La organización venezolana Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) alzó su voz de manera firme para exigir que se investigue a profundidad a los funcionarios y operadores responsables de ejecutar detenciones arbitrarias en el país.
Este pronunciamiento surge como reacción institucional luego de que se emitieran declaraciones oficiales desde el Ejecutivo señalando que no se permitirán aprehensiones al margen de la ley ni sin órdenes judiciales previas.
Para la ONG defensora de derechos humanos, el hecho de que las autoridades se vean en la necesidad de recordar públicamente esta prohibición constitucional —consagrada en los artículos 44 y 46 de la Carta Magna sobre el derecho a la libertad y a la integridad personal— pone crudamente en evidencia la normalización sistemática de la represión y del abuso de poder perpetrado durante años en territorio venezolano.
Más allá de las medidas coyunturales
Provea advirtió que las declaraciones y promesas de carácter coyuntural resultan insuficientes para sanar las heridas institucionales del país.
La organización recalcó que, para alcanzar una auténtica normalización democrática y un clima de garantías efectivas para todos los ciudadanos, es imperativo trascender los anuncios superficiales y avanzar decididamente hacia reformas estructurales profundas.
Estas acciones deben garantizar la restauración irreversible del Estado de derecho, la liberación incondicional de los presos por razones políticas que continúan tras las rejas sin las debidas garantías, y el desmantelamiento definitivo de los marcos jurídicos e institucionales que se emplearon como herramientas de persecución contra la disidencia.
Asimismo, la institución exhortó a la ciudadanía, a las organizaciones civiles y a los veedores nacionales a mantenerse alerta, documentando minuciosamente cualquier vulneración a los derechos fundamentales.
La exigencia central sigue siendo clara tras décadas de lucha: que ninguna detención arbitraria quede en la impunidad, que sus ejecutores materiales e intelectuales rindan cuentas ante la justicia y que se devuelvan plenas garantías a la sociedad venezolana.
Por Redacción Curadas
Fuentes consultadas
- Provea: Comunicados oficiales y pronunciamientos institucionales en redes sociales sobre garantías constitucionales y derechos humanos.
- Medios de comunicación nacionales: Coberturas informativas de El Diario, Correo del Caroní y Noticiero Digital.
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