El expediente judicial que se convirtió en el símbolo del quiebre de la independencia judicial en Venezuela ha llegado a su punto final. Tras más de 16 años de persecución, medidas cautelares y detención, la exjueza María Lourdes Afiuni Mora recibió la libertad plena y el cierre definitivo de la causa en su contra.
La notificación oficial fue entregada por un funcionario a la familia de la jurista. La medida se produjo un día después de que sus allegados denunciaran públicamente su delicado estado de salud, tras ser diagnosticada con tres lesiones tumorales que requieren tratamiento médico especializado.
Un hito del quiebre institucional
La historia que marcó un antes y un después en el sistema de justicia venezolano comenzó el 10 de diciembre de 2009. En esa fecha, como titular del Tribunal 31° de Control de Caracas, Afiuni otorgó libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, acatando una recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
La respuesta del poder político no se hizo esperar:
- Un día después de la medida, el entonces presidente Hugo Chávez exigió en cadena nacional la pena máxima de 30 años de prisión para la magistrada.
- Afiuni fue arrestada por los cuerpos de seguridad sin orden judicial y recluida en el INOF, donde permaneció encarcelada junto a reclusas que ella misma había sentenciado.
- Durante su reclusión, la jueza denunció haber sufrido severas torturas, agresiones físicas y violaciones.
De la prisión domiciliaria a la «corrupción espiritual»
Tras años de presión internacional y el deterioro paulatino de su salud, se le otorgó el arresto domiciliario en 2011 y posterior libertad condicional en 2013. Sin embargo, la persecución penal nunca se detuvo. En marzo de 2019, la justicia venezolana la condenó nuevamente a cinco años de prisión bajo el delito de «corrupción espiritual», un tipo penal inexistente en la legislación del país.
A través de un comunicado firmado por su hermano Nelson Afiuni y su abogada Thelma Fernández, la familia destacó que la resolución constituye la restitución de una libertad que jamás debió ser conculcada. El caso Afiuni cierra así su ciclo formal en los tribunales, permaneciendo en la memoria institucional como el recordatorio de las consecuencias del sometimiento del Poder Judicial a los dictámenes del poder político.
Por Redacción Curadas
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