Derechos de la Familia Homoparental.

¿EXISTE UN CUERPO NORMATIVO ESPECIAL QUE REGULE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA HOMOPARENTAL?:

La respuesta es negativa.

En nuestro país no existe por el momento ninguna ley especial que reconozca las uniones estables de parejas homosexuales, ni el matrimonio entre personas del mismo sexo.

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La Constitución:

expresamente no prohíbe el matrimonio homoparental, pero solo protege al matrimonio entre hombre y mujer.​

La Ley Orgánica de Registro Civil en su artículo 118 se expresa de esta manera:

La libre manifestación de voluntad efectuada entre un hombre y una mujer, declarada de manera conjunta, de mantener una unión estable de hecho…”.

El Código Civil en su artículo 44 (anulado parcialmente), lo hace así:

El matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer. La Ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela sino el que se reglamenta por el presente Título, siendo el único que producirá efectos legales…”. Ambos cuerpos normativos regulan  las uniones estables de hecho y el matrimonio pero solo entre un hombre y una mujer.

En comparación con otros países:

estamos muy atrasados en el reconocimiento legal de los distintos tipos de familia. Por ejemplo Colombia y Brasil que permiten matrimonio y co-adopción simultáneamente. Uruguay, México, y Argentina reconocen el matrimonio igualitario, la co-maternidad, la co-paternidad y la co-adopción.

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¿CÓMO DEBEMOS LLENAR ESE VACÍO LEGAL?:
Básicamente a través de la interpretación:

Partiendo de la premisa que el Derecho como ciencia social se adapta a las realidades y no es estático. Antes bien debe ser capaz de responder a los supuestos de hecho que se vayan presentando (distintas formas de composición familiar) atribuyéndoles las consecuencias jurídicas tales como reconocimiento de derechos hereditarios, derecho a la identidad biológica, derechos patrimoniales, entre otros a que haya lugar.

Así tenemos que, dada la dinámica familiar actual cualquier análisis de las normas que  integran el  Derecho de  Familia debe ser permeable en cuanto a su diversidad.

Tal es el sentido del artículo 75:

El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad…. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia…”.

Como habrá notado el lector el artículo en comento habla de la familia en “plural”,  como “asociación” y de la “jefatura familiar”. Donde tanto la asociación como la jefatura, podrán estar compuestas por familias distintas a la tradicional (homoparentales).

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LA SENTENCIA N° 1187/2016 DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA CONSTITUCIONAL:
En el año 2016, el Tribunal Supremo de Justicia falló a favor de las familias homoparentales:

Al declarar que los hijos que nacen de parejas del mismo sexo por reproducción asistida, gozan de los mismos derechos constitucionales que protegen a la familia en general.

Adicionalmente, la Sala efectuó una interpretación del artículo 75 constitucional:

En la que dejó sentado que «la jefatura de las familias” pueden ejercerlas las familias homoparentales. Y por ende, el Estado brindará protección sin distinción a la forma de conformación de la familia, incluyendo a los niños de estas familias.

También acordó la filiación del niño con ambas madres y reconoció  no solo la inscripción de su nacimiento con los dos apellidos de ambas madres con tal condición en el Registro Civil, sino también el derecho a suceder del hijo, ordenando al Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) “incluirlo en la declaración sucesoral».

LA INTERPRETACIÓN AL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO CIVIL (PARCIALMENTE ANULADO):

Este artículo decía: “No pueden contraer válidamente matrimonio la mujer que no haya cumplido catorce (14) años de edad y el varón que no haya cumplido dieciséis (16) años”. Es decir, imponía una distinción respecto a la edad para contraer nupcias por razones de género.

Su anulación se basó en la lesión al derecho a la igualdad y la no discriminación previsto en el artículo 21 de la constitución.

Siendo que en lo adelante se lee: “no podrá contraer válidamente matrimonio la persona que no haya cumplido dieciséis (16) años”.

El máximo Tribunal interpretó el artículo en comento en sentencia del 16/10/2014, así:
-A la luz de las disposiciones establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Que reflejan que los hombres y las mujeres somos iguales frente a la ley, quedando prohibido cualquier acto discriminatorio que pudiese mermar el pleno disfrute de tales derechos.

-Expresamente señaló que:

la existencia de un derecho a contraer matrimonio en condiciones de igualdad, implica la prohibición de cualquier medida o forma de discriminación relacionada con la institución del matrimonio, que no esté fundamentada en criterios razonables y proporcionales en relación con el objetivo perseguido”. Y que la norma deba exigir tanto al hombre como a la mujer las mismas condiciones para proceder a celebrar la unión matrimonial.

-En relación al artículo 46 del Código Civil (del matrimonio precoz) dijo:

“…se limita a regular la capacidad matrimonial, la edad mínima para contraer nupcias …un análisis de la norma legal impugnada permite establecer de manera inequívoca su inconformidad con el ordenamiento constitucional vigente, habida consideración del principio de igualdad que se expresa en la consideración y tratamiento igualitario de todas las personas, sin distinciones basadas en el sexo, la raza, la religión, etcétera y de una unificación de los derechos y deberes de la relación matrimonial”.

-El artículo 21 constitucional es la norma rectora de la no discriminación:

“…No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona…”

De allí, que la Sala estimó que la satisfacción del derecho a la igualdad se lograba con la equiparación al límite máximo 16 años de edad, para que varones y hembras puedan contraer matrimonio.

DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA HOMOPARENTAL:

En opinión de quien suscribe, las interpretaciones anteriores aplican como anillo al dedo para prohibir todas y cada una de las distinciones basadas en el sexo o género.

Por lo que los jueces atendiendo a su facultad de ser garantes constitucionales, en los casos que les correspondan decidir, si se les presentan situaciones que promuevan las discriminaciones por razones de sexo, deben desaplicar en ese caso concreto, aquellas normas que estime como inconstitucionales, pese a que, en principio, resultaban ajustadas. Lo cual como todos sabemos no anula la norma inconstitucional, sino que se repite, la desaplica.

DEL CONCUBINATO Y LOS DERECHOS DE LA FAMILIA HOMOPARENTAL:

Muy a pesar de la interpretación anterior, nuestros Tribunales de instancia aún declaran improcedente las solicitudes de Declaratoria de Concubinato, efectuada por parejas de homosexuales, en base a que: “el trato desigual para los desiguales es constitucional por ser una discriminación positiva”.

Para este Despacho Jurídico no hay lugar a dudas, no existe fundamento legal que justifique el desconocimiento de esas realidades de hecho, donde parejas con componentes del mismo sexo se asimilan en todo a los matrimonios civiles y por tanto son merecedoras del régimen patrimonial común y de suceder a su pareja en caso de fallecimiento. O ¿realmente las diferencias por el sexo, justifican un trato desigual, hasta el punto de hacer prevalecer las formas sobre la realidad? Invitamos a nuestros usuarios a manifestarnos su opinión.

CONCLUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA HOMOPARENTAL:

Lo cierto es que la Asamblea Nacional es a quien corresponde el reconocimiento y desarrollo de los derechos de la comunidad sexodiversa, con la cual aún está en deuda.

 

Dra. Ana Santander.

Abogado UCAB

0414-2070727

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