«Estimado Dr. Bellorín, he leído con atención su reciente artículo: Nuevo fiscal y defensor, viejo fraude a la constitución de fecha 16 de marzo de 2026 publicada en el medio Curadas.
A propósito de la renuncia pública que el actual ministro chavista Lic. Ernesto Villegas ha hecho de su militancia al partido de gobierno, (no del cargo ministerial) para postularse como candidato a Defensor del Pueblo, es pertinente dar nueva lectura a este escrito del año 2021 que trata sobre la vinculación partidista.
Con tal hecho, el Chavismo acabó con la innovadora participación protagónica, destruyó la división de poderes y con la autonomía funcional de esos poderes de contrapesos como verdadera garantía republicana del ejercicio del poder público.
Esa reelección indefinida fue impuesta en forma arbitraria por el Chavismo y aceptada por complicidad activa y silencio cómplice de la oposición y repetida como cierta por una sociedad poco dispuesta a leer e investigar.
Una de la más trillada excusa para evadir o descalificar a priori los certeros argumentos centrados en estricta hermenéutica, es responder al que los esgrime «esa es tu interpretación, yo tengo otra».
En aquel momento, con el cargo de Rector principal y vicepresidente del CNE Enrique Márquez, a pesar de sus declaraciones públicas, no quiso actuar ante la sala constitucional para dar curso jurídico a su certeza.
el gobierno interino, provisional, temporal, tutelado, etc, nos avisa que luego del carnaval continuará EL CIRCO LEGISLATIVO debatiendo la fulana amnistía.
Algunas personas siguen preguntando sobre la pretendida «Ley de Amnistía» y detalles de su discusión de las que en verdad no estoy en conocimiento.
A pesar de la cruda realidad, sin importar la incongruencia racional, ellos creen más sencillo seguir con la narrativa de acusar a María Corina Machado de ser la responsable de esos misiles que Maduro tenía años pidiendo y que llegaron para llevárselo.
Este escrito de mi autoría publicado el 27 de Abril del año 2014 fue un ensayo para analizar la sentencia número 276 de fecha 24 de Abril del 2014 donde la Sala Constitucional del TSJ Chavista interpretó el Artículo 68 de la Constitución de la República como forma de limitar el derecho ciudadano a manifestar en contra del gobierno y a la vez legitimar a los grupos violentos bajo su control a apoderarse de los espacios públicos como forma de evitar tales manifestaciones.