Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo

Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, VII Fase – 79na. entrega

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(Continuación)

Los avances actuales ante la Corte Internacional de Justicia con la demanda interpuesta por el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana en contra de Venezuela, a propósito de determinar la validez o no del Laudo Arbitral de París de 1899, en el que la Nación venezolana perdió en ese entonces un espacio territorial equivalente a 159.500 kilómetros cuadrados, y que hoy por hoy, con una votación de doce a favor y cuatro en contra, el Organismo jurídico señalado, se pronunció en su momento a favor de su competencia jurídica para dirimir sobre la solicitud realizada por la Nación vecina, conlleva a la necesidad de reavivar el sentido de integridad territorial de todos los connacionales, y recordar que las acciones generadas sobre el tema objeto de estudio, se realizaron a espaldas del Acuerdo de Ginebra de 1966, sin el consenso de Venezuela, y en un juego estratégico trinomial conformado por el propio Gobierno de Guyana, el Secretario General de las Naciones Unidas y la propia Corte Internacional de La Haya.

Según el artículo V, Aparte 2 del Acuerdo de Ginebra: “ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo, constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial…ni para crear derechos de soberanía…” (el subrayado es nuestro), y sin embargo, aprovechándose de su ocupación administrativa en el territorio en reclamación, Guyana ha originado varias actividades económicas, incluyendo las generadas en los espacios acuáticos del Océano Atlántico, derivados de dicho territorio en reclamación, en el que se han explotado recursos de distinta índole, afectando la conservación del medio ambiente, y con resultados de alta incidencia positiva a su favor, mientras que Venezuela no se ha favorecido en absoluto del ejercicio de estas actividades. En atención a lo señalado en negrillas sobre el Artículo V del citado Acuerdo, hubiese sido adecuado acordar un mecanismo de actuación conjunta sobre un territorio cuya soberanía es discutida, de hecho, el Artículo citado, se refiere a “los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica”.

Y mientras la Corte Internacional de Justicia está consciente del desarrollo de las distintas actividades económicas manejadas por Guyana con las concesiones otorgadas en el espacio geográfico integral del Esequibo, sin haber ordenado el cese de dichas actividades, atendiendo jurídicamente a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, la permisividad de dicho desarrollo no se ha manejado en el contexto de la sostenibilidad, ni en la protección del medio ambiente, incluyendo la fauna y flora allí existente, de hecho Guyana es uno de los pocos Estados del mundo que no es parte de la Convención sobre los Humedales (Convención Ramsar,1971). Al no existir el interés sobre este particular, es obvio que el desarrollo económico sin los controles adecuados, abre una brecha profunda que dificulta la futura recuperación de dichos espacios, y hoy en día, continúa la explotación bajo este perfil de actuación. Esta irresponsabilidad es ineludiblemente compartida además de Guyana, entre el Organismo jurídico competente y el Secretario de las Naciones Unidas, quienes han permitido con su silencio, la continuidad de esta devastación y daños colaterales.

En cuanto a las poblaciones autóctonas que habitan en el espacio geográfico integral del Esequibo, éstas conservan lazos naturales con las que habitan en el Estado Delta Amacuro, y Venezuela, de acuerdo a su Constitución, está obligada a la protección de los pueblos indígenas, incluyendo la protección de sus tierras ancestrales, identidad, cultura y tradiciones, todo ello, en atención a la necesidad de contrarrestar la amenaza que ha supuesto la explotación intensiva de los recursos allí existentes, pero autorizados abiertamente por el gobierno guyanés. Ello conlleva, a que la Corte Internacional de Justicia, atendiendo a que ello queda implícitamente derivado de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966 y de la Constitución venezolana, debió haber ordenado la detención inmediata de toda actividad autorizada por el Gobierno de Guyana, hasta tanto culmine su proceso de decisión, pero la realidad es que dicho Organismo no se ha pronunciado aún, ni hay el mínimo indicio que esto ocurra a corto plazo.

Ya habíamos escrito en artículos anteriores, que la población actual que habita en la Guayana Esequiba, apenas alcanza un 12% aproximadamente del total de la población guyanesa, lo que demuestra la tendencia del gentilicio guyanés en ubicarse al este del Río Esequibo y no contrariamente, y de allí, se concatena el poco interés del Gobierno de Guyana hacia éstos habitantes, mas sí, hacia el proceso de explotación de los recursos allí existentes; en este sentido, esta población esequibense, nacida en territorio venezolano, debió ser consultada, y así se hubiese podido visualizar que existen posiciones divididas, por un lado, que desfavorecen a Guyana por el poco interés y la actuación prácticamente nula de ese Gobierno hacia éstos pobladores, y por el otro lado, porque Venezuela ha sido respetuosa del Acuerdo de Ginebra, en su Artículo V, Aparte 2, viéndose limitada en su actuación sobre éstos connacionales; sin embargo, existen mecanismos colaterales que Venezuela habría podido utilizar para fortalecerse con dichas poblaciones, y tampoco lo ha hecho suficientemente. Ante este vacío, aún está a tiempo la Nación venezolana de actuar adecuadamente con los esequibanos, cubriendo distintos vacíos fundamentales, y así, fortalecer la inclinación de esa población hacia la Patria natalicia del Libertador.

La población originaria que habita en el Esequibo, le ha solicitado a Venezuela en el pasado, una mayor participación política y acciones jurídicas de protección de sus derechos como culturas originarias, por lo que es bueno recordar, que no existe ninguna norma internacional que le prohíba a Venezuela poner a disposición su nacionalidad, de manera que esta sea adquirida por la población que habita en el territorio esequibense, así como el otorgar derechos comunales sobre las tierras que su legislación le reconoce a las poblaciones originarias, previendo que estos serán efectivos el día en que se reconozca, que el espacio geográfico integral del Esequibo es de Venezuela.

Con base a estos apuntalamientos poblacionales y al ámbito concerniente en un posible desarrollo de la región, la Corte Internacional de Justicia en el contexto de su actuación, debe actuar éticamente en concordancia con lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, aceptando que el mismo ha conformado el medio más adecuado, actualizado y convenido por las Partes, para alcanzar un arreglo pacífico, práctico y satisfactorio del contencioso limítrofe territorial, así como del entendimiento posterior para la delimitación de los espacios acuáticos respectivos, no incluidos en el Laudo Arbitral de París de 1899, acordes con el Derecho Internacional, en el que se establece que “la tierra domina al mar”.

En este sentido, Guyana ha cometido significativas violaciones en materia de delimitación marítima con otras Naciones, al tomar decisiones unilaterales sobre los espacios acuáticos como si el contencioso terrestre con Venezuela no existiera, generando con ello en alto grado de irresponsabilidad, tensiones inadecuadas y desestabilizadoras ante el silencio complaciente de algunos países, Gobiernos y organismos de la Comunidad Internacional. Pues la Corte Internacional de Justicia debería actuar de inmediato, anulando todas las delimitaciones realizadas incongruentemente por Guyana, y en especial si se tomaron puntos geográficos correspondientes al espacio geográfico en reclamación.

Aunado a lo anteriormente señalado, en contradicción a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, Guyana puso en práctica la política orientada hacia la concesión de licencias de exploración y eventual explotación de yacimientos de hidrocarburos ubicados en la plataforma continental de extensos bloques sin tomar en consideración que los mismos forman parte del territorio reclamado por Venezuela, siendo algunos de estos espacios, la proyección inmediata del Estado Delta Amacuro hacia el Océano Atlántico, entendiendo que la acción arbitraria y unilateral de Guyana, independientemente de la problemática de delimitación del territorio marítimo derivado del espacio geográfico integral del Esequibo, abarca espacios venezolanos ajenos al contencioso, por lo que el Gobierno de Guyana no sólo ignora la dimensión marítima del contencioso territorial, sino que ha pretendido negar taxativa y arbitrariamente a Venezuela su condición natural de libre salida hacia el Océano Atlántico.

Y a todas estas, si la Corte Internacional de Justicia manifestó su competencia, por qué no se ha pronunciado al respecto hasta tanto tome su decisión? Esta forma de acción se puede considerar imparcialidad o estamos frente a una realidad internacional que no queremos admitir? Por qué no se ha incrementado la presión muy necesaria e importante del Estado venezolano sobre este particular, sin evadirse o alejarse del contexto del Acuerdo de Ginebra de 1966?

Por: CA (r) Dr. José Chachati Ata

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