Título original: ¡EXIJO MI DERECHO A UNA LLAMADA! Por Gustavo Alfredo Domínguez Martínez
El diagnóstico del Dr. Ángel Alberto Bellorín y su propuesta de enmienda constitucional con urgente reforma penal no admiten medias tintas ni eufemismos académicos: el sistema judicial venezolano no está en crisis; está en un estado de descomposición absoluta y terminal.
Lo que formalmente se denomina «Ministerio Público» o «Tribunales de la República» ha mutado en una corporación de extorsión, complicidad y terrorismo de Estado.
Cuando los jueces y fiscales transformaron la garantía constitucional del control de la detención en un trámite burocrático y complaciente, se hicieron coautores de cada tortura, de cada desaparición y de cada muerte ocurrida bajo custodia.
En el caso de Víctor Hugo Quero Navas, la infamia judicial fue perfecta: el silencio institucional amparó el secuestro, validó la opacidad de los cuerpos policiales y actuó como el muro de contención que trituró la esperanza y la vida de Doña Carmen Navas de Quero.
Los administradores de justicia en Venezuela arrojaron el derecho penal al basurero para aplicar el derecho penal del enemigo. Fiscales que firman actas prefabricadas e inventan flagrancias absurdas, junto a jueces que ratifican privativas de libertad con un guiño telefónico del poder político, no son funcionarios negligentes; son criminales con toga. Han convertido los tribunales en el eslabón necesario para legalizar la barbarie, demostrando una carencia total de escrúpulos y una sumisión servil que destruye cualquier rastro de dignidad institucional.
Sin embargo, el colapso del estado de derecho no ocurre en el vacío. Existe un factor tanto o más grave que la perversión de los uniformados y los magistrados: la quiebra moral de una parte considerable de la sociedad civil.
Retomando la advertencia de José Ingenieros en Lecciones de optimismo y El hombre mediocre, Venezuela padece la peor de las dolencias colectivas: la habituación al horror. La destrucción del tejido ético ciudadano se evidencia en actitudes repudiables que se han vuelto cotidianas:
Primero, en aquellos ciudadanos que ven los rostros de las madres peregrinando por cárceles y morgues y desvían la mirada bajo el miserable consuelo del «algo habrá hecho», o el cobarde «no me meto en problemas». La insolidaridad se ha institucionalizado como mecanismo de supervivencia.
Segundo, en un sector de la población que ya no se indigna ante la extorsión policial o judicial, sino que la asume como una alcabala económica regular. Se prefiere pagar el rescate del familiar detenido antes que denunciar, alimentando financieramente al monstruo que mañana devorará a otro venezolano.
Y finalmente, en el cinismo de los profesionales del derecho, con abogados que se prestan a ser «gestores» de la corrupción, puentes de plata entre la libertad comprada y el bolsillo del juez de turno, deshonrando el uniforme de la academia y transformando la defensa en un vulgar mercadeo de carne humana.
Esta abulia colectiva, este acostumbramiento a ver la vida y la libertad como mercancías transables bajo el arbitrio de encapuchados, es lo que ha permitido que el interinato criminal dure décadas. Una sociedad que no se estremece ni se moviliza espiritualmente ante la agonía de una madre anciana que muere de dolor tras el asesinato de su hijo desaparecido, es una sociedad éticamente anestesiada.
Frente a este lodazal de cobardía generalizada y sadismo estatal, la propuesta del Dr. Ángel Alberto Bellorín adquiere el carácter de una obligación moral ineludible. Su planteamiento de enmienda constitucional para cercar y castigar penalmente a los funcionarios que omitan el derecho inmediato a la comunicación no es un adorno legal; es un látigo contra la impunidad.
Respaldar la ponencia del coronel Bellorín implica asumir el «sacudón espiritual» que propone en sus líneas. Es sacudirse la modorra de la sumisión y señalar directamente la podredumbre del sistema. La impunidad futura de la que advierte el constitucionalista solo se detendrá si se imponen penas draconianas e inmediatas, sin derecho a fianza, despojando de sus privilegios burocráticos a los esbirros y a sus superiores.
La memoria de Doña Carmen Navas de Quero exige que su tragedia deje de ser «más de lo mismo». Su muerte es la denuncia viva del fracaso ético de una nación entera. El planteamiento de Bellorín es un grito de ¡basta ya! a la complicidad de los que callan, a la vileza de los que ejecutan y a la cobardía de los que, teniendo el deber de impartir justicia, prefirieron firmar sentencias de muerte para conservar una poltrona en el infierno judicial venezolano.
BASTA DE IMPUNIDAD…
Agradezco la deferencia del Dr. Ángel Alberto Bellorín al confiarme las líneas matrices de su propuesta de enmienda constitucional, cuya urgencia moral inspira lo supra citado en mis reflexiones.
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