garantía de acatamiento obligatorio para todos los órganos del Poder Público, de conformidad con la Constitución, los Tratados que versen sobre la materia, suscritos y ratificados por la República, las leyes que los desarrollen, así como de todos aquellos derechos que no estén expresamente establecidos, tal como lo dispone el artículo 22 del mismo texto superior.

Cuando el Estado no está dispuesto o carece de la voluntad suficiente para garantizar tales condiciones, la sociedad suele recurrir a las llamadas ONG que, dicho sea de paso, probablemente serán regidas por una Ley especial, que sirven para canalizar denuncias de atropellos, de injusticias y hostilidades provenientes de cualquier sector, público o privado. Pero también es cierto que las condiciones que aseguren el libre ejercicio del periodismo deben, al propio tiempo, vigilar a fin de que esa actividad no se convierta en una forma de propaganda política partidista ni gobiernera, y tampoco de poderes económicos o de grupos empresariales de alto vuelo.

Eso que llaman hoy “Contraloría Social”, se me parece tanto a la labor periodística cuando los profesionales de la comunicación se proponen, afanosamente, acceder a la información que maneja el gobierno, lo cual debería traducirse en una tarea relativamente fácil, cómoda y libre. Por ello, no debe haber impedimentos para que los periodistas, sirviendo de una suerte de puente, accedan a todo dato informativo que dé luces sobre la gestión de los funcionarios públicos, quienes están sometidos al escrutinio público y tienen la obligación de rendir cuentas de su gestión.

A veces esa labor los convierte en una piña bajo el brazo para el rojo régimen, en enemigo de la gestión pública; pero no de aquella gestión transparente y pulquérrima, sino de la corrupta, de la que oculta, de la que comete delito contra el erario. De allí la necesidad de que sea el gobierno el primero en propiciar la defensa, el amparo y protección de los periodistas, y perseguir y castigar a todo el que atente contra la libertad de prensa, de expresión y del ejercicio mismo del periodismo.

Juan Guglieni propuso a la constituyente de 1947, elevar a rango constitucional, al que popularmente se conocía como 4° poder “la prensa”. De aprobarse esa propuesta, advirtió Andrés Eloy Blanco, la prensa quedaría sometida a las limitaciones sancionadas para los otros tres poderes. Andrés Eloy quería a la prensa libre en todos los sentidos: que no hubiera ley que la reglamentara.

El poeta quería que los periodistas no levantaran cercas gremiales a su profesión; que cualquiera pudiera editar periódicos. Que los dueños de éstos no controlaran las opiniones de quienes escribían en ellos.

A Andrés Eloy, a quien le tocó ser periodista bajo una dictadura, le parecía insoportable que los gobiernos controlaran la prensa. El grande poeta siempre pidió libertad irrestricta para los medios.

Ni censura oficial ni censura capitalista.

Por mi parte, en esta hora aciaga ni nunca callaré. No bajaré persianas a mis ojos ni dejaré de escuchar. No haré silencio.

Curadas / Vía Jesus Peñalver

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