A través de una nota, la ONG Laboratorio de Paz expresó su profunda preocupación frente a las recientes denuncias relacionadas con la campaña oficial “Yo me alisto”, impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro, en la cual se habría obligado a las personas –incluyendo adolescentes- a inscribirse en la Milicia Nacional Bolivariana y grabar videos en apoyo a esta iniciativa.
A partir del 23 y 24 de agosto de 2025, las autoridades venezolanas convocaron a “Gran Jornada Nacional de Alistamiento” en plazas Bolívar y unidades militares del país, con el objetivo de activar más de 4,5 millones de milicianos.
“Yo me alisto” es una campaña gubernamental que busca movilizar a amplias capas de la población como milicianos activos en un contexto de tensión política internacional, y como parte del modelo de defensa integral civil-militar sostenido por el régimen bolivariano.
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El 1 de septiembre Maduro informó que “8 millones 200 mil venezolanos se habían inscrito en el alistamiento militar”.
Diversos testimonios señalan que esta campaña ha derivado en prácticas de alistamiento forzoso de personas, incluyendo empleados públicos y adolescentes, así como en la obligación impuesta de realizar videos en apoyo a la iniciativa.
Estas acciones constituyen violaciones graves de los derechos humanos, contrarias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
La Constitución venezolana de 1999 establece de manera clara en su artículo 134 que “nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso”. El mismo texto fundamental reconoce, en su artículo 61, la libertad de conciencia como derecho humano fundamental.
El derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar ha sido reconocido como parte inherente de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, consagrada en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reiterado que toda persona tiene derecho a ser eximida del servicio militar obligatorio si este contradice sus convicciones religiosas, éticas o políticas
La actual normativa venezolana, al no reconocer esta garantía, coloca a los jóvenes y trabajadores en la disyuntiva de violentar su conciencia o exponerse a sanciones legales, administrativas y sociales. Coaccionar a empleados públicos para que participen en actos de alistamiento o graben videos de propaganda viola su derecho a la libertad de conciencia, de asociación y de expresión, reforzando el clima de intimidación laboral que impera en el sector público.
Laboratorio de Paz documenta violaciones a la objeción de conciencia. Exhortamos a las personas que sean víctimas de alistamiento forzoso, o de coacción para participar en actividades militares, transmitan sus denuncias, de manera privada, al correo electrónico de Laboratorio de Paz: labpazve@gmail.com. Laboratorio de Paz procesará las denuncias resguardando la identidad de las víctimas.
Frente a esta situación:
– Se debe detener de inmediato las prácticas de alistamiento forzoso de personas y la coacción sobre trabajadores del sector público.
– Garantizar que ningún derecho fundamental —educación, trabajo, identidad, movilidad— quede condicionado a la participación en la campaña “Yo me alisto”.
– Cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo los establecidos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el sistema interamericano.
Con información de Laboratorio de Paz