Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, XIII Fase, entrega 141

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(Continuación)

Por: José Chachati Ata

Habiendo presentado en el artículo anterior los posibles escenarios a los que Venezuela tendría que evaluar, actuar, recular o ajustarse, una vez que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre las excepciones preliminares presentadas en el mes de junio de este año, aunado a las observaciones que pueda alegar el Gobierno de Guyana próximamente en el mes de octubre 2022, y a la contra memoria a entregarse o no el próximo 8 de marzo del año 2023 de parte del Gobierno Nacional, se conforma un cuadro de complejidad sobre la validez o no de la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, al igual que la competencia para la definición de los límites correspondientes entre ambos países, por lo que es necesario considerar en paralelo, que hoy en día con miras a un futuro inmediato, y a raíz que el citado organismo jurídico internacional no emitió una medida cautelar ajustada a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, con respecto a las explotaciones petroleras que realizan las empresas transnacionales en los espacios acuáticos del Esequibo.

El Gobierno de Guyana ha tendido como parte de sus políticas de desarrollo, a buscar fortalecerse geopolítica y geoeconómicamente en la región, a propósito de darle respuesta confiable en materia energética a los países que se han visto afectados desde que se inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, alterando el tablero estratégico global, para darle cabida a un nuevo orden mundial, por lo que habría que evaluar las proyecciones de inversiones de las empresas extranjeras y las capacidades propias de Guyana, al tener éste último elevadas prioridades que atender en diferentes ámbitos, hecho que de por sí, representa una dependencia de terceros, como lo son los Gobiernos de USA, Canadá, China, y queramos verlo o no con la lupa adecuada, ello tiene una repercusión sobre Venezuela, en la que aún estamos a tiempo de reorientar las políticas implementadas que han resultado un tanto inflexibles y no tan claras como el panorama actual lo exige.

Con miras hacia un futuro promisor y no seguir basándonos en el pasado únicamente, al igual que Venezuela, Guyana ha estado ocupando posiciones críticas en cuanto a la capacidad de manejo del producto interno bruto, factor que los ha afectado durante años, pero también nuestro gentilicio nacional ha sufrido las debacles que se han suscitado durante los últimos años, incidiendo en el bienestar y el sentido de exclusividad que forma parte ineludible de la seguridad de la Nación, cuyos apuntalamientos la conforman la defensa y el desarrollo integral; en este contexto, Guyana que había venido sustentada en una economía basada en la agricultura, exportando arroz, pero fundamentalmente el azúcar, cacao y café, sin olvidar la licitación otorgada para la explotación minera, particularmente para la obtención de la bauxita.

En cambio Venezuela, fue excelente exportadora de café y cacao, al igual que de diferentes minerales, recursos marinos alimenticios, materia energética petrolera y considerables derivados, lo que permitió en un momento dado, concebir al país como la Venezuela Saudita del continente, por ser ésta uno de los espacios geográficos de mayor fortaleza económica regional, sin considerar la capacidad potencial en materia gasífera, carbonífera, hídrica, agropecuaria, pesquera, agrícola, energética a través de la tenencia de minerales estratégicos únicos en su clase, además del potencial turístico por excelencia que manejó, y que afortunadamente está abriendo de nuevo a partir del año 2023.

Pero, ¿Dónde quedó todo este potencial que permitiría elevar hoy en día el producto interno bruto del país, mientras que Guyana ha aprovechado este concepto con lo que tiene y con lo que no le pertenece, a fin de posicionarse cual Estado profundo en un sitial que le concede la oportunidad de blindarse con otras potencias cómo país estratégico manipulado bajo los intereses de otros Gobiernos, intentando con ello desplazar a Venezuela, mientras que al amparo de la Corte Internacional de Justicia, se juega el destino sobre el espacio geográfico integral del Esequibo, hecho que a mi juicio, dicho organismo jurídico no ha dado aún muestras de confiabilidad alguna de imparcialidad, a raíz del pronunciamiento sobre su competencia para atender la demanda del Gobierno de Guyana contra Venezuela?

Sobre esta última interrogante, es necesario señalar que el Gobierno de Venezuela ha ratificado su compromiso de utilizar el mecanismo de la diplomacia para atender este asunto que le concierne a todos los venezolanos, sustentado en el soporte fundamental que le permitió esgrimir la no competencia de la Corte Internacional de Justicia, como lo es precisamente la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, documento en el que se reafirmó el derecho de Venezuela sobre lo que debería ser nuestro Estado Esequibo, territorio en reclamación que se corresponde con la parte más al este de Venezuela, enlazado con la República Cooperativa de Guyana a través del río Esequibo, y cuyo espacio geográfico continental despojado es de 159.542 kilómetros cuadrados, que enlazado con la plataforma continental de los espacios acuáticos respectivos sin tomar en cuenta lo que debería ser el mar patrio ubicado en lo que es la alta mar hoy en día de acuerdo al Derecho Internacional del Mar, se estaría considerando un espacio integral despojado cerca de los 400.000 kilómetros cuadrados.

En el marco actual de lo ya señalado, Venezuela se encuentra hoy en día ante una nueva coyuntura generada por el cambio de las políticas del Gobierno de Guyana, quien procedió a conformar distintos cuadros participativos ante la comunidad internacional, compartiendo hábilmente la controversia territorial con otros países y organismos, siendo uno de estos la Corte Internacional de Justicia, en el que generó una demanda sustentada en quiméricos fundamentos, dado que en principio, el Artículo IV, en su aparte 2, se aboca únicamente para indicar que el Secretario General de las Naciones Unidas podrá escoger entre los medios de resolución de controversias que se enumeran en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, lo cual no es en sí una disposición específica que le confiera competencia única y/o obligatoria a dicha Corte Internacional.

En este contexto, puede entenderse que la mera invocación del Artículo 33 no le concede en absoluto la decisión unilateral al Secretario General de las Naciones Unidas, de acudir a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sin el consenso de los afectados, por lo que el Gobierno de Guyana además de haber actuado impropiamente ante esta situación controversial con Venezuela, ha intentado plantear si se quiere de manera forzada, lo que el suscrito considera un irrespeto rotundo a la Nación venezolana, al hacer ver con su actuación, que entre las opciones existentes en la Carta antes señalada, se podría generar unilateralmente un soporte jurídico verdadero de competencia, no fundamentado, del Organismo ante quien acudió.

Adicionalmente, si se lee con detenimiento el artículo IV aparte 2 del Acuerdo de Ginebra, no existe basamento alguno que faculte a una de las partes para acudir unilateralmente a la Corte Internacional de Justicia, por lo que debe asumirse bajo el espíritu y contexto del arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para las partes, que se requiere el consenso conjunto en este caso para acudir a dicha entidad jurídica, hecho que nunca ocurrió, y fue así, como la Corte Internacional de La Haya le concedió un plazo de cinco meses, hasta el 19 de noviembre de 2018, al Gobierno de Guyana, para elaborar y presentar su Memoria, y otros cinco meses sucesivos, hasta el 18 de abril de 2019 a Venezuela, para presentar su Contra memoria, siendo confirmada por el Gobierno venezolano el 12 de abril de 2019 la no comparecencia ante dicho Organismo Internacional.

Con ello, se abrió una nueva fase que sustentaría la complejidad del tema en sí, al incluirse nuevas variables que podrían concebir una sensible incidencia en la ecuación matriz del litigio, siendo estos la actuación desviada y desesperada del Gobierno de Guyana al involucrar al citado organismo jurídico Internacional, así como los acaecimientos e incidentes que atañen no solo a la controversia sobre el territorio continental del Esequibo, sino también a los espacios acuáticos derivados del mismo, considerando que la reclamación ha venido adquiriendo una mayor dimensión, y que ello no ha formado parte del Laudo Arbitral de París de 1899, pero sí del Acuerdo de Ginebra de 1966.

Y es que el involucramiento de dichas variables obedecieron por una parte, a que desde aquel 30 de enero de 2018, el  Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó que la disputa entre Venezuela y Guyana estaría en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), dado que la implementación del mecanismo de los Buenos Oficios establecido desde 1990, no permitió alcanzar los avances para un acuerdo entre las partes, y por el otro lado, el hecho de involucrar quiérase o no a los espacios acuáticos en el Atlántico como parte de la disputa, sobredimensionó ineludiblemente el espacio en litigio, y una vez descubiertos los yacimientos allí existentes, el Gobierno de Guyana procedió unilateral e inconsultamente a otorgar concesiones para la exploración y explotación de dichos recursos a empresas transnacionales, irrespetando lo establecido y firmado por ella en el citado Acuerdo.

Y mientras que Venezuela se opuso desde el principio a la decisión tomada sobre la participación de la Corte Internacional de Justicia, expresando que el propósito del Acuerdo de Ginebra de 1966 era alcanzar una solución práctica de la controversia, que resultase satisfactoria y aceptable para ambas partes, además de establecer categóricamente que una solución jurídica sería una decisión unilateral y no diplomática, la Cancillería Guyanesa manifestó que acogía satisfactoriamente la decisión del Secretario General de la ONU, expresando que Guyana siempre ha sostenido que la Corte Internacional de Justicia es el foro apropiado para la solución pacífica y definitiva de la controversia, y se congratula en que esa visión haya prevalecido en el proceso desarrollado tanto por el Secretario General Ban Ki-Moon como por el nuevo Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

Ante esta declaración, y habiendo presentado hoy en día el Gobierno de Venezuela las excepciones preliminares, quedando en espera de las refutaciones que pudiese esgrimir el Gobierno de Guyana, es importante recalcar en principio, que ni Guyana ni Venezuela son partes del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, por lo que la decisión del Secretario General de la ONU se amoldó a un proceso que de entrada fue indebido, al éste haber intentado lavarse las manos y recostar la responsabilidad forzada, ilegítima e inconsulta de una decisión que no tiene asidero alguno, dado que bajo ningún concepto se podría inferir que por vía no expresa del Gobierno de Venezuela se aceptase obligadamente la competencia de una jurisdicción internacional, y menos aún, cuando se está abordando un tema del interés nacional relacionado con la soberanía de la Nación en el espacio geográfico integral del Esequibo, por lo que la acción generada por dicho Secretario General, ha creado sensibles distorsiones y poca confiabilidad por tomarse atribuciones y decisiones fuera del contexto legal, generando tensiones y aperturas hacia acontecimientos espurios, propiciados arbitrariamente por Guyana y amparados por una parte de la comunidad internacional.

Y ante estas circunstancias manejadas actualmente en el ámbito jurídico, nos encontramos que en paralelo los intereses de países de la OTAN han comenzado por desbordar sus inclinaciones en la región suramericana por razones obvias, iniciando dicha presencia desde hace unos años, y hoy en día cómo se ha venido señalando en artículos anteriores, Venezuela posee una presencia militar combinada tanto en frontera occidental como oriental, particularmente la del Gobierno de los Estados Unidos de América, quien a través del descubrimiento petrolero existente en la cuenca Atlántica frente al Estado Esequibo de todos los venezolanos, incluyendo a Guyana y Suriname, ha venido propiciando e incrementando la presencia militar justificada bajo distintas aristas, verbo y gracia, el pasado lunes 28 de agosto, arribó a Georgetown la máxima autoridad del Comando Sur norteamericano, la General Laura Jane Richardson, a fin de cubrir una agenda bilateral de seguridad, la cual contempla la colaboración contra cualquier amenaza y reto regional, entre otras actividades que incluyen la presencia de mujeres en misiones de defensa y seguridad, como parte de la cooperación por la seguridad, defensa y fuerzas de seguridad pública en el Caribe, Centroamérica y Suramérica. A buen entendedor, pocas palabras.

Ante toda esta componenda, Venezuela una y otra vez debe estar sumamente alerta y revisar una y otra vez su política exterior, y no pecar por omisión o mal asesoramiento, particularmente en este giro que ha dado el mundo sobre el tablero estratégico que ha originado un nuevo orden mundial generando posibles aperturas, que de ser bien aprovechadas, le darían un vuelco a este escenario geopolítico que no ha sido la mejor carta jugada por Venezuela; y en este contexto, el Estado venezolano ha debido y debe mantenerse apegado hoy más que nunca, al Acuerdo de Ginebra de 1966, en el que los soportes geohistóricos irrefutables a favor de Venezuela, al igual que el reconocimiento implícito tanto de Gran Bretaña como de Guyana sobre la invalidez del Laudo Arbitral de parís de 1899, han generado la plataforma fundamental e indisoluble del Acuerdo firmado, que con un giro apropiado de timón, afirmarían con la mayor vehemencia y certeza, que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.

Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata

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