LA HABANA — En lo que ya se califica como el giro económico más profundo en la isla desde el triunfo de la Revolución de 1959, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó por unanimidad un histórico paquete de 176 reformas orientadas al libre mercado. La medida, largamente postergada por la cúpula dirigente, representa un drástico repliegue del control estatal sobre una economía asfixiada por la peor crisis de su historia reciente.
El plan, presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, desmonta pilares históricos del modelo de planificación centralizada. Entre las transformaciones más radicales destaca que el Estado abandonará progresivamente la distribución física de recursos para transitar hacia una planificación financiera guiada por las señales del mercado. Asimismo, las empresas estatales dejarán de recibir órdenes rígidas de producción y operarán bajo un esquema contractual, abriéndose además la posibilidad de transformarse en sociedades mercantiles por acciones.

Las claves de la apertura
El nuevo paquete legislativo redefine por completo el papel del sector privado y la inversión extranjera a través de medidas sin precedentes en el marco socialista:
- Adiós al monopolio de la empresa mixta: Por primera vez, los inversionistas extranjeros podrán participar de forma directa en negocios privados y adquirir acciones en empresas estatales, eliminando la obligatoriedad de asociarse con el Estado.
- Expansión del sector privado: Se autoriza la creación de empresas privadas de gran escala (con más de 100 empleados) en sectores clave como la agricultura, el turismo, la banca y el mercado cambiario.
- Reforma salarial y social: Se anunció un incremento del salario mínimo estatal —que pasa de 2,100 a 3,110 pesos cubanos— y la introducción de un impuesto a las ventas (IVA), junto con la flexibilización de los requisitos de jubilación para reconocer años dedicados al cuidado familiar.
Entre el bloqueo externo y las trabas internas
La aprobación de estas reformas llega en un momento de extrema fragilidad. El recrudecimiento del cerco financiero por parte de Washington y un severo bloqueo energético han dejado a la isla con apagones crónicos y una escasez crítica de alimentos, agua potable y medicinas, llevando a la ONU a advertir sobre el grave impacto humanitario en la población.
Sin embargo, en un inusual ejercicio de franqueza, el gobierno cubano reconoció que la culpa no es exclusivamente externa. El presidente Miguel Díaz-Canel admitió la existencia de «obstáculos que no vienen de afuera», señalando la lentitud, la burocracia y las normativas internas que frenan la producción como razones urgentes para implementar estos cambios.
Pese al calado de la apertura económica, las autoridades de La Habana dejaron claro que los límites políticos se mantienen intactos. El Partido Comunista continuará siendo la única organización legal e ideológica de la isla. Mientras los pequeños empresarios locales ven en estas medidas una luz de esperanza para reactivar la actividad comercial, el debate internacional se centra en si esta apertura llega a tiempo para evitar el colapso del sistema o si transformará irreversiblemente el rostro social de Cuba.
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