BOGOTÁ — La espesa selva del departamento del Guaviare, en el centro-sur de Colombia, se ha convertido en el escenario de una de las peores tragedias armadas de la última década. En una escalada violenta que ha conmocionado al país a solo días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, intensos combates entre dos facciones rivales de las disidencias de las FARC han dejado un saldo de al menos 48 personas muertas, según confirmaron fuentes militares y líderes comunales de la región.
Los enfrentamientos comenzaron a principios de esta semana en una zona rural extremadamente remota conocida como la Vereda Peribal, en jurisdicción del municipio de San José del Guaviare. El choque no se dio entre el Estado y una guerrilla unificada, sino que refleja una cruda y fragmentada guerra interna entre dos grupos criminales que le dieron la espalda al acuerdo de paz de 2016.
El origen del fuego: la ruptura de las disidencias
La confrontación armada tuvo como protagonistas a dos estructuras específicas que se disputan a sangre y fuego el control total de la Amazonía colombiana:
- El Estado Mayor Central (EMC): Facción comandada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, considerado uno de los hombres más buscados del país. En el terreno, operó la estructura armada ‘Armando Ríos’.
- El Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF): Facción liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. La fuerza que chocó en la zona responde al grupo ‘Isaías Carvajal’.
De acuerdo con los reportes de inteligencia militar, el choque responde puramente al control de economías ilegales. El Guaviare es un corredor estratégico e histórico que conecta la Orinoquía con el Amazonas, ideal para el tráfico de cocaína, la minería ilegal de oro y la extorsión a gran escala.
«Los cuerpos están ahí amontonados, hay que evacuarlos», declaró con crudeza Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, al describir la gravedad de la situación en una zona a la que las autoridades civiles aún no han podido ingresar por tierra debido al riesgo de orden público y la alta probabilidad de minas antipersona.
Población civil atrapada bajo el sonido de la metralla
El horror de los combates llegó a las pantallas de los colombianos a través de videos grabados por los propios habitantes de la zona que comenzaron a circular en redes sociales. En los metrajes, grabados desde el interior de endebles viviendas de madera, se escucha el ensordecedor e incesante estallido de fusiles y ametralladoras a escasos metros de los hogares.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó su profunda preocupación no solo por la magnitud de la cifra de combatientes caídos, sino por la alarmante posibilidad de que entre los cuerpos abandonados en la selva se encuentren menores de edad reclutados forzosamente por estas estructuras delictivas.
Una compleja misión humanitaria en marcha
Ante la imposibilidad de un ingreso militar inmediato que ponga en riesgo la vida de los lugareños, el Ejército Nacional, junto con la Gobernación del Guaviare, activó de urgencia una ruta social comunitaria. Esta medida busca que los propios líderes de la zona transporten los cadáveres hacia un punto neutral previamente acordado.
En dicho lugar estratégico aguarda una comisión de alto nivel integrada por:
- La Defensoría del Pueblo.
- La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).
- Organismos médicos forenses para iniciar las labores de identificación de los 48 cuerpos.
El impacto político: Blindaje ante las urnas
Este brutal estallido de violencia sacude los cimientos de la estrategia de «Paz Total» impulsada por el gobierno del saliente presidente Gustavo Petro, y pone la seguridad en el centro del debate electoral. La oposición ha criticado duramente la situación, catalogándola como un reflejo de la pérdida de control territorial en las zonas rurales del país.
Para garantizar el desarrollo de los comicios de este domingo, el Ministerio de Defensa confirmó el despliegue extraordinario de más de 408,000 efectivos de la fuerza pública a nivel nacional, apoyados por drones, sistemas antidrones, vehículos blindados y aeronaves de vigilancia para blindar los puestos de votación y evitar que la guerra de las disidencias silencie la voz de los ciudadanos en las urnas.
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