En el marco de los recientes movimientos políticos y procesos de diálogo institucional en el país, Delcy Rodríguez dirigió una solicitud formal a la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) para tramitar, con carácter de urgencia, una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
La iniciativa, remitida al presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, plantea la necesidad de revisar y despenalizar ciertos supuestos legales para «corregir desviaciones en la aplicación práctica» de la normativa e impulsar espacios de reencuentro nacional.
Un instrumento cuestionado bajo revisión
Aprobada en noviembre de 2017 por la entonces Asamblea Nacional Constituyente, la Ley contra el Odio ha sido objeto de severas críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, gremios de periodistas y activistas civiles. Organizaciones como Provea y Foro Penal sostienen que varios de sus artículos han servido para restringir la libertad de expresión, penalizar la protesta pacífica y encarcelar a disidentes políticos y ciudadanos por publicaciones en redes sociales.
De acuerdo con la propuesta enviada al Poder Legislativo, la modificación parcial buscaría establecer límites claros a la discrecionalidad judicial y brindar mayores garantías procesales, en un esfuerzo por restablecer la confianza en las instituciones públicas y acompañar el destrabe de conflictos políticos.
Reacciones y escepticismo de la sociedad civil
El anuncio ha generado reacciones encontradas dentro de la opinión pública venezolana:
- Posición gubernamental: Se argumenta que la reforma abrirá una nueva etapa de flexibilización política que facilitará el diálogo pluralista y la pacificación del clima social.
- Sectores de derechos humanos y oposición: Dirigentes y defensores de DD. HH. han expresado que cualquier modificación debe ir acompañada de la anulación definitiva de penas arbitrarias y la liberación incondicional de quienes fueron procesados bajo este marco legal. Exigen garantismos reales para evitar que la norma siga funcionando como un mecanismo de autocensura.
El debate parlamentario sobre la reforma se iniciará en las próximas sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, donde se evaluará el alcance de las modificaciones propuestas.
Por Redacción Curadas
Fuentes consultadas
- El Diario / El Estímulo: Cobertura noticiosa sobre la solicitud formal de reforma ante la Asamblea Nacional y balance de DD. HH.
- Banca y Negocios / Finanzas Digital: Reportes sobre el impacto institucional y los anuncios del Ejecutivo.
- Diario Primicia: Transcripción de las declaraciones y documentos enviados al parlamento venezolano.
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