CIUDAD DE MÉXICO — El peligro de ejercer el periodismo en México ha mutado hacia una estrategia más silenciosa, pero igualmente devastadora. Mientras la violencia letal sigue cobrando vidas en la impunidad, el aparato institucional y las leyes se han convertido en la nueva arma predilecta para acallar a la prensa: el acoso judicial.
Los datos más recientes de organizaciones defensoras de los derechos humanos revelan un panorama alarmante. De acuerdo con el último informe anual de Artículo 19, durante 2025 se documentaron 69 casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación, lo que equivale a abrir un nuevo proceso legal infundado cada seis días en el país. Por su parte, la red latinoamericana Voces del Sur reportó en su Informe Sombra un incremento crítico del hostigamiento legal en territorio mexicano, posicionando al Estado como uno de los entornos más hostiles para la libre expresión en el continente.
De las Balas a los Tribunales: Una Estrategia de Desgaste
Durante años, la agresión física y el asesinato fueron las herramientas principales para frenar las investigaciones periodísticas. Aunque esta lamentable realidad persiste, los agresores —principalmente funcionarios públicos locales— han descubierto una vía más limpia políticamente y sumamente eficaz: asfixiar financieramente y desgastar emocionalmente a los reporteros a través de demandas civiles y penales.
El abuso del poder público ha tomado el relevo de las descalificaciones directas en las conferencias de prensa federales. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, advierte que este fenómeno se repite de manera transversal en el espectro político:
«Se ha convertido en una fórmula replicada por distintos actores políticos, sin importar su signo ideológico, porque les resulta barata en términos políticos y eficaz para erosionar la capacidad de investigación de la prensa.»
| Métrica de Agresión (Datos Recientes) | Impacto y Frecuencia |
| Acoso Judicial Documentado | 69 casos anuales (Más de uno por semana) |
| Principales Perpetradores | Funcionarios públicos (31%), seguidos por entes privados (21%) |
| Impunidad Estructural | Cerca del 98% en casos de agresiones y homicidios contra la prensa |
Los Nuevos Pretextos de la Censura: Leyes de IA y «Daño al Honor»
El acoso judicial en México no solo aumenta, sino que se sofistica utilizando reformas legales recientes o interpretaciones perversas de la ley para perseguir periodistas.
El Caso de San Luis Potosí y la «Ley IA»
A finales de mayo de 2026, las alarmas internacionales se encendieron en el estado de San Luis Potosí tras la detención de tres comunicadores (Christian Herrera, Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo) y la emisión de órdenes de aprehensión contra otros nueve. Las autoridades utilizaron de manera arbitraria una reforma del Código Penal —diseñada originalmente para combatir los deepfakes y la manipulación digital sin consentimiento— tras la difusión de contenidos que vinculaban a altos funcionarios locales con el crimen organizado. Lo que nació como una protección tecnológica terminó siendo una herramienta punitiva de censura.
Instrumentalización de la Violencia de Género y el Honor
A nivel nacional, figuras jurídicas nobles como la Violencia Política de Género (VPEG) están siendo instrumentalizadas por funcionarias públicas para eliminar publicaciones críticas e inhibir el debate en redes sociales. Asimismo, fiscalías estatales como las de Michoacán y Veracruz continúan reviviendo acusaciones de «ataques al honor por medios cibernéticos» o cargos desproporcionados de «terrorismo» para encarcelar de manera exprés a comunicadores hiperlocales.
Un Ecosistema en la Opacidad
A este fenómeno de persecución en los tribunales se le suma un debilitamiento generalizado de las garantías institucionales en México. La desaparición formal de organismos autónomos de transparencia ha dejado a los periodistas sin herramientas clave para documentar desvíos de recursos y violaciones a los derechos humanos, cobijando bajo criterios ambiguos de «seguridad nacional» la información pública.
El acoso judicial busca un objetivo muy claro: que el costo de informar sea tan alto, tanto económica como psicológicamente, que el periodista decida guardar silencio. Mientras los juzgados se sigan prestando a la simulación de litigios para castigar la libre expresión, la democracia mexicana continuará perdiendo los ojos y los oídos que vigilan al poder.
Para profundizar en el análisis de cómo el sistema legal mexicano está siendo instrumentalizado para silenciar la libre expresión, resulta sumamente ilustrativo revisar el reporte especial de Article 19 denounces increase in homicides, censorship and judicial harassment against journalists in Mexico, donde se desglosan los mecanismos de desgaste y la participación de los servidores públicos en este preocupante retroceso democrático.
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