AN de Maduro desempolva Ley de Cooperación Internacional para cercar a las ONG

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El cerco contra las organizaciones de la sociedad civil sigue. El oficialismo ha vuelto a fijar su objetivo contra uno de los últimos espacios fuera de su control: la sociedad civil organizada.

Así lo deja en claro el anuncio de la Asamblea Nacional que ha retomado las discusiones sobre el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, asegura la ONG, Acceso a la Justicia.

En los últimos días, ha trascendido un borrador, que reposaba en las gavetas del Parlamento desde 2006 contiene una nueva disposición que daría la potestad a las autoridades de suspender, prohibir e incluso eliminar a agrupaciones civiles sin fines de lucro.

Lo que contiene

El artículo 26 del borrador establece lo siguiente:

«Serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva todas aquellas organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que realicen actividades de cooperación internacional en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que, de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación».

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Las consecuencias

La norma parece estar dirigida a inhibir a las organizaciones no gubernamentales (ONG), en especial aquellas que denuncian ante instancias internacionales la violación de los derechos humanos, el desmantelamiento del Estado de derecho y hechos de corrupción.

Ello porque si sus señalamientos sustentan eventuales condenas internacionales, y estas a su vez son utilizadas por gobiernos extranjeros para justificar sanciones económicas o diplomáticas contra el Estado o funcionarios públicos e individualidades, las autoridades podrían responsabilizar a las organizaciones de dichas medidas.

En manos de Miraflores


El borrador, de veintiséis artículos y dos disposiciones transitorias, mantiene la obligación a las organizaciones civiles sin fines de lucro, tanto nacionales como extranjeras, de tener que registrarse ante un organismo público, para así poder ejercer sus labores en el país (artículos 21 y 22).

Asimismo, sigue previendo, en su artículo 14, la creación del polémico Fondo de Cooperación Internacional, el cual se nutrirá de «los legados, donaciones, transferencias y otros recursos que para el apoyo a la cooperación entre países reciba de otros gobiernos, de organismos internacionales, de fuentes cooperantes e instituciones públicas y privadas ya sean nacionales o extranjeras».

Si lo anterior no fuera suficiente, el texto da al presidente de la República la tarea de dictar un reglamento para regular los demás aspectos no previstos en la ley. Una misión que el jefe de Estado deberá cumplir en noventa días, de acuerdo a la disposición transitoria segunda.

Ello abre las puertas para que sea el Gobierno quien imponga restricciones u obstáculos adicionales a la labor de las ONG, en especial si opta por crear el organismo previsto en el artículo 11. Dicha norma establece:

«Sin perjuicio de las competencias asignadas a otros ministerios, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá crear un órgano desconcentrado de carácter técnico especial, dependiente del ministerio con competencia en materia de cooperación internacional, con autonomía administrativa y financiera, el cual estará encargado de ejecutar y apoyar las políticas, planes, programas, proyectos y actividades de cooperación internacional que impulse el Estado, mediante la captación, prestación y administración de recursos que provengan o sean destinados a actividades de cooperación internacional. Asimismo, ejercerá funciones de organización, dirección, control, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades de cooperación internacional en donde participe el Estado venezolano».

Esto afectará sobre todo a la cooperación internacional en materia humanitaria, ya que difícilmente quienes aportan recursos querrán entregarlos a un fondo del Gobierno. Al final serán los más vulnerables, aquellos que reciben el apoyo de las organizaciones que trabajan en materia humanitaria, los que realmente se verán perjudicados por este tipo de medidas.

Más motivos para preocuparse


El presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, el diputado Timoteo Zambrano, admitió que el tema vuelve a estar en la agenda, pero negó que el propósito del Parlamento sea acabar con las ONG y calificó este señalamiento como una «leyenda negra». Esto dijo al respecto el legislador en una reciente entrevista:

«El proyecto de ley lo recibimos al llegar a la comisión, ya estaba, y apenas estamos empezando a discutirlo, es un proyecto al que le falta mucho camino por recorrer y que seguramente experimentará muchos cambios al momento de que sea llevado a la cámara. No quiero adelantar nada, pero el objetivo de la ley es buscar la transparencia en la cooperación internacional, nada más».

El parlamentario Zambrano parece olvidar que instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han cuestionado el texto, por considerarlo un riesgo para los derechos a la asociación y a la participación en los asuntos públicos.

Las palabras de Timoteo Zambrano contrastan con las sucesivas amenazas que en los últimos años han lanzado voceros del chavismo contra las ONG. Muestra de ello son las palabras del entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello:

«Vamos a revisar las leyes que tengan que ver con el financiamiento de ONG o personas particulares desde otros países (…) Vamos a aplicar todas las sanciones, el máximo de sanciones que se pueda, a aquellos que reciban financiamiento de Estados Unidos para conspirar contra la patria. ¡Ya basta pues!».

Entre 2020 y 2021, las autoridades emprendieron una ofensiva contra la sociedad civil, la cual incluyó la providencia que obliga a las agrupaciones y asociaciones civiles a registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo y la orden de la Superintendencia de Bancos (Sundedan), para que las instituciones financieras vigilaran las cuentas de las ONG. También durante esos meses se produjeron allanamientos a sedes de esas instancias y detenciones de varios activistas, siendo uno de los más emblemáticos el del director de Fundaredes, Javier Tarazona.

En resumen, el cerco contra las organizaciones continúa.

Con información de Acceso a la Justicia

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