Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, XIV Fase, entrega 143

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11 minutos de lectura

(Continuación)

Por: José Chachati Ata

Con la satisfacción de contar cada semana con más lectores tanto en el país como en otros de América y de Europa, interesados en el seguimiento que se le hace actualmente al tema sobre la recuperación del espacio geográfico integral del Esequibo, me he visto en la necesidad de atender algunas interrogantes que me envían, orientando sus dudas hacia el marco de la Corte Internacional de Justicia, en el que esta se ha mencionado mucho en distintos ámbitos ante la coyuntura actual, pero pareciese que se conoce poco sobre la misma, así como lo concerniente al nuevo orden mundial; en este  contexto, mientras que Rusia inició un conflicto con Ucrania, limitando el campo de acción de los países de la OTAN, a propósito de reducir las probabilidades de un conflicto mundial nuclear, los Estados Unidos avanzaron en paralelo y afianzaron más aun su relación con Taiwán, creando el escenario propicio mediante una escalada disuasiva peligrosa para un posible conflicto con China, hecho que se ha mantenido en una tensión con tendencia a profundizarse en una crisis, aunado a la creación de un nuevo concepto estratégico actualizado de la OTAN, sumatoria de hechos que se sumaron a las sanciones contra Rusia y viceversa, en el que éste último mediante la utilización del gas como arma estratégica, ha generado la reciente suspensión del servicio y la comercialización de dicho recurso energético en vísperas del acercamiento del invierno a los países europeos, así como también en la reorientación de la comercialización del petróleo, hecho que ha demostrado la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos varios países del primer mundo en esa región.

Bajo este esquema, resulta que en América se encuentra la puerta de una posible solución energética con potencial de primer orden, cuya respuesta la tiene precisamente Venezuela, pero ésta se encuentra sometida a la forzosa aceptación de la extracción petrolera ubicada en la plataforma continental correspondiente a la cuenca del océano Atlántico frente al espacio continental del Esequibo, cuyo beneficio lo están obteniendo únicamente las trasnacionales y el Gobierno de Guyana, con el silencio complaciente del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y de varios organismos de la comunidad internacional, dándole con ello la espalda al Acuerdo de Ginebra de 1966, aunado al silencio de la Corte Internacional de Justicia, quien no emitió una medida cautelar una vez que admitió su competencia jurídica sobre la demanda introducida por el Gobierno de Guyana contra Venezuela, para dirimir la validez o no de la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, y establecer así los límites definitivos entre ambos países.

Paralelamente, Venezuela se encuentra hoy en día un tanto aislada de la comunidad internacional, así como también tiene varios años sancionada, reduciendo drásticamente su capacidad diaria de producción mediante la extracción y comercialización petrolera, y este hecho que para los venezolanos ha constituido una limitante de elevado impacto negativo en el bienestar del gentilicio nacional, conforma una verdadera ventaja estratégica para los países del primer mundo, dado que en el subsuelo venezolano existen las mayores reservas de petróleo a nivel mundial, así como también un elevado potencial en materia gasífera, además de las reservas de minerales raros como elementos de importancia estratégica en el contexto tecnológico mundial de hoy en día, a lo que se incluyen también las reservas de minerales para el desarrollo de la energía nuclear, que sumado al potencial hídrico y forestal, le conceden al país el sitial por excelencia con agraciadas reservas estratégicas para atender las necesidades de todos estos países, y están allí, disponibles en el suelo y subsuelo, conformando una reserva estratégica ante los ojos de éstos. No en vano ha sido la reciente propuesta del Gobierno nacional de ofrecer por ahora, el gas y petróleo venezolano, tanto a los Estados Unidos como a los países de Europa, a fin de auxiliarlos en la crisis que se ha ido incrementando más cada día.

Por otra parte, hemos visto que han aparecido reseñados varios artículos de prensa y otros a través de las redes sociales, sobre el enriquecimiento de Guyana y del incremento de su PIB, proyectando a ese país de América del Sur como el más rico en unos cuantos años, hecho que analizado fríamente, constituye una verdadera manipulación y alejamiento de la realidad por diversos factores que deben incluirse en la ecuación de esa afirmación, como lo son las regalías que obtendrá Guyana de dichas explotaciones petroleras ante las acciones generadas por las trasnacionales, las inversiones requeridas en materia energética, los problemas de fondo que viene afrontando ese país en el ámbito socioeconómico, las divisiones políticas que han generado confrontaciones y debilitamientos internos, y las amenazas en materia de inseguridad, aunado entre otros, al desafío que le espera al pronunciarse la Corte Internacional de Justicia sobre el espacio geográfico en reclamación, con las consecuencias de los daños generados al ambiente y ecosistemas venezolanos en esa región. 

Es por todas estas limitaciones y realidades que se manejan hoy en día, que Venezuela con todos sus recursos, constituye un objetivo estratégico de elevado valor para los intereses de los países OTAN, por lo que cuando se decía en el siglo XX que quien tuviese el control de Eurasia, sería prácticamente el dueño del mundo, pues hoy en día, se puede afirmar en este nuevo orden mundial, que quien tenga el control de los recursos estratégicos de Venezuela tanto en el espacio continental como en los acuáticos del Atlántico, podrá enarbolar la ventaja significativa que implica ante el mundo el manejo de estos, una vez que se reoriente el manejo de las piezas en el tablero mundial con la culminación del conflicto en la región asiática. 

Por otro lado, a fin de ampliar un tanto el conocimiento sobre la propia Corte Internacional de Justicia como organización y su competencia, una vez que el Gobierno de Venezuela decidió a partir del mes de junio del 2022 presentar las excepciones preliminares respectivas ante dicho organismo, es importante conocer que esta, la Corte Internacional de la Haya se creó con el fin de preservar la paz y la seguridad de la comunidad internacional, de manera de coadyuvar a la solución de las controversias y de manera pacífica, considerando que ello es un principio fundamental que rige a toda la humanidad. En el marco de esta afirmación, siendo dicho organismo parte de la Organización de las Naciones Unidas, que de hecho, la propia Corte le rinde cuentas de su gestión, se establece en el artículo 33 de la Carta de la ONU, los diferentes medios de arreglo entre países por controversias, siendo en el mecanismo judicial donde entra la participación de la Corte Internacional de Justicia. Por otra parte, es importante conocer que la Carta de la ONU no obliga al uso de los medios de la carta, sino sugiere que se utilice uno de estos medios, y son los Estados quienes deciden. (Recordemos que Venezuela no había decidido aceptar dicho mecanismo, sino que ello fue por decisión unilateral del secretario general de la ONU y del Gobierno de Guyana).

Ahora bien, estando ya en conocimiento que con la ONU se creó la Corte Internacional de Justicia, siendo este el órgano judicial principal, se llevó a cabo la creación del Estatuto de la Corte, derivándose posteriormente el propio reglamento del citado órgano jurídico internacional; y es por ello, que cuando un país ingresa formalmente a la Organización de las Naciones Unidas, lo hace firmando también el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, pero esta no tiene jurisdicción sobre cualquier controversia entre Estados, y menos aún en el ámbito penal. El Estatuto al cual se hizo mención, es parte de la Carta
de San Francisco de 1945, funcionando realmente a partir de 1946.

La Corte Internacional de Justicia como apreciamos cuando se hizo el pronunciamiento de esta en cuanto a la aceptación de su competencia jurídica, está compuesta por quince jueces provenientes de quince países diferentes, que duran tres años en el cargo, pudiendo ser reelegidos éstos indefinidamente en
votaciones realizadas por separado y de forma simultánea por los miembros de la ONU y del Consejo Permanente de Seguridad; adicionalmente, está convenido que siempre deberán jueces de los países que forman parte del Consejo Permanente de Seguridad (recordemos que en el Consejo Permanente de Seguridad en la actualidad, se encuentran los Gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China y Francia, en el que los tres primeros fueron quienes conformaron el tribunal que pronunció la nefasta sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, así que ojo Venezuela con este particular)

La Corte Internacional de Justicia establece en su reglamento el procedimiento regulado que se debe seguir en una controversia, y particularmente en el arbitraje, los países tienen la libertad de elegir tanto el procedimiento o Derecho a ser aplicado como a los árbitros, mientras que el organismo jurídico internacional otorga seguridad y garantía en conjunto con el procedimiento establecido en su reglamento o el Derecho a ser aplicado en una controversia. Por otra parte, la Corte de La Haya se maneja en dos competencias: la contenciosa y la consultiva, en el que la primera de las mencionadas tiene que ver con el juicio propiamente, es decir con el arreglo de controversias entre Estados culminando con una sentencia, y la consultiva es que los órganos y organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas, al hacerle simplemente consultas no obligantes a la Corte Internacional de Justicia, ello genera un asidero pero tiene un peso considerable ante la comunidad internacional (en mi opinión, ello puede ser totalmente manipulado, pero no en el caso de una sentencia, porque ella es de carácter
obligatorio).

Es importante saber también que por el hecho de tener acceso a la Corte Internacional de Justicia una vez que se ingresa a la Organización de las Naciones Unidas, no quiere decir que el organismo jurídico tenga automáticamente la jurisdicción para involucrarse y resolver un determinado asunto, por la simple razón que los países se encuentran enmarcados por Derecho absoluto en el contexto de la soberanía y la libertad, por lo tanto, la jurisdicción de este ente está sujeta al consentimiento de los Estados y no es obligatoria (atentos con esta afirmación), y es por ello, que ante la demanda de un Estado como lo hizo el Gobierno de Guyana contra Venezuela, no significa que Venezuela como país firmante de la ONU, haya aceptado automáticamente la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, que si ello hubiese sido el caso, es decir que Venezuela hubiese aceptado la jurisdicción de la Corte de La Haya ante la decisión arbitraria y unilateral del Gobierno de Guyana, debió hacerlo mediante un Acuerdo especial, un Tratado una Declaración unilateral en la que el Estado venezolano aceptaba someterse a la jurisdicción de la Corte
Internacional de Justicia, y ello no se hizo por ninguna de estas vías.

Pero también debe tomarse en consideración que al haberse generado dudas sobre la competencia jurídica de la Corte Internacional de Justicia, es ella misma quien decide su jurisdicción o no a través de la presentación de las excepciones preliminares; ahora bien, el hecho que Venezuela decidió no comparecer al citado organismo jurídico internacional por no aceptar su jurisdicción, el proceso continúa igual, pero ello no implica bajo ningún concepto que la Corte de La Haya da por afirmativo lo presentado por el
Estado demandante, sin embargo, no perdamos de vista que se debe llegar a una sentencia, y ello es de carácter obligatorio e inapelable, y en razón de ello, se puede entender la acción del Estado venezolano en haber presentado las excepciones preliminares del mes de junio del 2022, y haberle dado un giro a su estrategia inicial, dado que si no se acepta y no se cumple la sentencia pronunciada, esta sería manejada como una amenaza a la paz y seguridad mundial, por lo tanto le competería al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, determinar las acciones a tomar, lo cual abarcaría una sumatoria de acciones que partirían desde la aplicación de un bloqueo económico hasta la intervención armada como última medida, de ser necesario.

Ahora bien, el manejo que le está dando el Estado venezolano al asunto en sí, constituye en definitiva una de las posibles formas de salir pacíficamente de este impase diplomático, surgido por diferentes razones manejadas inadecuadamente desde la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, cuya razón fundamental a mi juicio ha sido en Venezuela, la de reducir el costo político que ningún Gobierno ha querido asumir, y de parte de Guyana, la clara e inequívoca demostración de nunca haber querido llegar a un entendimiento sobre el territorio que ella sabe muy bien que le pertenece a Venezuela, y en razón de ello, se ha mantenido oculta bajo los tentáculos de la comunidad internacional y de otras países del primer mundo, generando cambios abiertamente manipulados en su poder estructural, y adoptando el comportamiento propio de un Estado profundo con grises y turbios discursos.

La realidad de hoy en día estriba en que este binomio combinado entre el nuevo orden mundial y la Corte Internacional de Justicia, cuyos apuntalamientos conforman una matriz de supremos intereses, le han dado un sensible giro a la coyuntura actual sobre la recuperación del espacio geográfico integral del
Esequibo, en el que Venezuela ha pasado a ser una pieza estratégica de primera línea, y es aquí donde el Estado venezolano tiene en sus manos un conjunto de ases, que representan instrumentos de negociaciones frontales ante los Gobiernos que generaron en su momento histórico, la cruel y nefasta decisión de despojarle a Venezuela 159.542 kilómetros cuadrados de territorio, y como parte de la OTAN hoy en día, éstos tienen los medios y formas de reivindicar el daño que cometieron contra la Nación venezolana hace más de un siglo, y la Corte Internacional de Justicia es un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas así como lo es el Consejo de Seguridad, sumatoria de variables que pueden y deben acordar mediante los soportes geohistóricos que manejaría el organismo jurídico internacional, darle con carácter obligante por simple razón ética y moral, un vuelco sostenido a esta farsa que ha estado oculta y manipulada a expensas de Venezuela, para darle “al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”, de manera que con alto sentido de honor y justicia podamos manifestar que “el sol que brilla en Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.

Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata

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