La disputa territorial por la Guayana Esequiba ha entrado en una fase de alta complejidad jurídica y política. La reciente decisión de Venezuela de comparecer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), manteniendo simultáneamente su postura de no reconocer la jurisdicción del tribunal ni acatar sus fallos futuros, plantea un escenario inédito en el derecho internacional contemporáneo.
A continuación, se presenta un análisis robusto sobre las implicaciones de esta estrategia y los argumentos que sostienen ambas posiciones.

El Dilema de la Comparecencia sin Reconocimiento
La estrategia de Venezuela es lo que en derecho se denomina una «comparecencia técnica». El Estado venezolano busca defender sus derechos históricos sin que esto implique otorgar legitimidad al tribunal para dictar una sentencia definitiva sobre el territorio.
1. El Argumento Venezolano: El Acuerdo de Ginebra de 1966
Para Venezuela, la CIJ no es el foro competente porque el Acuerdo de Ginebra de 1966 establece que la solución debe ser «satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia». Caracas sostiene que:
- La vía judicial no garantiza un arreglo «práctico» ni «amistoso», sino uno de suma cero (alguien gana y alguien pierde).
- El consentimiento de las partes es fundamental en el derecho internacional; Venezuela afirma que nunca ha dado su consentimiento expreso para que la CIJ resuelva este caso específico.
- El Laudo Arbitral de París de 1899 (que Guyana defiende) es considerado por Venezuela como «nulo e írrito» debido a vicios procesales y colusión entre los árbitros.
2. El Argumento de Guyana y la Postura de la CIJ
Guyana, por su parte, se apoya en la institucionalidad internacional, argumentando que:
- La CIJ ya se declaró competente en 2020, basándose en que el Secretario General de la ONU tiene la facultad de elegir el medio de solución de controversias (según el propio Acuerdo de Ginebra) si las negociaciones fallan.
- Bajo el Estatuto de la ONU, las sentencias de la CIJ son vinculantes y obligatorias para los Estados miembros, independientemente de si deciden participar en el proceso o no.
Análisis de Riesgos y Beneficios para Venezuela
| Dimensión | Riesgo | Beneficio Potencial |
| Jurídica | Al asistir, Venezuela se somete de facto a la dinámica procesal, dificultando un desacato posterior ante la comunidad internacional. | Evita que la CIJ dicte sentencia basándose únicamente en las pruebas presentadas por Guyana (default judgment). |
| Política | El rechazo a acatar el fallo podría profundizar el aislamiento diplomático o justificar sanciones internacionales. | Mantiene la coherencia con el mandato interno (Referéndum de 2023) y la doctrina histórica del país. |
| Geopolítica | Podría incentivar la intervención de potencias aliadas a Guyana (como EE. UU.) bajo la premisa de defensa del derecho internacional. | Fuerza a las partes a volver a una mesa de negociación bilateral si el fallo resulta inaplicable en la práctica. |
La Paradoja del «Acatamiento Negativo»
La postura de «voy pero no obedezco» es un desafío directo al orden jurídico internacional. Si la CIJ emite un fallo a favor de Guyana y Venezuela lo desconoce, se crea un estancamiento geopolítico.
Desde un punto de vista analítico, esta estrategia busca ganar tiempo y dejar constancia histórica de sus títulos (como el Uti Possidetis Iuris), pero enfrenta el muro de la realpolitik. El derecho internacional carece de una «policía global» para ejecutar sentencias, pero el Consejo de Seguridad de la ONU sí tiene facultades para intervenir si considera que el desacato pone en riesgo la paz y seguridad regionales.
Conclusión
La decisión de Venezuela es una maniobra de defensa reactiva. Al presentarse, el país intenta evitar un «golpe jurídico» en ausencia, pero al rechazar la autoridad de la Corte, se prepara para un escenario de resistencia política a largo plazo. La eficacia de esta postura dependerá menos de los argumentos legales en La Haya y más de la capacidad de Venezuela para sostener su soberanía en el terreno y su influencia diplomática en la región frente a un fallo que, previsiblemente, será invocado por Guyana como la última palabra de la ley internacional.
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