El chavismo controla nombramiento de miembros del TSJ, denuncia ONG

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La ONG Acceso a la Justicia denunció este viernes que, con la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobada el pasado martes, el chavismo «optó por retener el control político que ejerce desde hace dos décadas para la designación de los magistrados» de esa corte.

«(El chavismo) dejó en claro que eran falsas las ofertas de una ‘reinstitucionalización a fondo’ del sistema judicial, pues desechó los tibios cambios para mejorar la independencia del máximo juzgado y optó por retener el control político que ejerce desde hace dos décadas para la designación de los magistrados», afirmó la organización en un comunicado.

Dicha reforma, que redujo de 32 a 20 el número de magistrados del TSJ, incluye que «la mayoría de los integrantes» del comité de postulaciones de magistrados sean diputados.

«Con este giro queda en claro que el chavismo nunca tuvo intenciones reales de avanzar en la recuperación de la autonomía del TSJ y que desea seguir ejerciendo control político sobre las designaciones de los miembros del máximo juzgado», consideró Acceso a la Justicia.

Además, subrayaron que «la cooptación de este organismo por parte del partido en el Gobierno ha permitido a su vez la colonización del sistema de justicia».

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A juicio de la organización, «pese a que la modificación reduce los magistrados de los 32 actuales a 20, también abre la puerta para que los actuales integrantes del organismo rector del Poder Judicial puedan continuar en sus puestos, lo que es inconstitucional».

Precisamente, la Asamblea Nacional nombró una comisión preliminar de diputados del comité de postulaciones judiciales que deberá seleccionar a los candidatos a magistrados del TSJ.

Acceso a la Justicia, en cambio, cree que la reforma de la ley tiene varios aspectos positivos, entre ellos, «la prohibición de que la Sala Constitucional legisle mediante sus sentencias».

Otra novedad respecto del proyecto es que restringe la competencia de la SC para modificar leyes. Señala que, si la interpretación judicial implicara algún cambio legal, la Sala debe comunicarlo a la AN para que esta realice las respectivas modificaciones.

Janet Yucra

Con información de Efe

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