CARACAS – El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ha vuelto a situar el fin de las sanciones coercitivas unilaterales como el eje central para cualquier mejora sustancial en la calidad de vida de los venezolanos. Durante sus recientes intervenciones, el jefe del Legislativo condicionó el fortalecimiento de los salarios y la construcción de nuevos hospitales a la eliminación de las sanciones económicas que pesan sobre el país.
El «Fondo Soberano» y la infraestructura pública
Rodríguez explicó que, si bien el Gobierno ha diseñado estrategias como el nuevo Fondo Soberano de Protección Social para canalizar recursos directamente a áreas críticas, el techo de estas mejoras está determinado por el «bloqueo». Según el parlamentario, la planificación estatal para el periodo 2025-2026 tiene como meta transformar la renta petrolera en beneficios tangibles, pero este proceso se ve obstaculizado por las restricciones financieras internacionales.
- Salarios: El parlamentario vinculó la recuperación del poder adquisitivo —fuertemente golpeado por la inflación y la devaluación— con la capacidad del Estado para comercializar sus recursos sin intermediarios ni descuentos impuestos por las sanciones.
- Salud y Educación: Aseguró que proyectos de infraestructura hospitalaria y el equipamiento de centros asistenciales dependen de la liberación de fondos retenidos en el extranjero.
«762 revólveres en la cabeza»
Rodríguez ha sido enfático en sus encuentros internacionales y nacionales al describir las sanciones como un mecanismo de «guerra» que afecta el derecho a la salud y al trabajo.
«No se puede pedir una recuperación milagrosa mientras Venezuela tenga 762 revólveres en la cabeza», afirmó el diputado, refiriéndose a la cantidad de medidas restrictivas aplicadas contra la industria petrolera, las líneas aéreas y el sistema bancario nacional.
Un nuevo modelo tributario y económico
En sintonía con la gestión de la presidencia encargada liderada por Delcy Rodríguez, el jefe de la AN destacó que se trabaja en un paquete de reformas para mejorar la economía en 2026. Este plan incluye un nuevo modelo tributario que busca sostenibilidad, aunque reiteró que el salto cualitativo hacia el «estado de bienestar» que el país disfrutó años atrás requiere, obligatoriamente, un escenario libre de sanciones.
Mientras sectores sindicales y trabajadores continúan exigiendo aumentos salariales que cubran la canasta básica —actualmente muy por encima del ingreso promedio—, el discurso oficial mantiene que la llave del tesoro nacional sigue en manos de los organismos internacionales que mantienen el cerco financiero sobre Caracas.
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