Proyectan aumento de migrantes y refugiados venezolanos en Aruba y Curazao

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Las proyecciones de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) en Aruba y Curazao indican que a finales de 2022 habrá un total de 19.000 migrantes y refugiados venezolanos en cada una de estas islas.

La plataforma dio a conocer datos de estas estimaciones que sugieren que el desplazamiento de los migrantes venezolanos a estas islas del Caribe Neerlandés seguirá aumentando paulatinamente, lo que plantea un doble reto en simultáneo: las necesidades también serán mayores, no solo para estas comunidades que huyen de la crisis económica de Venezuela, sino también para la población local, reseña el portal Crónicas del Caribe.

En la actualidad, se calcula que 17.000 venezolanos residen en Aruba y otros 14.200 en Curazao. Ya con esta cifra se han identificado “necesidades grandes”, según reitera R4V, para la atención de esta comunidad, sobre todo en lo que respecta a la “regularización y fortalecimiento del acceso al sistema de asilo o protección internacional, el acceso a derechos y servicios básicos, y la entrega de asistencia humanitaria”.

Otro tema que amerita especial atención es el abordaje de la violencia basada en género y otros riesgos como la trata y tráfico de personas, ante los que las comunidades migrantes son tradicionalmente más vulnerables.

El 9 de diciembre de 2021, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, presentaron un plan regional de 1.790 millones de dólares para apoyar las crecientes necesidades de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe. En el documento oficial, se precisa que los migrantes y refugiados venezolanos ya superaron la barrera de los 6 millones.

Necesidades agravadas por la pandemia

La inseguridad alimentaria y el acceso al alojamiento son las necesidades predominantes en la comunidad venezolana en Aruba y Curazao, precisó R4V.

“Debido a la pandemia, muchas personas refugiadas y migrantes no pueden satisfacer sus necesidades básicas, por lo que se enfrentan cada vez más a riesgos de protección como la violencia basada en género (GBV) y a mecanismos de supervivencia que los exponen a un mayor riesgo de violencia, abuso y explotación”, exponen en un documento compartido con esta redacción.

Las 27 organizaciones que atienden a los refugiados y migrantes venezolanos en el Caribe calculan que requerirán, al menos, $68,4 millones para responder a las necesidades antes señaladas en naciones como Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, Guyana y República Dominicana.

Las tres prioridades de la respuesta en estos países serán:

1-. Prevenir, mitigar y responder a los riesgos de protección enfrentados por los refugiados y migrantes en los países de acogida.

2-. Entregar bienes y servicios esenciales (incluyendo alimentos, artículos no alimentarios, alojamiento y artículos de higiene), asistencia multisectorial y sectorial en transferencias monetarias (incluyendo lo concerniente a la salud y apoyo psicosocial).

3-. Incrementar las oportunidades de integración, incluyendo la posibilidad de alcanzar un empleo digno a través del acceso a la documentación y servicios públicos esenciales enlazados a derechos fundamentales, como la educación y salud, así como también abogacía para la inclusión de personas refugiadas y migrantes en mecanismos nacionales de protección social.

Promover la regularización y el acceso al asilo

R4V indica que aunque varios países de la región ya están dando “pasos muy importantes” para regularizar a los migrantes venezolanos, aún se debe insistir mucho más para que estas iniciativas crezcan y se mantengan en el tiempo.


“Por ejemplo, República Dominicana inició en 2021 un proceso de regularización que se espera que beneficie a 100.000 personas venezolanas. Curazao también ha llevado a cabo una iniciativa para regularizar a ciertas personas refugiadas y migrantes que cumplen con algunos criterios. Trinidad y Tobago amplió los permisos de estancia concedidos inicialmente a través de un registro impulsado por el gobierno. Iniciativas como estas son fundamentales, pues las personas que viven en situación irregular y sin documentación corren un riesgo especial de sufrir abusos y explotación, y tienen dificultades para acceder a sus derechos básicos y quedan excluidas de los servicios sociales. El estatus regular abre la puerta a que las familias venezolanas se integren localmente y contribuyan a los países de acogida”, detallaron.

Por esta misma razón, uno de los objetivos centrales de la Plataforma Subregional del Caribe para 2022 será “promocionar y apoyar el establecimiento y acceso a los sistemas de regularización y asilo”, así como también para el “acceso al territorio y el respeto de los derechos humanos, incluyendo el principio de no devolución, el debido proceso para el examen de los casos de personas detenidas en situación irregular, y el apoyo a los procesos de regularización de los gobiernos”.

El mensaje para las comunidades de acogida gira en torno a “mantener la solidaridad que han demostrado en los últimos años”, así como también a “reconocer los beneficios que la inclusión de todas las personas representa para las comunidades y para el desarrollo de sus países”.

Ponerse en los zapatos de la comunidad migrante

R4V mantiene una campaña activa en redes sociales y en su sitio web a través del cual resume, con ejemplos reales, las dificultades que atraviesan hombres y mujeres venezolanas que buscan una nueva oportunidad de vida en las islas del Caribe.

A través de testimonios concretos resumen las condiciones que llevan a los venezolanos a huir y el panorama de incertidumbre, limitaciones y atropellos que sufren en las islas una vez que intentan rehacer sus vidas.

Este es uno de los testimonios que destacan en una sección animada del sitio web de R4V:

“Rosmary tiene 28 años y era enfermera en Venezuela. Allí vivía con sus hijos Mariana, de 8 años, y Osmar, de un año y medio. Su trabajo como enfermera le generaba pocos ingresos y, además, Rosmary llevaba más de seis meses trabajando sin recibir su sueldo.

Después de organizar una protesta pacífica junto con sus colegas para solicitar el pago de los sueldos pendientes, Rosmary recibió amenazas.

La falta de ingresos para cubrir necesidades básicas y las amenazas la llevaron a salir de Venezuela junto a sus dos hijos. Ahora Rosmary vive en un país del Caribe donde no se habla español, no ha podido regularizar su situación migratoria y, por ende, tampoco ha podido revalidar su título para ejercer como enfermera y así apoyar a la respuesta a la COVID-19. Su situación migratoria le pone en peligro de ser detenida y deportada, y también dificulta su posibilidad de acceder a programas nacionales de protección social (como subsidios habitacionales o por desempleo). Ha enfrentado discriminación cuando intenta buscar trabajo, y mucha presión – debido a estigmatización por ser una mujer venezolana – para ejercer trabajo sexual. Para poder alimentar a sus hijos, ha recurrido al sexo por supervivencia”.

Con información de Crónicas del Caribe

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