El Gobierno de Venezuela anunció este martes el comienzo del proceso «integral y ordenado de reestructuración de la deuda pública externa de la República y de Petróleos de Venezuela (PDVSA)».
Mediante un comunicado, el Ejecutivo explica que “es una decisión responsable, nacionalista y social. Su objetivo es reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano”.
Este proceso se anuncia luego de que Estados Unidos expidiera la Licencia General 58, que permite a firmas estadounidenses e internacionales —abogados, bancos de inversión y consultoras— ofrecer servicios a compañías venezolanas.
Según el comunicado, el objetivo es liberar la economía de cargas financieras y recuperar la inversión en salud, educación e infraestructura.
En el documento, se argumenta que las sanciones de EE. UU. desde 2017 impidieron al país cumplir sus compromisos internacionales y bloquearon el acceso a financiamiento, afectando áreas clave del país.
Sostiene que la reestructuración busca “poner la economía al servicio del pueblo”, liberar recursos para inversión social y garantizar un alivio sustancial de la deuda.
También afirma que Venezuela retomará el pago de sus obligaciones “de manera sostenible” y bajo condiciones que «el país merece».
