El mapa de las minas antipersonal en América Latina

A pesar de las convenciones internacionales y los prolongados esfuerzos de desminado humanitario, la amenaza de los artefactos explosivos sembrados bajo tierra sigue cobrando vidas y desplazando comunidades en América Latina.

Lo que durante décadas pareció un residuo de los conflictos armados del siglo XX hoy muta y se reactiva en diversas fronteras y regiones de la región, impulsado por el crimen organizado y disputas territoriales.

La situación en el cono sur y Centroamérica

El desminado de fronteras ha registrado importantes avances institucionales, aunque persisten tareas pendientes:

Chile: Tras décadas de trabajo en el marco de la Convención de Ottawa, el país logró certificar la remoción de sus campos de minas antipersonal en fronteras del norte (Arica y Parinacota) y del sur (Magallanes). Sin embargo, la presencia residual de minas antitanque y la necesidad de monitoreo constante en terrenos de difícil acceso representan un desafío preventivo permanente.
Centroamérica: Países como Nicaragua, Honduras y Guatemala superaron extensos procesos de desminado tras las guerras civiles de los años 80. No obstante, el hallazgo esporádico de remanentes no detonados continúa representando un peligro localizado para las comunidades rurales.

Colombia y el foco fronterizo con Venezuela

El epicentro de la problemática en la actualidad radica en la franja norandina y las zonas fronterizas:

Colombia: Es uno de los países históricamente más afectados del mundo en número de víctimas por artefactos explosivos e improvisados. La presencia de grupos armados irregulares y su disputa por rutas de narcotráfico o minería ilegal mantienen bajo riesgo a departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Cauca y Chocó.
Eje fronterizo con Venezuela: En la zona limítrofe (especialmente en estados como Apure y Zulia), el despliegue de minas artesanales y trampas explosivas por parte de grupos armados irregulares ha generado bajas militares y civiles. Las operaciones de rastreo y desactivación por parte de las autoridades han puesto en evidencia la presencia de estos dispositivos en rutas transitadas por pobladores y agricultores locales.
Ecuador y Perú: Ambos países lograron culminar el desminado de la cordillera del Cóndor, zona de su antiguo litigio fronterizo, convirtiéndose en un referente de cooperación binacional para la liberación de artefactos explosivos.

Industrias de Guayana requerirían hasta 30.000 trabajadores para su reactivación

El principal obstáculo en la región ya no radica únicamente en los inventarios militares del pasado, sino en la proliferación de minas antipersonal de fabricación casera y trampas explosivas utilizadas por estructuras al margen de la ley para asegurar el control territorial.

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Para ampliar la información sobre los operativos de rastreo, desactivación y el testimonio de sobrevivientes de minas antipersonal en la región, se sugiere el siguiente reporte periodístico:

Por Redacción Curadas

Fuentes consultadas

Convención de Ottawa / Acción Contra Minas: Informes internacionales y reportes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre el impacto de artefactos explosivos en poblaciones civiles.
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) / Ejército de Colombia: Comunicados oficiales y balances operativos sobre la desactivación de minas improvisadas en zonas fronterizas.
InSight Crime / Reportes de Prensa (CNN en Español): Análisis de investigación sobre el uso de trampas explosivas por parte de grupos armados no estatales en rutas de tráfico fronterizo.

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