La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la excarcelación de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela, anunciada el 14 de agosto de 2026, y llama al Estado a que esta medida se traduzca en la libertad plena e incondicional de todas las personas que permanecen privadas de la libertad en esas circunstancias.
La Comisión subraya que la sostenibilidad de estos avances depende de la recuperación de la integridad del Estado de derecho y, en particular, de la independencia del poder judicial.
Según información de conocimiento público, el anuncio comprende a 131 personas y se habría ejecutado mediante el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad, en el marco del proceso de diálogo en curso en el país. Organizaciones de la sociedad civil señalaron que entre 317 y 449 personas continuarían privadas de la libertad arbitrariamente por motivos políticos. La Comisión valora las liberaciones ya anunciadas, y recuerda que corresponde al Estado difundir información pública, completa y actualizada sobre las personas beneficiadas y su situación procesal.
La CIDH advierte que la excarcelación mediante medidas alternativas no equivale a la libertad plena ni subsana la arbitrariedad de la detención. Cuando la privación de la libertad ha respondido al ejercicio de derechos políticos o a la disidencia, el Estado no cumple sus obligaciones con la sola salida del centro de detención: debe dejar sin efecto los procesos y condenas asociados, levantar las restricciones subsistentes, garantizar que las personas liberadas no sean objeto de nuevas represalias y asegurar reparación.
Estas obligaciones derivan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen la libertad personal, las garantías judiciales y el derecho a un recurso efectivo. La Comisión ha señalado de manera reiterada que el uso del derecho penal para sancionar la disidencia política viola a los principios de la Convención y que la detención arbitraria empleada como mecanismo de represión genera obligaciones de investigación, sanción de las personas responsables y no repetición. La liberación es el punto de partida de esas obligaciones, no su cumplimiento.
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A su vez, la independencia judicial es la condición que permite que estos avances dejen de depender de decisiones discrecionales y reversibles. Sin tribunales independientes, la libertad de las personas excarceladas descansa en actos administrativos o políticos revocables, y no en garantías jurídicas exigibles; los recursos de hábeas corpus y el control de legalidad de las detenciones carecen de efectividad; y las garantías de no repetición frente a la persecución política quedan sin sustento institucional. Por ello, la Comisión considera que ningún proceso de transición democrática será sostenible sin una reforma genuina del sistema de justicia.
La Comisión toma nota de los anuncios relativos a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y recuerda que los procesos de selección y designación de altas autoridades judiciales deben regirse por criterios objetivos de mérito, capacidad e integridad, mediante procedimientos públicos, transparentes y sujetos a plazos ciertos, que incluyan la evaluación de credenciales, la posibilidad de objeción ciudadana, la participación de la sociedad civil y criterios de paridad y diversidad. La legitimidad de las autoridades designadas dependerá de la calidad del procedimiento y de su apertura a un acompañamiento internacional independiente.
En este marco, la CIDH insta al Estado a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos; a dejar sin efecto los procesos y las restricciones derivadas de esas detenciones; a abstenerse de recurrir a la detención como respuesta a la disidencia; a investigar las violaciones denunciadas en el marco de esas privaciones de libertad y a reparar a las víctimas. Asimismo, llama a que una eventual reforma al sistema de justicia se conduzca conforme a los estándares interamericanos sobre independencia judicial.
Finalmente, la Comisión reitera su disposición a acompañar al Estado y a los distintos actores políticos y sociales en estos procesos, en particular mediante asistencia técnica orientada al fortalecimiento de la independencia judicial y del Estado de derecho. En este marco, la Comisión reafirma su disponibilidad e insiste en su solicitud de realizar una visita in loco, a fin de observar de primera mano la situación de los derechos humanos en el país.
Prensa CIDH
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