El freno al gas: falla de infraestructura y falta de acuerdos

A pesar de albergar las mayores reservas probadas de gas natural en América Latina y ocupar la octava posición a nivel mundial, las aspiraciones de posicionar a Venezuela como una potencia exportadora de gas continúan encontrando severos cuellos de botella. La combinación de un parque de infraestructura desactualizado, requerimientos millonarios de inversión y la persistente inestabilidad marco-política imponen una barrera técnica e institucional para el despegue definitivo del sector.

De acuerdo con estimaciones y balances presentados por voceros del sector energético, entre ellos la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG), resulta improbable incorporar nuevos volúmenes significativos de suministro al mercado antes del cierre de 2026. Los análisis proyectan que la reactivación o puesta en marcha de proyectos de mayor escala interna se desplazará hacia mediados de 2027, condicionado todo a la consecución de capitales y garantías de operación.

Infraestructura obsoleta y déficit eléctrico: el nudo gordiano

El diagnóstico de los expertos coincide en que el principal reto operacional no es la disponibilidad del recurso en el subsuelo, sino la capacidad para procesarlo y transportarlo:

Infraestructura de transporte y procesamiento: Las redes de gasoductos, plantas de fraccionamiento y compresión registran desinversiones acumuladas que exigen trabajos profundos de ingeniería, modernización técnica y reparación. Un ejemplo de esta situación radica en la infraestructura de interconexión transfronteriza, como el gasoducto Antonio Ricaurte con Colombia, cuya reactivación requiere intervenciones físicas previas para evaluar envíos de gas.
Dependencia del sistema eléctrico: La recolección y compresión de gas natural a gran escala requiere un flujo continuo de energía. La crisis en el sistema eléctrico nacional impacta directamente las plantas de procesamiento e incrementa los costos operativos de los proyectos.
Venteo y quema del gas: La falta de capacidad instalada de captura provoca que volúmenes considerables de gas asociado a la producción petrolera continúen quemándose en fosa o ventearse, privando a la industria petroquímica y al parque termoeléctrico nacional de un insumo clave.

El peso del entorno político y la seguridad jurídica

Más allá de las variables puramente técnicas, las corporaciones privadas y gremios industriales señalan que el financiamiento a largo plazo marcha de la mano de la certidumbre jurídica. Aunque la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos otorga un marco legal que habilita la participación 100% privada en la cadena de valor, la falta de acuerdos políticos sólidos y la volatilidad en materia de sanciones condicionan los compromisos de inversión extranjera de gran calado.

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El dilema de la industria se resume en la necesidad de estructurar alianzas mixtas y esquemas de comercialización internacionales que ofrezcan garantías sostenibles frente a los riesgos del entorno interno. Mientras estas condiciones de estabilidad y adecuación física no se concreten de forma integral, el potencial gasífero de la nación seguirá rezagado frente a la demanda energética regional y global.

Por Redacción Curadas

Fuentes consultadas

Agencia AFP / El Nacional / Clarin: Reportes sobre la convención del sector gasífera y declaraciones de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG).
Reuters / La República: Análisis sobre requerimientos de inversión, déficit del sistema eléctrico y situación del sector energético venezolano.
EFE / Noticias Venevisión: Informes sobre la evaluación técnica de gasoductos e infraestructura de exportación de gas.

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