CPI desiste de investigar a Colombia por crímenes cometidos durante conflicto

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La Corte Penal Internacional (CPI) decidió archivar las investigaciones preliminares contra Colombia por las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto interno, anunció este jueves su fiscal, el británico Karim Khan.

«Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales (…) me complace decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar», dijo Khan acompañado por el presidente de Colombia, Iván Duque, en la sede de gobierno en Bogotá.

Desde 2004, la CPI investigaba los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el conflicto que desde hace seis décadas desangra al país.

La corte indagaba de manera preliminar esas violaciones, ante la sospecha de que no fueran juzgadas cabalmente.

El fiscal Khan dijo que durante su visita a Colombia pudo constatar que las instituciones colombianas están «cumpliendo sus responsabilidades constitucionales» y «miles de personas están siendo investigadas» por sus delitos. 

«Si se han realizado esfuerzos auténticos para cerrar la brecha en la impunidad, nosotros no tenemos el derecho de sobreponernos al sistema nacional», añadió Khan. 

Duque celebró que las declaraciones del fiscal son un reconocimiento a la «solidez institucional» de su país. «Colombia ha mostrado que aquí hay sentencias, que aquí hay condenas, que aquí hay reparación y sobre todo que se hace un esfuerzo muy grande por la verdad», aseguró.

En un comunicado, la CPI determinó que Colombia está «genuinamente» capacitada para juzgar los crímenes castigados en el Estatuto de Roma.

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Compromiso de Duque

Khan halagó el papel de la Justicia Especial de Paz (JEP), el tribunal surgido del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la exguerilla de las FARC para investigar los peores crímenes del conflicto que deja más de nueve millones de víctimas.

Duque ha sido uno de los mayores contradictores del histórico pacto firmado por su antecesor, el Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. Y, en 2019, la justicia ordinaria rechazó una propuesta del mandatario para reformar esa jurisdicción.

Pero ante la CPI el gobierno asumió un compromiso para «asegurar que la JEP reciba el espacio que necesita para realizar su trabajo» y otorgarle fondos estatales sin «ningún tipo de interferencia política», según Khan.

Desde 2017, ese tribunal ha imputado a excomandantes de las FARC por el secuestro de al menos 21.000 personas y el reclutamiento de 18.000 menores. 

También a altos militares por las ejecuciones extrajudiciales de más de 6.400 civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. La JEP espera dictar sus primeras sentencias a finales de este año o inicios de 2022. 

No obstante, Khan advirtió que si se da «un cambio radical» y la JEP no tiene el espacio debido, las investigaciones preliminares podrían ser reabiertas.

La Corte Penal Internacional «puede retomar e impulsar enérgicamente los procedimientos de investigación en Colombia, tan pronto como advierta incumplimientos de lo convenido», anotó la JEP en un comunicado.

El director para las Américas de la ONG internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, criticó en Twitter la determinación anunciada este jueves por «prematura, equivocada y contraproducente».

La Justicia Especial de Paz ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas e impondrá condenas de hasta 20 años a quienes no aporten verdad en sus procesos. 

La CPI destacó que es el primer acuerdo de este tipo celebrado por esa oficina y un Estado miembro, y servirá «para garantizar que los procesos internos de justicia transicional en Colombia sigan su curso».

Con información de agencias

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