WASHINGTON D.C. — En una maniobra legal diseñada para esquivar las restricciones impuestas por la Corte Suprema, la administración de Donald Trump volvió a sacudir el tablero del comercio internacional. Justo cuando expiraba el arancel global temporal del 10 %, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) oficializó la aplicación de nuevos gravámenes de entre el 10 % y el 12,5 % sobre las importaciones procedentes de 60 países y economías.
El argumento central de la Casa Blanca se apoyó esta vez en los resultados de una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, citando «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso» en las cadenas de suministro extranjeras.
América Latina en el mapa de las nuevas tasas
El impacto en la región abarca a una quincena de economías que deberán reajustar sus dinámicas exportadoras hacia el mercado estadounidense:
- Con arancel preferencial del 10 %: Países como Argentina, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Trinidad y Tobago se ubicaron en este tramo tras haber adoptado normativas previas o demostrado compromisos formales para prohibir productos vinculados al trabajo forzoso.
- El caso de México: Aunque figura en la lista con una tasa del 10 %, las autoridades mexicanas precisaron que el 85 % de sus exportaciones continúan protegidas bajo las exenciones del T-MEC, aplicando el nuevo arancel únicamente al 15 % restante.
- Otras economías regionales: Países que no cuentan con marcos legales considerados equivalentes por la USTR afrontarán la tasa general del 12,5 %. Esto ocurre de manera paralela a medidas específicas vigentes, como el arancel previo del 25 % aplicado a productos brasileños por presuntas prácticas comerciales desleales.
Las claves de la medida
| Aspecto | Detalle |
| Mecanismo Legal | Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. |
| Tasas aplicadas | 10 % para países con normas o compromisos anti-trabajo forzado; 12,5 % para el resto. |
| Exenciones clave | Petróleo, gas, fertilizantes, alimentos básicos y bienes ya gravados por aranceles de seguridad nacional (acero, aluminio, autos). |
| Objetivo declarado | Evitar que bienes fabricados con mano de obra no regulada compitan con la industria estadounidense. |
La respuesta global y el trasfondo legal
La reacción de los socios comerciales afectados no se hizo esperar. Delegaciones diplomáticas de la Unión Europea, Japón y Australia han rechazado los señalamientos sobre trabajo forzoso, tildando las acusaciones de infundadas y advirtiendo sobre el incremento del costo de vida para los consumidores.
«No podemos permitir que las decisiones judiciales desmantelen la protección de la industria nacional. Utilizaremos las herramientas legales necesarias para garantizar un comercio justo», señalaron fuentes de la administración.
Tras el revés judicial que invalida aranceles previos dictados bajo leyes de emergencia, Washington apadrina un enfoque más pragmático e individualizado. Aunque la Casa Blanca asegura que el objetivo es elevar los estándares laborales a nivel global, analistas económicos coinciden en que la medida busca sostener la política proteccionista sin interrumpir el suministro de insumos energéticos y alimentarios clave.
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