La noche del viernes 26 de junio, la Cúpula del Poliedro de Caracas pasó de ser un epicentro de esperanza civil a un escenario de frustración y reclamos. Cientos de ciudadanos que acudieron tras el llamado del Ejecutivo para registrarse como voluntarios de rescate —luego del devastador doblete sísmico que afectó gravemente a La Guaira el pasado 24 de junio— terminaron manifestando a las afueras de las instalaciones debido a severas restricciones y demoras en el proceso de inscripción.
La urgencia de ayudar choca con la burocracia
Tras declararse La Guaira como zona de desastre, el gobierno central habilitó el Poliedro como el único embudo oficial para canalizar el apoyo civil. La premisa institucional era clara y, en teoría, lógica: organizar a los ciudadanos según sus destrezas y otorgarles una acreditación con código QR. Sin esta autorización, el acceso por la autopista Caracas-La Guaira quedaba totalmente restringido a partir de las 8:00 p.m. por motivos de seguridad y control sanitario.
Sin embargo, la logística no resistió la marea humana. Alrededor de las inmediaciones del recinto de Coche, las filas se extendieron por kilómetros. La desesperación comenzó a caldear los ánimos cuando los funcionarios asignados empezaron a limitar los cupos de ingreso y a ralentizar el chequeo, dejando a médicos, paramédicos, ingenieros y civiles dispuestos a remover escombros varados en el asfalto.
«Queremos ir a ayudar, tenemos los insumos y la disposición, pero nos tienen trancados aquí mientras nuestra gente nos necesita en el litoral», reclamaba un paramédico civil en medio de las consignas de protesta que retumbaron en la entrada del complejo cultural y deportivo.
Las dos caras de la moneda
La crónica de la jornada refleja un dilema institucional complejo:
- La perspectiva de los voluntarios: Para la sociedad civil, las trabas en el registro se perciben como un obstáculo burocrático inaceptable en un contexto de vida o muerte, donde las primeras 72 horas son críticas para hallar sobrevivientes bajo las estructuras colapsadas.
- La postura de las autoridades: Los cuerpos de seguridad e instituciones de gestión de riesgos argumentan que permitir un flujo descontrolado de civiles hacia La Guaira —una zona con servicios colapsados, escasez de agua potable y fallas eléctricas aún en recuperación— podría generar una emergencia sanitaria secundaria o entorpecer las labores de los cuerpos profesionales de rescate nacionales e internacionales.
La protesta se dispersó entrada la madrugada entre promesas de agilización del sistema automatizado, dejando en evidencia el enorme desafío que representa coordinar la abrumadora solidaridad de una población golpeada por la tragedia en medio de un estricto control estatal.
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