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El régimen expropia gasolineras: es un atentado contra la seguridad jurídica

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas rechazó la expropiación de al menos 12 estaciones de gasolina en varios sectores de Caracas y del interior del país, por parte del régimen. Los agremiados exigieron que se respete el estado de derecho y la garantía de seguridad jurídica que establece la Constitución.

Ante lo que consideran un atropello,  el gremio se pronunció y refutó la excusa usada por Pdvsa para tomas la medida, en cuanto a que se debe al estado de alarma por la COVID-19.

“Los Estados de Excepción decretados por el Ejecutivo Nacional con fundamento en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución no implica la conculcación o restricción indebida de los derechos fundamentales de los particulares, extensibles a las sociedades mercantiles por aplicación de los tratados internacionales, por lo que, en ninguna circunstancia, la actuación de cualquier órgano o ente del Estado podría conllevar su desconocimiento o supresión”, señala el comunicado de la Cámara.

Asevera el gremio de industriales y comerciantes que un país donde reina el estado de derecho “exige que todo ejercicio del poder que le haya sido conferido a los órganos y entes del Estado que incida a los particulares, sea encauzado a través de los debidos procedimientos administrativos en los cuales se garantice, entre otros, el derecho a la defensa, a conocer detalladamente las infracciones que se les imputa y al contradictorio”.

También explican que “la reestructuración del negocio de distribución,  importación y expendio de combustibles líquidos realizado por PDVSA, de acuerdo con las pautas del Ejecutivo Nacional, no puede conllevar al desconocimiento arbitrario de las relaciones jurídicas de origen contractual, a la aplicación caprichosa de cláusulas exorbitantes y de potestades administrativas, ni a la conculcación de los derechos fundamentales de los concesionarios, contratistas y propietarios de estaciones de servicios”.

Alertaron que “medidas como la adoptada, generan desempleo, afectación directa e indirecta al Mercado de productos y bienes generados y prestados en el mercado nacional , así como una lesión a varios empresarios que por décadas vienen realizando de manera sostenida con esfuerzo, organización y a expensas de su patrimonio la actividad económica de expendio de combustible”.

En consecuencia exigen al régimen “la estricta observancia de los derechos fundamentales de las empresas y empresarios y dirigir su acción administrativa de acuerdo con los preceptos constitucionales. Requerir el Ejecutivo Nacional proceda a aplicar de forma irrestricta lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción durante la vigencia del Estado de Emergencia Económica y el Estado de Alarma, especialmente en la garantía del debido proceso. Demandar que se evite la realización actuaciones similares que en nada contribuyen a la reactivación económica del país, al establecimiento y estabilidad de las fuentes generadoras de trabajo, riqueza y bienestar.

Redacción Curadas.com

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