Caracas.– En un giro inesperado sobre el marco legal coercitivo del país, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reconoció públicamente que la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia —promulgada en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente— fue objeto de una aplicación indebida y desproporcionada.
«Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley», admitió la funcionaria durante un acto con caficultores en el estado Portuguesa.
Tras sus declaraciones, Rodríguez anunció el envío de un proyecto de reforma ante la Asamblea Nacional para revisar la normativa e impulsar la despenalización de diversos supuestos delitos, con el argumento de propiciar una «convivencia democrática y la paz».

Un instrumento bajo la lupa de los Derechos Humanos
La Ley contra el Odio, aprobada en noviembre de 2017 en medio de un severo conflicto político, fijó penas de hasta 20 años de prisión para quienes incurrieran en lo que el texto calificaba como «incitación al odio» o «delitos de intolerancia».
Desde su entrada en vigor, organizaciones defensores de los derechos humanos y libertad de expresión, como Espacio Público, denunciaron de manera reiterada que la normativa carecía de precisión jurídica e instrumentalizaba la justicia para sancionar la crítica política, el trabajo periodístico y la protesta social. Según registros de ONG independientes, más de 80 personas sufrieron procesos judiciales o detenciones bajo la aplicación de este articulado hasta 2023, una cifra que se incrementó tras la coyuntura electoral de 2024.
Antecedentes y debate parlamentario
El pronunciamiento de Delcy Rodríguez coincide con posturas previas asumidas en el seno del propio parlamento. En febrero de este año, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ya había adelantado la posibilidad de revisar el texto legal tras admitir fallas en sus procedimientos de fiscalización y sanción.
Mientras sectores del oficialismo abogan por un marco que repare las fricciones institucionales y reencause la convivencia, analistas y juristas independientes destacan que cualquier reforma sustancial debe garantizar plenamente el derecho a la libre expresión, el debido proceso y la abolición definitiva de figuras penales ambiguas que limiten la opinión ciudadana.
Por Redacción Curadas
Fuentes consultadas
- Agencia EFE / El Diario: Delcy Rodríguez reconoce que la Ley contra el Odio fue “mal aplicada” (Septiembre 2026).
- Diario 2001 / Correo del Caroní: Delcy Rodríguez admite «uso abusivo» de la Ley contra el Odio y presenta proyecto de reforma ante la AN (Septiembre 2026).
- ONG Espacio Público: Reportes de monitoreo sobre libertad de expresión y aplicación de la Ley contra el Odio en Venezuela.
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