La batalla legal en torno a la causa penal dictada contra Nicolás Maduro en el Distrito Sur de Nueva York suma un nuevo capítulo estratégico.
Tras su captura el pasado 3 de enero de 2026 en el marco de la Operación «Absolute Resolve» y su posterior traslado a territorio estadounidense, la defensa del exmandatario venezolano ha radicado formalmente una solicitud para desestimar los cargos federales interpuestos en su contra, apelando a la doctrina de la inmunidad soberana de los Jefes de Estado.
El recurso presentado por sus abogados sostiene que las acciones atribuidas por la fiscalía estadounidense —que abarcan cargos por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y lavado de activos— habrían sido ejecutadas durante su ejercicio al frente del Ejecutivo.
Bajo esa premisa, la defensa argumenta que los tribunales ordinarios de Estados Unidos carecen de jurisdicción para procesar a un líder que ejerció la jefatura de Estado de un país soberano.
La postura de la fiscalía y la opulencia bajo custodia
Por su parte, el equipo del Departamento de Justicia estadounidense, que lidera la acusación ante el juez Alvin Hellerstein, mantiene que la inmunidad legal no aplica para conductas tipificadas como delincuencia organizada o actividades ilícitas trasnacionales. Desde la perspectiva de los fiscales federales, el entramado institucional en Caracas operaba como una plataforma para facilitar transacciones de origen ilícito, desmantelando la prerrogativa de protección diplomática u oficial.
El debate procesal se desarrolla de manera paralela al aseguramiento de activos vinculados a la causa penal. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses sostienen la custodia y congelamiento preventivo de más de 700 millones de dólares en propiedades, aeronaves privadas, vehículos de alta gama y cuentas asociadas a la estructura gubernamental saliente.
El tribunal neoyorquino deberá evaluar en las próximas semanas si admite la moción de desestimación planteada por los defensores o si, por el contrario, revalida la jurisdicción de la corte federal y da luz verde para avanzar hacia la fase de juicio oral.
Por Redacción Curadas
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