Un nuevo estallido de violencia en alta mar vuelve a poner bajo el foco la agresiva estrategia militar que la Casa Blanca despliega en aguas internacionales de la región. El pasado miércoles 27 de mayo, un letal ataque cinético ejecutado por las fuerzas armadas de los Estados Unidos contra una presunta «narcolancha» en el océano Pacífico oriental se saldó con la muerte de sus dos únicos tripulantes, sumando un nuevo capítulo a una cuestionada campaña que ya acumula casi dos centenares de víctimas fatales.
El ataque se ejecutó bajo la dirección del general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear (Lanza del Sur). Según el comunicado oficial de las autoridades norteamericanas difundido en la red social X, la inteligencia militar habría confirmado previamente que la embarcación transitaba por rutas conocidas de contrabando y que estaba operada por «Organizaciones Terroristas Designadas».
El impacto en blanco y negro
Como se ha hecho habitual en este tipo de despliegues desde que inició la ofensiva en septiembre de 2025, el Pentágono hizo público un video grabado con cámaras térmicas en blanco y negro. En el metraje se aprecia el momento exacto en el que un misil lanzado desde el aire hace un impacto directo sobre la lancha rápida que navegaba a gran velocidad. Segundos después, la toma revela la embarcación envuelta completamente en llamas con restos y materiales no identificados flotando a la deriva.
«Llevaremos a cabo la evaluación de daños en el Pentágono y en el cuartel general del USSOUTHCOM en Florida», matizaron portavoces de la oficina militar, confirmando que ningún efectivo estadounidense resultó herido en la operación.
Este letal incidente en el Pacífico ocurrió en un marco de apenas 48 horas de intensa actividad armada. Solo un día antes, el martes 26 de mayo, otra operación similar de las fuerzas estadounidenses contra una presunta narcolancha dejó un saldo de un fallecido y dos supervivientes heridos —un hecho inusual en este tipo de ataques, donde las tasas de mortalidad suelen ser absolutas—.
Una estrategia con cifras alarmantes y nulas explicaciones
Con este último golpe, la campaña militar de la administración de Donald Trump —quien insiste en que su nación se encuentra en un «conflicto armado» real contra los cárteles de América Latina— ha cobrado la vida de al menos 190 personas en más de 60 ataques documentados tanto en el mar Caribe como en aguas del Pacífico.
A pesar de la contundencia de las operaciones, el hermetismo sigue imperando. El gobierno estadounidense evita aportar pruebas públicas definitivas que demuestren de manera fehaciente que los barcos destruidos transportaban sustancias ilícitas o que los hombres a bordo estuvieran armados en el instante del bombardeo. En la jerga del Departamento de Guerra, los fallecidos pasan directamente a ser catalogados como «narcoterroristas», equiparando estos procedimientos a los ataques con drones ejecutados en el pasado en zonas de guerra activa como Yemen o Somalia.
Voces de alerta en la comunidad internacional
Mientras Washington celebra el operativo como un éxito en la seguridad nacional, las alarmas humanitarias y jurídicas continúan encendiéndose. Diversos expertos en derecho internacional y organizaciones defensoras de los derechos humanos han manifestado su profunda preocupación por lo que califican como presuntas «ejecuciones extrajudiciales».
Los críticos argumentan que estas ofensivas se ejecutan contra civiles en aguas internacionales sin dar opción a la rendición, al debido proceso ni a la confirmación de la carga, y sobre todo, sin que estas naves representen una amenaza militar inminente y directa contra el territorio estadounidense. Por ahora, el fuego cruzado en los despachos legales avanza en paralelo a los misiles en alta mar, en una guerra contra las drogas que ha decidido cambiar los tribunales por la contundencia letal de los cielos.
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