Mano dura: ordenan deportar a migrantes irregulares que delincan en Colombia

Las políticas de seguridad y control migratorio en la vecina nación han dado un giro determinante que impacta de manera directa a la comunidad migrante en la región.

Tras un reciente consejo de seguridad enfocado en el combate a las redes delictivas, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, giró instrucciones directas al director de Migración Colombia, José Luis Castañeda, para proceder con la deportación inmediata y sin dilaciones de aquellos ciudadanos extranjeros en situación de irregularidad que se encuentren vinculados a actividades criminales o posean antecedentes y anotaciones penales en el país.

EFE/ Presidencia de Colombia (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La medida, anunciada al término de una evaluación conjunta con las autoridades locales en Bogotá, subraya que la prioridad institucional del Ejecutivo colombiano es garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.

Según los reportes oficiales, ciudades como la capital colombiana albergan una cifra considerable de ciudadanos extranjeros en condición migratoria no regularizada, un sector minoritario pero activo dentro de esquemas delictivos de delincuencia común y crimen organizado.

El mandatario recalcó que la decisión administrativa y política se aplicará con firmeza para salvaguardar la tranquilidad de la ciudadanía, diferenciando entre la población migrante que labora honradamente y aquellos elementos que quebrantan el orden legal.

Para la opinión pública y los miles de venezolanos radicados en territorio colombiano, el anuncio genera reacciones encontradas y un intenso debate en el ámbito social y político.

Mientras diversos sectores respaldan el endurecimiento de los controles frente a la delincuencia y el accionar de estructuras transnacionales, organizaciones sociales advierten sobre los desafíos operativos que enfrentan las instituciones migratorias y la necesidad de mantener canales adecuados para evitar afectaciones indiscriminadas a quienes buscan estabilidad.

Lo cierto es que la nueva directiva presidencial marca una etapa de estricta supervisión en las fronteras y centros urbanos colombianos.

Por Redacción Curadas

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